El Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), cuyo presidente es el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, número dos de la Diputación y secretario general del PSE-EE provincial, ha pedido al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de Geroa Bai, “fundamento jurídico” después de que el Ejecutivo navarro pidiera al Gobierno vasco una sanción a Ekondakin, la empresa gestora de las instalaciones públicas de GHK, por el envío irregular de 5.500 toneladas de lixiviados a la planta de Ecofert Sansoain en la localidad navarra de Artajona.
En una nota de prensa, en la que en paralelo se felicitan por una resolución judicial favorable en otro pleito abierto por la plataforma GuraSOS, GHK asegura que no “entiende la insistencia” del Departamento de Medio Ambiente navarro de “implicar a otras Administraciones en lo que a todas luces parece un intento de desviar la atención” en relación al envío de los lixiviados. Sin embargo, el Ejecutivo foral insiste en que Ecofert Sansoain no tenía autorización para recibir ese tipo de sustancias y, de hecho, ya ha ejecutado la clausura de esas instalaciones, a las que también llegaron otras 13.799 toneladas de una empresa domiciliada en Vitoria pero con su actividad residenciada en Tudela, Oleofat.
“El consejero Aierdi debería conocer que, más allá de la colaboración interinstitucional entre Administraciones, no existe ningún procedimiento reglado por el cual una administración inste a otra a que ejerza su potestad sancionadora. Por ello apelamos al consejero para que sus declaraciones se realicen con el debido fundamento jurídico y en el ámbito del respeto institucional”, reza el comunicado, otra confrontación más entre Gipuzkoa y Navarra por este asunto.
Desde GHK señalan además que la “responsabilidad de lo que suceda en una instalación de tratamientos de residuos de Navarra le corresponde al Gobierno de Navarra” y, que por lo tanto, “lo que suceda en Ecofert” es “responsabilidad del área que dirige el consejero Aierdi”, orillando que fue el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa el que envío las más de 5.000 toneladas de lixiviados de manera irregular. De hecho, existe una investigación penal abierta en un juzgado de Donostia en la que se analiza no solamente el envío a Artajona sino también si Ekondakin caracterizó como lodos los residuos líquidos para camuflar su envío a la planta navarra de Ecofert Sansoain. GHK cierra el comunicado recordando que el Gobierno vasco ya “ha señalado de forma reiterada que, tras haber valorado toda la información sobre la gestión del residuo de Ekondakin, considera que no existe ningún incumplimiento en la gestión realizada”, por lo que se descarta “la apertura de un expediente sancionador”.
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