El Gobierno de Urkullu desliza que actuará en “pocos días” sobre la posición de De Miguel en una sociedad pública

El consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, del ala del PNV de la coalición, ha afirmado que el Ejecutivo “respeta” y “acata” la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso De Miguel', la mayor trama de corrupción en Euskadi y que llevará a la cárcel a excargos orgánicos y públicos de esta formación. El principal condenado Alfredo de Miguel -doce años de prisión, nueve de cumplimiento efectivo- trabaja para la sociedad pública autonómica Hazi, donde en los años de investigación ha disfrutado de ascensos y subidas salariales. Incluso ha ido asumiendo nuevas responsabilidades como “gerente” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea, como ha venido publicando este periódico en los últimos días. Zupiria ha deslizado que “en pocos días” podría haber novedades respecto de la posición de quien lideró una trama corrupta desde su posición de 'número dos' del PNV alavés, aunque no ha concretado si eso implicará ya su salida definitiva de la Administración. Koldo Ochandiano, otro de los condenados, es también contable del parque tecnológico de Miñano, exactamente el puesto que tenía cuando se produjeron los hechos.

Zupiria, en nombre del Gobierno vasco, se ha limitado a reseñar que el Ejecutivo “rechaza” todo tipo de prácticas “contrarias al ideario de valores éticos”. En ningún momento ha entrado a analizar los contenidos del caso, que incluyó irregularidades en adjudicaciones de contratos públicos autonómicos o que el exdirector de Juventud por el PNV Xabier Sánchez Robles presentara documentos oficiales falsificados durante el juicio para intentar evitar la cárcel. Tampoco ha habido una mención para la denunciante o para quienes contribuyeron -no sin dificultades- a llevar adelante una compleja investigación. El Gobierno estuvo personado pero mantuvo un papel muy secundario como acusación durante todo el proceso.

A su lado, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, precisamente del PNV alavés, ha afirmado que los condenados entrarán en prisión “sin ningún privilegio”. De Miguel y el resto, de acceder a un centro dependiente de la Administración vasca, gozarán de los mismos “derechos” y “obiligaciones” que el resto de delincuentes. Artolazabal fichó precisamente como asesor para desarrollar el nuevo modelo vasco de Prisiones al magistrado Jaime Tapia, presidente del tribunal que emitió la primera sentencia de este caso de corrupción. No ha mencionado tampoco su labor en ningún momento y se ha limitado a ceñirse al argumentario de que toca “respetar” y “acatar” los pronunciamientos judiciales.