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El Gobierno de Pradales rectifica y elimina el señalamiento a la plantilla por las irregularidades en las ambulancias

Aparcamiento de ambulancias del Grup La Pau en el hospital de Santiago de Vitoria

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El Gobierno de Imanol Pradales ha rectificado y ha eliminado la referencia a la responsabilidad de la plantilla en los problemas del servicio de ambulancias externalizadas de Osakidetza al tiempo que la Inspección de Trabajo sancionaba en más de medio centenar de ocasiones a la principal empresa adjudicataria, la catalana Grup La Pau, responsable del servicio en Álava y en Bizkaia. Esta mención aparecía en el borrador del diagnóstico para un pacto de país para la mejora del sistema sanitario -y recibió el visto bueno de algunas organizaciones sindicales como UGT- pero ha desaparecido ahora de la nueva versión presentada este miércoles.

El propio consejero de Salud, Alberto Martínez, ha admitido públicamente que la conflictividad en Grup La Pau no era la “causa” de los problemas en el servicio sino la “consecuencia”. “La conflictividad no es provocada por los trabajadores. Los trabajadores no eran los responsables de la conflictividad”, ha manifestado a los medios de comunicación en Vitoria el titular de Salud.

¿Qué dice ahora el texto? “En el sector de las ambulancias de transporte sanitario se ha producido un notable incumplimiento de las prestaciones comprometidas por la empresa adjudicataria, generando, como consecuencia, una elevada conflictividad laboral y una pérdida de la calidad del servicio en este ámbito. Es necesario en el ámbito del transporte sanitario un análisis sobre los recursos, organización y modelos de gestión”, reza el documento, al que ha tenido acceso este periódico.

Martínez ha dicho también que el problema con Grup La Pau ya está “encauzado”. La pasada semana se acordó la rescisión de todas sus adjudicaciones. La compañía ha comunicado a la plantilla, según fuentes internas, que el 25 de noviembre ya no gestionará el transporte sanitario urgente y programado en las dos provincias que le corresponden. El Ejecutivo trabaja para hacer contrataciones de urgencia que garanticen la continuidad del servicio. Los trabajadores tienen derecho a la subrogación.

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