No ha habido puente en el Parlamento Vasco. El Gobierno de PNV y PSE-EE ha informado este viernes en la Cámara de que aceptará 'motu proprio' propuestas de la oposición valoradas en 30 millones de euros para su incorporación a los presupuestos de 2023. Con este gesto, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, que vio fracasar sus negociaciones con EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs para ampliar los apoyos parlamentarios a las cuentas, evitará la fotografía de rodillo de la mayoría absoluta, como le ocurrió hace dos ejercicios. Vox ni participó en las conversaciones ni presentó enmiendas más allá de la de totalidad al considerar que era tiempo perdido.
“Tengo la sensación de que desde el principio ningún grupo parlamentario ha tenido voluntad real de acordar. Insistir en la fiscalidad, anclarse en las reformas estructurales o plantear incrementos con importes cercanos a los 500 millones de euros así lo constatan. A pesar de lo anterior, el Gobierno vasco, junto a otros grupos parlamentarios que lo sustentan, estamos analizando sus enmiendas. Y les anuncio que vamos a aceptar algunas a todos los grupos parlamentarios, por un valor aproximado de 30 millones de euros, que mejoren las líneas presupuestarias en las políticas públicas y se alineen con el proyecto del Gobierno”, ha señalado en la Cámara el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, durante un pleno en el que el Gobierno ha superado sin sobresaltos el trámite de las peticiones de devolución del proyecto procedentes de todas las bancadas de la oposición, que apenas cuenta con 34 de los 75 escaños. El montante total de los presupuestos es de 14.250 millones, con lo que los cambios supondrán un 0,21%.
Según las fuentes consultadas, los ajustes tendrán que ver con educación, políticas de Juventud o transporte. Eso sí, de confirmarse estos anuncios, quedará sin incorporar al presupuesto definitivo el fondo de unos 72 millones de euros necesario para garantizar en 2023 la continuidad de los descuentos en el transportes público. Es una propuesta del ala socialista del Gobierno y el PNV la ha aceptado 'in extremis' entre acusaciones de “deslealtad” a sus socios. Elkarrekin Podemos-IU tiene una enmienda registrada para que las cuentas reflejen la medida estrella de la cartera del consejero Iñaki Arriola. Fuentes socialistas siempre han repetido que el plan puede activarse sin necesidad de que esté expresamente contemplado en las cuentas. “Si las medidas anticrisis las propone el Estado y las paga el Estado, ¿para qué necesitamos el autogobierno?”, ha preguntado sobre este asunto Elkarrekin Podemos-IU al PNV, que parece demandar que la financiación salga del Gobierno central.
Críticas a EH Bildu y defensa del gasto sanitario
Azpiazu ha sido especialmente crítico con EH Bildu en su intervención desde la tribuna parlamentaria. La coalición llegó a un acuerdo económico con Urkullu el pasado año. El PNV siente que el contexto preelectoral ha condicionado el diálogo en este ejercicio. Y ha ironizado que no haya sido posible el entendimiento en Vitoria mientras “a 400 kilómetros”, en referencia a Madrid, “o a menos de 200”, por Pamplona, EH Bildu sí ha apoyado las cuentas de Pedro Sánchez y María Chivite con una actitud “completamente diferente”. “Saben que el Gobierno ha encarado el proceso negociador que desafortunadamente no ha fructificado con honestidad, exponiendo sus puntos de vista con sinceridad y con una inequívoca voluntad de acuerdo. Ustedes nos han cerrado la puerta en menos de diez minutos y no ha habido margen para el debate. Y yo les pregunto sinceramente: ¿ustedes creen que otros Gobiernos abrirían una negociación presupuestaria si tuvieran mayoría absoluta? Permítame que haga uso de mi veteranía parlamentaria y de haber estado más de 16 años negociando presupuestos en el Congreso para responderles que no”, les ha afeado a los representantes abertzales.
El formato de pleno ha hecho coincidir a Vox, PP+Cs, Elkarrekin Podemos-IU y EH Bildu en el rechazo a las cuentas. El formato les ha obligado a votar juntos, ya que lo que se dilucidaba no eran sus enmiendas de totalidad concretas -y muy dispares- sino la devolución del proyecto al Gobierno. Enfrente, PNV y PSE-EE han ido de la mano rechazando los argumentos de la oposición.
Eso sí, se ha colado en casi todos los discursos la crisis abierta en la Sanidad pública en Donostia. Osakidetza está “en llamas”, ha descrito PP+Cs. “Degradación”, ha clamado Elkarrekin Podemos-IU. “Desmantelamiento, privatizaciones y recortes. Osakidetza se nos cae como un castillo de naipes”, ha rematado EH Bildu. Azpiazu traía preparado el argumento de respuesta: “Salud, 4.639 millones. Nuevamente es el Departamento con mayor dotación del Gobierno. El gasto sanitario 'per capita' es de 2.114 euros. Osakidetza contará con un presupuesto de 3.733 millones, de los que el 65% se destinará a personal, y 117 millones a inversiones. Además de la ampliación de 2.467 puestos aprobada en octubre por el Gobierno vasco, las cuentas de 2023 prevén otras 919 plazas, que situaría la plantilla estructural de Servicio Vasco de Salud en 31.000 personas”. El PNV ha esgrimido un informe que situaría a Osakidetza como mejor servicio autonómico en España y la consejera del ramo, Gotzone Sagardui, ha seguido con atención todas las intervenciones desde su escaño.
El rechazo de la oposición
Como portavoz de EH Bildu ha tomado la palabra Nerea Kortajarena. “Las tiritas ya no dan para tapar los problemas que tenemos”, ha enfatizado. Y ha dicho también que “falta liderazgo” en Urkullu. No ha evitado las referencias a Madrid y Pamplona de Azpiazu y, según EH Bildu, los representantes allí “alucinan” con la diferente actitud del Ejecutivo vasco con los de España y Navarra. Con mayoría absoluta, ha hecho la pose de negociar, ha afirmado en euskera. Como resumen general, Kortajarena ha indicado que no vale con “capear el temporal” o con la “disciplina” en el gasto. “En un contexto de aumento de necesidades, mantener es retroceder”, ha remachado Kortajarena, que ha etiquetado como “conservadores” y “continuistas” las medidas presupuestarias de 2023.
Como es habitual, Podemos e IU se han repartido los tiempos. Miren Gorrotxategi, de Podemos, ha hecho mucho énfasis en las diferencias que le separan del Gobierno en materia de Educación. Esta formación, con EH Bildu y los partidos del Ejecutivo, selló en abril un pacto para reformar el sistema educativo. En septiembre, conocido el borrador de la ley, amagó con salirse del consenso y, durante la negociación presupuestaria, dio por roto el entendimiento. Gorrotxategi ha lamentado que se planteen más fondos para centros privados cuando Euskadi es la comunidad “líder” en segregación de alumnado entre redes por origen y la segunda por nivel socioeconómico, “solo por detrás de Madrid, donde se concentran todos los centros de elite”. “Es un Gobierno que privatiza lo público. Representa un modelo de país que no compartimos”, ha concluido. Por parte de IU, Jon Hernández, ha negado que los presupuestos sean “expansivos”, ya que “apuestan por la contención del gasto”. Por parte del PNV, Itxaso Berrojalbiz ha afirmado que las seis comunidades autónomas con presencia de Podemos gastan menos por alumno en la escuela pública que la vasca.
Desde la bancada de PP+Cs ha tomado la palabra el líder de la coalición, Carlos Iturgaiz. No ha olvidado sus habituales menciones a Pedro Sánchez y, de regreso a Euskadi, ha lamentado la negativa a abordar una rebaja fiscal. Es más acuciante, según Iturgaiz, porque “este Gobierno dispone de un exceso de recursos no utilizados”. Recauda para no gastar, ha repetido. Ha estimado en 1.500 millones los remanentes. Asimismo, ha enumerado varios gastos que consideran superfluos para “caprichos políticos del nacionalismo”, ya que el PSE-EE es “un bastón del PNV” en el Ejecutivo y no una “alternativa” no nacionalista. Iturgaiz ha citado el supuesto sobredimensionamiento de EiTB, la financiación de centros educativos en euskera en Francia, las delegaciones autonómicas en el extranjero o los “50 céntimos por ciudadano” que costará adquirir el palacio de Trucíos que fue la última sede en tierra vasca del primer Gobierno autonómico antes del franquismo.
En la intervención de Vox, su única representante, Amaia Martínez Grisaleña, ha dejado la siguiente reflexión: “Este presupuesto es una herramienta más dirigida a imponer un nuevo orden social y cultural, imponer una nueva visión social a través del integrismo de género. Un instrumento al servicio de esta transformación cultural que nace de un feminismo recalcitrante, un feminismo ultra que no persigue la igualdad real entre hombres y mujeres, sino la sustitución de una visión machista por una concepción ultrafeminista de la sociedad”. Mientras el PNV ha optado por no intervenir, el PSE-EE ha criticado el “trumpismo” y “melonismo” de la ultraderecha.