El Gobierno de Urkullu habla de “caza de brujas” de la oposición por las denuncias de puertas giratorias

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha denunciado la “caza de brujas” impulsada por la oposición en Euskadi con sus “falsas denuncias” por supuestas prácticas de corrupción y puertas giratorias de excargos de la Administración vasca que en los últimos años han pasado a la actividad privada tras abandonar sus responsabilidades, según informa Europa Press.

Garamendi ha respondido, de esta forma, a las preguntas que en torno a este asunto le ha dirigido Vox, con un único escaño, en comisión parlamentaria. La consejera ha destacado la “autonomía” con la que trabaja el órgano del Ejecutivo encargado de dirimir sobre posibles incompatibilidades, y ha denunciado que “por motivos ajenos al interés general, haya quien ahora pretenda prescindir de todo el sistema y pretenda exigir, directamente, responsabilidades políticas a todo el Gobierno”, señalando que “no cabe caza de brujas alguna”.

La consejera ha recordado que fue el propio Parlamento Vasco el que, con un “amplio consenso”, dotó del instrumento legal para afrontar situaciones de conflicto de intereses y compatibilidad de excargos públicos que se van a incorporar a la actividad privada. Tras destacar que el legislativo aprobó la Ley 1/2014 que regula el Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de loa Cargos Públicos (que posteriormente fue desarrollada en un decreto en 2016), la consejera ha señalado que la norma determina que el Servicio de Registro de Personal es “el único órgano responsable de la gestión de los expedientes de conflictos de intereses”.

Además, ha indicado que fue precisamente la Cámara vasca la que designó al Registro de Personal para que se encargara con plena autonomía de la gestión de los asuntos implicados en los expedientes de compatibilidad y de las obligaciones que, al respecto, tuvieran los cargos públicos, debiendo guardar secreto respecto a los datos que conozcan su personal en el ejercicio de sus funciones.

Garamendi ha explicado que la normativa en vigor “garantiza que el tratamiento de los datos y el análisis queden sujetos a un órgano técnico, con plena autonomía, al frente del cual se encuentra una persona funcionaria pública”. Además, ha indicado que es este órgano el que decide si eleva la propuesta de resolución de los expedientes que se tramitan para su firma por parte del responsable del Departamento de Gobernanza Pública.

Garamendi ha pedido respeto para el personal funcionario que, en este caso, se ocupa del seguimiento del régimen de compatibilidades de los excargos públicos y para las personas que desempeñaron y desempeñan cargos públicos en Euskadi. Aludiendo a la ley en vigor, la responsable del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno ha negado que los excargos tengan prohibido trabajar en la privada en los dos años siguientes a su cese. En este sentido, ha señalado que la única prohibición contemplada en la ley 1/2014 es la prohibición 'singular' de no poder incorporarse a la empresa privada con la que el cargo público haya mantenido una relación directa durante su anterior desempeño.

Asimismo, ha indicado que “no es cierto” que la Ley imponga una prohibición general del cese de un cargo para que pueda incorporarse al mercado de trabajo en una empresa privada. Garamendi ha negado, asimismo, que la norma impida o prohíba la incorporación a la empresa privada hasta que el Registro de Personal no conteste a la persona interesada. “La ley dice que, si no se le requiere o no se le comunica algo en relación con su intención de acceder a una empresa privada, puede incorporarse a la empresa privada”, ha apuntado. En este sentido, ha precisado que la falta de una propuesta de resolución por parte del Registro de Personal “no tiene por qué suponer una oscura concesión de un trato de favor”.

Garamendi ha subrayado el compromiso del Gobierno vasco con la transparencia en la Administración pública, y ha indicado que, precisamente gracias a ello, ha sido posible ahora la divulgación de la información por la que ha sido cuestionada en el Parlamento Vasco. “Si queremos que las personas cargos públicos sean lo más duchas posibles en la materia sobre la que van a asumir una responsabilidad; si, además, sometemos a las personas, no sólo al sano ejercicio del control político, sino al más absoluto escarnio y juicio público; y si, finalmente, prohibimos a estas personas desempeñar una labor en el ámbito del que provienen, o en cualquier otro ámbito del sector privado ¿En qué clase de páramo quieren convertir ustedes a la Administración pública?”, ha planteado.