Getxo 'merma' las funciones de los concejales del PNV cooperativistas de las viviendas: “Es un lavado de cara”, dice la oposición

La alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, ha 'mermado' las funciones de los concejales del PNV socios cooperativistas de la promotora que tiró el palacete de Algorta que estaba protegido por el Ayuntamiento y que ocupaba uno de los dos solares en los que se van a construir viviendas de lujo. Los cambios en las funciones afectan sobre todo a Irantzu Uriarte, que deja de ser miembro de la Junta de Gobierno Local y responsable del servicio de Contratación, que asume la concejala Zaloa Campillo. Esta modificación supone una pérdida importante de funciones desde el punto de vista político y de hecho supondría perder la dedicación exclusiva, que implica un sueldo de 77.556,98 euros. Sin embargo, en el mismo decreto del 25 de octubre se nombra Irantzu Uriarte responsable de Promoción Económica y de Promoción Turística, y por otro lado responsable del Área de Euskera. Ambas áreas suponen una dedicación parcial del 50% y una dotación económica de 38.778,59 cada una, por lo que pierde peso en el Gobierno municipal pero mantiene el nivel de ocupación y el sueldo que percibe del ayuntamiento. Una cuestión que los partidos de la oposición ven más que nada un “lavado de cara”.

Respecto al otro socio cooperativista también concejal del PNV, Ignacio Uriarte Gorostiaga, se le mantiene como miembro de la Junta de Gobierno Local, y en el resto de sus funciones, es decir, tercer vicealcalde y concejal de Personal y Organización, aunque se le cesa como responsable del Servicio de Calidad. 

Ambos concejales del PNV, que son pareja, no comunicaron hasta que se hizo público el derribo sin permiso del palacete que eran socios de la cooperativa. Además, se ha conocido recientemente que Irantzu Uriarte es socia fundadora de la cooperativa y pese a ello participó en la comisión en la que se concedió la licencia de obra, lo que el PP considera “muy grave”, según señala el portavoz, Eduardo Andrade.

Desde EH Bildu, Mikel Bildosoro, considera que este movimiento de la alcaldesa no es más que un “lavado de cara”, porque “para los contribuyentes, la realidad es que estas personas, aunque se mermen sus funciones,, sigue cobrando lo mismo del erario público, pese a su implicación en este caso”. EH Bildu ha trasladado el caso a la Fiscalía que ya lo ha remitido al juzgado para que se investigue. “No es más que un movimiento de cara a la galería cuando lo que debería hacerse es suspenderles de empleo y sueldo hasta que se aclare la investigación”. Este jueves en el pleno ordinario el PP pedirá que se abra una comisión de investigación sobre el tema , aunque todavía no está claro si esta petición contará con apoyos suficientes para salir a adelante.