El Gobierno de Urkullu no desmiente el error de haber revelado la identidad del denunciante del caso de Amaia Barredo

Dos documentos del Gobierno de Iñigo Urkullu publicados en fechas recientes abordan la protección de los denunciantes de irregularidades, un asunto que finalmente ha asumido como propio la Administración vasca al regular por decreto la aplicación de una directiva de la Unión Europea en este sentido. Por un lado, no niega que “la ley protege el anonimato de las personas” preguntado por el caso de la investigación por prevaricación contra la exconsejera de Medio Ambiente, Amaia Barredo (PNV), ahora diputada foral en Álava, y que fue promovida por un representante de Ekologistak Martxan que fue identificado con nombres y apellidos en una nota informativa del Ejecutivo, como publicó este periódico. Por otro lado, la Comisión de Ética entiende que no incurrió en ninguna tacha al informar al también excargo de Medio Ambiente Iván Pedreira (PSE-EE) de que un parlamentario de EH Bildu, Unai Fernández de Betoño, había dado a conocer unos hechos relativos a su pasado en la empresa privada que motivaron un pequeño tirón de orejas.

La primera reflexión viene en una respuesta de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, a unas preguntas de Josu Estarrona de EH Bildu en el Parlamento Vasco sobre el caso de Barredo, conocido antes de las vacaciones de verano. Precisamente la Comisión de Ética puso de relieve de forma anónima, como es su costumbre, que un alto cargo del gabinete de Urkullu había sido denunciado por la Fiscalía por prevaricación. Más tarde se conoció que era Barredo porque, siendo responsable de Medio Ambiente, autorizó un proyecto de valorización en Gernika aparentemente sin tener en cuenta que el proyecto inicial prometido había cambiado. Esto ocurrió justamente cuando fue elegida para formar parte del tercer Gobierno de Ramiro González en Álava como diputada foral de Medio Ambiente y sin que ni el PNV ni González conocieran estos hechos.

Ante las preguntas de Estarrona, Tapia no aclara cuándo se tuvo conocimiento de la investigación contra Barredo, que afecta también al director de Medio Ambiente, Javier Aguirre Orcajo. Sí se señala que “el asunto al que hace referencia la pregunta no ha sido elevado en ningún momento al Consejo de Gobierno” aunque evidentemente era conocido por la consejera Olatz Garamendi, que hace las veces de presidenta de la Comisión de Ética y que analiza todos los casos judiciales que afectan a los cargos del Gobierno. EH Bildu quiso conocer si se considera “adecuado” que se hicieran públicos los datos del denunciante y si ello se ajusta a la normativa europea y estatal pero el Ejecutivo se queda en una respuesta breve en la que encaja que “la ley protege el anonimato de las personas”, sin más valoraciones ni consideraciones.

Sobre Pedreira, ahora alto cargo en la Diputación de Gipuzkoa y sobre el que pesan igualmente dos investigaciones penales, el asunto objeto de debate vino por un escrito de Fernández de Betoño sobre las actividades mercantiles previas a su salto al Gobierno. En 2022, se estimó que había habido por su parte un “cumplimiento insuficiente” de sus obligaciones éticas porque participó en adjudicaciones y otras resoluciones administrativas que afectaban a la empresa de la que procedía, Asmatu, un estudio de Donostia, sin haberlo comunicado debidamente aunque hubiesen pasado más de dos años desde su marcha, que es el período de hibernación que marca la ley. Sin embargo, más que el contenido de la resolución trascendió la queja del denunciante, que contó en rueda de prensa que la abogada del socialista le había “amenazado” con emprender acciones legales y que pudo hacerlo porque la Comisión de Ética había revelado su identidad.

Este organismo ha resuelto ahora, con base también en un informe de la Agencia Vasca de Protección de Datos, que todas las resoluciones publicadas son anónimas y que siempre se ha respetado ese principio (que dificulta enormemente su lectura y comprensión) pero que entra dentro de lo razonable que un 'acusado' tenga todos los datos en su poder. Garamendi, como presidenta de la Comisión de Ética, admite que tuvo conocimiento del correo electrónico de la letrada al aforado pero se estima que el ejercicio de la potestad de acudir a los tribunales nunca puede ser interpretado como “amenaza”. Se añade sobre Fernández de Betoño que “la forma” en la que presentó la denuncia “daba a entender” que “no se presentaba por una persona como particular” que precise de protección singular sino por un cargo público y que pasaron “ocho meses” desde que se produjeron los hechos hasta que el parlamentario de EH Bildu lo dio a conocer en una rueda de prensa.