El Gobierno de Iñigo Urkullu, en funciones, ha aprobado en el Consejo de este martes dotar con 20 millones de euros al programa Gaztelagun de ayudas juveniles al alquiler de vivienda. Se trata de ayudas directas que pretenden favorecer la emancipación de jóvenes de entre 18 y 35 años y que pueden alcanzar los 300 euros mensuales o el 60% del importe del alquiler. Impulsadas desde el área de Vivienda, gestionada por el PSE-EE, estas ayudas son paralelas a los 300 euros de Emantzipa, otra ayuda igualmente dirigida a la emancipación de los jóvenes pero puesta en marcha desde el ala del PNV.
Según se desprende de los datos ofrecidos por el consejero y vicelehendakari en funciones Iñaki Arriola, el departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes va a destinar alrededor de 94 millones de euros a la financiación de ayudas al alquiler social y a la rehabilitación de viviendas. En la reunión del Consejo de Gobierno de este martes se ha aprobado a cobertura presupuestaria de varios programas. Se van a destinar 38,54 millones de euros (7,5 en 2024, 26 en 2025 , 3 en 2026 y 2 en 2027) a la rehabilitación de viviendas y edificios residenciales, ya sea para acometer reformas estructurales o mejorar la accesibilidad o la eficiencia energética. Entre 2024 y 2026, “Fundamentalmente, se emplearán en el fomento de operaciones de nueva promoción o mediante rehabilitación de viviendas preexistentes previa su adquisición, de viviendas en alquiler asequible por parte de promotores públicos y privados, así como a la promoción de alojamientos dotacionales.
Otros 5,7 millones subsidiarán los créditos concedidos a promotores públicos y privados, a hogares y comunidades de propietarios y a asociaciones y cooperativas. Se en marcan en el contexto del conocido como Convenio Financiero 2024. Con este dinero se busca la “promoción de viviendas de alquiler protegido y rehabilitación (accesibilidad y movilización de vivienda deshabitada mediante rehabilitación estructural previa)”. Este martes se ha autorizado, de igual manera, un presupuesto de 400.000 euros para la adquisición de vivienda libre tanto en áreas degradadas como en zonas rurales.
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