El Gobierno de Iñigo Urkullu, integrado por PNV y PSE-EE, ha ofrecido a PP+Cs en el marco de las conversaciones presupuestarias ampliar el perímetro de la enseñanza concertada. Lo hace al margen del pacto educativo alcanzado con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU para reformar el sistema y que, según se venía defendiendo, lo que perseguiría es consolidar justamente lo contrario, la posición de la escuela pública en la comunidad autónoma de España con más alumnado matriculado en centros de titularidad pública, casi el 50%. A la vez, en estas mismas negociaciones presupuestarias, el Ejecutivo le ha dicho a sus socios educativos que ve posible el retraso de la aprobación del proyecto de Ley de Educación, el pilar de la reforma y que inicialmente era esperado para octubre. Luego pasó a finales de 2022 y ahora podría quedar ya para el “primer trimestre” de 2023 aunque Educación confía en llegar a tiempo.
En concreto, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha ofrecido este miércoles a PP+Cs la posibilidad de incorporar una partida de 3 millones de euros a cambio de su apoyo a los presupuestos de Urkullu para que “el tramo de 2 a 3 [años] existente en centros concertados pase a formar parte del concierto educativo”, según consta en la documentación entregada. Se trata de una enseñanza no obligatoria y que, por lo tanto, no es imprescindible que reciba apoyo público en el caso de que sea impartida por centros privados. Sin embargo, estas aulas son esenciales para la concertada porque captan ya a los alumnos que luego se matricularan en las etapas obligatorias.
Fuentes cercanas al pacto educativo recalcan que este punto fue expresamente excluido del acuerdo para evitar más competencia de la red privada frente a la pública. Portavoces de Educación, sin embargo, matizan que no es algo sorpresivo ni novedoso porque el Gobierno ya lo tenía “contemplado” para el próximo curso en sus propios planes.
PNV y PSE-EE también han planteado otras tres materias educativas a PP+Cs en las que desean explorar entendimientos aunque no es su socio en esta materia. Son el refuerzo del Consorcio Haurreskolak de guarderías -algo que sí forma parte de la filosofía general de la reforma educativa-, incrementar un 10% los contratos-programa de las Universidades vascas para “impulsar una formación de calidad” (5,3 millones de euros) y potenciar la Formación Profesional (1 millón).
Azpiazu se ha reunido este miércoles en la sede central del Gobierno vasco en Lakua con PP+Cs pero también con EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU. El Ejecutivo tiene mayoría absoluta pero mantiene la comunicación con toda la oposición menos con Vox en la confianza de ampliar los apoyos parlamentarios para las cuentas de 2023 como ocurrió el pasado año con EH Bildu. Formalmente, las conversaciones están abiertas con las tres coaliciones. Y las tres han salido de los encuentros con propuestas.
En la propuesta hecha a la izquierda abertzale, sin embargo, no hay ningún apartado específico para Educación. Elkarrekin Podemos-IU, por el contrario, había reclamado medidas concretas para blindar el pacto y la respuesta, aunque formulada en positivo, es la constatación del posible retraso de la medida estrella, la ley. El documento que han recibido alude a “aprobar en el primer trimestre de 2023 el proyecto de Ley de Educación del País Vasco”. Educación matiza a este periódico que las reflexiones de Economía y Hacienda no cambian el calendario previsto y anunciado y recalcan que “el departamento sigue trabajando” para tener “cuanto antes” la versión definitiva de la ley presentada, preferiblemente antes de finales de año. El Gobierno, eso sí, le asegura a la formación de izquierdas que se compromete a “garantizar los compromisos pactados”. También asume iniciativas para avanzar en la gratuidad de Haurreskolak y, sobre la escuela pública, plantea una partida de 0,9 millones -lejos del coste que supondría la concertación de aulas de 2 a 3 años- para un “proyecto piloto de software libre”.
¿Se producirán nuevas tensiones entre los firmantes del pacto educativo? Elkarrekin Podemos-IU ha amagado ya con salirse si no se preserva la centralidad de la pública. Lo hizo tras conocer el borrador de la ley. Además, como muchos agentes del sector, ha cuestionado pasos recientes como el decreto que ha permitido reducir el número de alumnos por aula necesarios para acceder a la concertación como compensación a la caída de la natalidad, respondida en otras comunidades autónomas con el cierre de aulas privadas y refuerzo de las públicas. O que solamente se prometan medidas “progresivas” para evitar que se cobren cuotas, ya prohibidas desde hace años. Hace dos semanas hubo una gran manifestación en Bilbao contra la reforma y contra el peso de la concertada y a ella asistió Elkarrekin Podemos-IU al igual que parte de EH Bildu, si bien su portavoz Ikoitz Arrese matizó en el Parlamento que están satisfechos con el desarrollo del pacto realizado por el consejero de Educación, Jokin Bildarratz.
“Lejos” o “muy lejos” los acuerdos con la oposición
En lo más estrictamente presupuestario, el Gobierno ha ofrecido 54 millones de euros a EH Bildu, es decir, cinco veces menos que lo firmado en 2022 aunque las cuentas sean 1.000 millones más altas. Es el 0,37% del gasto total. A Elkarrekin Podemos-IU le ha ofrecido 39,8 millones en 2023 y 2 adicionales para 2024. PP+Cs, con los mismos escaños que los anteriores, ve rebajada su oferta a 27,5 millones. Las tres coaliciones habían coincidido en demandar cambios fiscales, aunque en direcciones diferentes en función de su ideología. El consejero Azpiazu insiste en que el “marco” negociador es el presupuestario y no otro pero busca ganar tiempo planteando “poner en marcha en 2023” y siempre de la mano de las “instituciones competentes”, que son las Juntas Generales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, una “revisión de resultados” del modelo vigente, que fue pactado por PNV y PSE-EE con los 'populares' precisamente en otra negociación presupuestaria. “En situaciones de inestabilidad como la actual, en este momento, no toca una reforma fiscal y tampoco podemos obviar que las instituciones que deben tramitar y aprobar las modificaciones tributarias -las Diputaciones y las Juntas Generales- terminan su período legislativo en el plazo de tres meses” por las elecciones, ha explicado el hombre de los números de Urkullu.
Precisamente las elecciones, según Azpiazu, pueden condicionar los entendimientos mucho más que en otros ejercicios, en los que Urkullu ha firmado acuerdos de todos los colores. En todo caso, como ha recordado varias veces en su comparecencia ante los medios de comunicación tras las reuniones, PNV y PSE-EE gozan de mayoría absoluta y los presupuestos tienen garantiza su aprobación, “que es lo importante”. Con todo, el Ejecutivo volverá a tener una tercera ronda de contactos con sus tres interlocutores. ¿Qué opinan ellos? EH Bildu ve “lejos” las posiciones, Elkarrekin Podemos-IU va más allá y las ve “muy lejos” y PP+Cs cree “escasa” la oferta gubernamental aunque nunca en la legislatura habían llegado tan lejos en una negociación presupuestaria como este año.