El Gobierno navarro constata que la incineradora de Gipuzkoa envía “incorrectamente” residuos a Artajona

El área de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha informado en el Parlamento foral de que tiene constancia de que en la empresa Ecofert Sansoain de Artajona, 30 kilómetros al sur de Pamplona, “está recibiendo residuos líquidos procedentes del complejo medioambiental de Gipuzkoa incorrectamente codificados”. Esa instalación, ubicada en Zubieta, incluye una incineradora para la valorización de residuos. Ante la eventualidad de que se estén enviando lixiviados camuflados como lodos, se ha abierto un expediente por parte de los inspectores navarros aunque, en paralelo, la unidad central operativa para delitos contra el medio ambiente del Seprona de la Guardia Civil (conocida como Ucoma) está investigando también estos hechos comisionada por un juzgado de Donostia, donde hay abierta una pieza penal sobre la gestión de la incineradora.

En esa causa, con código 2027/2023, la Fiscalía ha denunciado a varios responsables de la planta y del consorcio de residuos de Gipuzkoa (GHK), incluido su presidente y diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, que es también el secretario general del PSE-EE guipuzcoano y el 'número dos' de la Diputación. Asensio, que rechaza de plano la existencia de cualquier irregularidad y atribuye la investigación a una persecución política de la que culpa a EH Bildu, no ha recibido aún ninguna notificación judicial de su imputación y no hay fecha para que comparezca ante la magistrada Maider Imaz. El PNV, que cogobierna con los socialistas, también ha sido muy beligerante contra quienes cuestionan el modelo guipuzcoano de gestión de residuos.

El Gobierno de Navarra, presidido por los socialistas y conformado también por Geroa Bai (la coalición en la que está el PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y Equo), ofrece estos datos en un informe remitido a la Cámara a instancias precisamente de EH Bildu, en concreto de su portavoz adjunto Adolfo Araiz. La documentación, firmada por el consejero de Geroa Bai José María Aierdi, muestra que Medio Ambiente lleva al menos desde febrero de 2023 analizando la actividad de Ecofert Sansoain. Entonces se analizó el lixiviado existente en una balsa y se estimó que presentaban peligrosidad HP14, es decir, que eran tóxicos. Posteriormente, a principios de noviembre la Guardia Civil preguntó a Medio Ambiente por el caso de Gipuzkoa y días después se giró otra inspección.

En 2022 llegaron a Artajona 2.163,48 toneladas procedentes de Zubieta, cuyo gestor se llama Ekondakin Energía y Medio Ambiente. En principio, eran residuos con código “LER 190812”, para que el tiene autorización esta planta subcontratada. Sin embargo, a raíz de una denuncia de la plataforma guipuzcoana GuraSOS, se investiga si deliberadamente se enviaron otro tipo de sustancias con un código erróneo. Es más, Medio Ambiente de Navarra afirma que la planta guipuzcoana “no es una instalación a la que le correspondan” la generación de los “LER 190812”. En una respuesta que compromete a la Diputación de Gipuzkoa, apunta que solamente empresas del sector primario, del maderero o del textil pueden generar esos lodos, nunca una incineradora.

Fuentes de la empresa Ecofert Sansoain indican a este periódico que todos los residuos que gestionan tienen la pertinente autorización, aunque sí admiten ser conocedores de que hay investigaciones en marcha sobre su actividad. Confirman que han recibido notificaciones o visitas tanto de la Guardia Civil como de técnicos de Medio Ambiente de Navarra. Manifiestan, asimismo, que han cortado cualquier importación de materiales enviados por Ekondakin desde Zubieta a la luz de los acontecimientos. Eso sí, rechazan de plano que los lixiviados en su balsa sean tóxicos, como apuntan los inspectores forales. Subrayan, en este sentido, que han elaborado sus propios exámenes periciales con expertos en la materia que así lo atestiguan. En las próximas horas presentarán alegaciones ante las autoridades y muestran su voluntad de colaborar en todo lo que se les requiera.

GuraSOS, denunciante inicial, sostiene que “la incineradora de Zubieta estaría ocultando la naturaleza real de los residuos trasladados a la planta de compostaje” de Artajona. “La gravedad de la situación vendría dada no sólo por la ilegalidad y el ocultamiento o fraude en que incurriría la incineradora y sus responsables, sino por el riesgo de impacto medioambiental y en la salud para las personas que podría conllevar, teniendo en cuenta que los residuos trasladados a la planta de Artajona son transformados en fertilizantes para abono de tierras y plantas destinadas al consumo humano. Por otra parte la planta no está ni autorizada ni técnicamente preparada para tratar residuos provenientes de una incineradora”, señalan.

La plataforma llama la atención de que la actuación en Navarra “contrasta con la ausencia total de indagación por parte del Gobierno vasco”. “Si la incineradora no está autorizada por el Gobierno vasco para generar ese residuo, ¿cómo es posible que el Gobierno vasco permita su traslado, incluso a otra comunidad y además a una instalación que destina los residuos a ser utilizados como abono agrícola? ¿Qué control real ejerce sobre la actividad?”, se preguntan en GuraSOS.

Asensio no es el único imputado en esta causa, ya que también lo están la directora técnica de GHK, Nagore Peñalva, el ingeniero Manuel Franco y Andoni Sánchez de Luis, de una empresa externa llamada SADER. Se da la circunstancia de que en fechas coincidentes con el inicio de esta investigación judicial encargada a la Guardia Civil el PSOE y el PNV incluyeron en su acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez un punto para priorizar a la Ertzaintza como Policía judicial de referencia contra los delitos medioambientales. En el pasado, tanto la Fiscalía como colectivos ecologistas han alertado de la falta de medios en el cuerpo autonómico. El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, prometió en noviembre en el Parlamento Vasco que será ampliada la unidad especializada de la Ertzaintza pero avisó de que el pacto de investidura no ofrecía “nada nuevo”. En 2021 ya hubo otro pacto en el mismo sentido y, en palabras de Erkoreka, el Estatuto hace que la Ertzaintza tenga que ser la Policía ordinaria salvo que los casos sean de ámbito superior al autonómico. La dimensión actual de la causa sobre los residuos en Artajona entraría, precisamente, en ese tipo de excepciones.