El Gobierno de Urkullu pone en valor a la Guardia Civil y a la Policía Nacional como “punta de lanza” contra ETA

El Gobierno de Iñigo Urkullu, una coalición encabezada por el PNV y de la que forma parte también el PSE-EE, ha presentado este viernes un informe de 74 páginas en el que homenajea expresamente a los 357 agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional (o de los cuerpos que la precedieron) asesinados por ETA, así como a sus familiares también víctimas de atentados, y a los más de 700 uniformados que resultaron heridos. Se denuncia igualmente la “exclusión” social y la “estigmatización” que vivieron estos cuerpos entre 1960 y 2011 por la amenaza terrorista “durante las 24 horas del día”. Se trata de un paso histórico, ya que entre las conclusiones del documento se destaca que las Fuerzas de Seguridad del Estado “han sido la punta de lanza de la lucha por preservar el régimen de derechos fundamentales así como las instituciones”. “Es preciso poner en valor su trabajo, su sacrificio y el papel que han desempeñado en la derrota del embate terrorista de ETA”, solemniza el trabajo, elaborado por el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto por encargo del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales dirigido por la nacionalista Beatriz Artolazabal.

“Son conclusiones que, en nombre del Gobierno vasco, quiero hacer nuestras de forma alta y clara. La injusticia padecida por las Fuerzas de Seguridad del Estado y sus familias fue intolerable desde la sensibilidad democrática y de respeto a la diversidad social. Invitamos a toda la sociedad vasca a reflexionar en torno a la construcción de una memoria reparadora y empática hacia el sufrimiento padecido por éstas y todas las víctimas inocentes. Verdad, memoria y reconocimiento [...]. Hemos querido recuperar y poner en valor la memoria de colectivos que fueron diana y víctimas de la violencia terrorista. Una memoria demasiadas veces relegada, silenciada y olvidada. [...] ¿Cómo se vivió en las casas cuartel de la Guardia Civil el azote del terrorismo de ETA? [...] No, la respuesta no puede venir desde la ideología o desde la posición política. No se trata de si son o no son de los 'nuestros'. La respuesta sólo puede y debe venir desde los derechos humanos, desde un enfoque de derechos humanos frente a todas y cada una de las vulneraciones [...]. Una Euskadi para todos, construida sobre los principios de verdad, memoria y reconocimiento de todas las víctimas de todas las vulneraciones de derechos. Hoy estamos dando un pequeño gran paso en ese camino. Seguiremos caminando juntos. Bihotzez, mila esker!”, ha pronunciado Artolazabal en el acto de presentación del documento, que ha tenido lugar en Bilbao.

El informe arranca con un preámbulo histórico que muestra que la primera víctima mortal de ETA fue un agente de la Guardia Civil, José Antonio Pardines, y constata que el primer crimen planificado fue el del responsable de la Brigada Político Social franquista en Donostia, el torturador Melitón Manzanas. También que las últimas víctimas de la banda en Euskadi y en España fueron miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el policía nacional vasco Eduardo Puelles y los guardias Diego Salvá y Carlos Enrique Sáenz de Tejada. “Desde el mismo momento en que ETA decidió iniciar su actividad terrorista, [fueron] el objetivo prioritario. El choque natural entre las fuerzas encargadas de mantener el orden público y un grupo terrorista que opera en la clandestinidad no necesita ser explicado. En ese sentido, todo el colectivo [...] desde 1960 hasta 2011, fue objetivo de ETA en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Ciertamente, quienes prestaron servicios en el País Vasco durante ese período se vieron envueltos en una dinámica específica, tanto en lo relativo al ejercicio de su función como en su vida privada y sus interacciones sociales, con una intensidad tal que sus propias familias llegaron a sufrir las consecuencias emocionales del aislamiento y el hostigamiento, así como las secuelas físicas de los atentados terroristas. [...] Asimismo, tuvieron que enfrentarse en su día a día a una situación crónica de estigmatización social y de exclusión moral. La dinámica terrorista generó, junto con el incesante goteo de atentados, unas dinámicas de excepcionalidad que son claramente incompatibles con la convivencia pactada en una sociedad democrática por vulnerar los derechos fundamentales y las libertades públicas más elementales”, se puede leer en el apartado de conclusiones.

Los autores de este trabajo, José Ramón Intxaurbe, Gorka Urrutia y Trinidad Vicente, indican que la “cuantificación precisa” de los afectados es “complicada de definir”. No obstante, hay algunas aproximaciones cuantitativas. Las víctimas mortales fueron 206 agentes de la Guardia Civil y 151 de la la Policía Nacional, antes Policía Armada. ETA mató a 17 familiares, 13 de ellos menores de edad. Otros cinco exguardias fueron asesinados. Casi el 83% murió en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa o Navarra, aunque 33 números fallecieron en Madrid. Además de a estos cuerpos, ETA tuvo como objetivo a las Fuerzas Armadas, a la Ertzaintza, a los Miñones alaveses y a los cuerpos municipales. La última víctima fue un brigada de la Policía Nacional de Francia y también fue asesinado un agente de los Mossos d'Esquadra.

Desde la promulgación en 1978 de la Constitución y en 1979 del Estatuto de Gernika, las principales competencias en materia de seguridad pasaron a la restaurada Ertzaintza, la Policía autonómica y que ahora celebra su cuadragésimo aniversario. Sin embargo, su despliegue no se completó hasta 1995. Aunque no gestionan desde entonces el tráfico o las actuaciones antidisturbios, las Fuerzas de Seguridad del Estado mantienen competencias exclusivas en Euskadi en materia de control de fronteras, puertos, costas y aeropuertos, en la expedición de pasaportes y DNI, en el denominado resguardo fiscal, en vigilancia de armas y explosivos y, particularmente, en investigaciones de ámbito superior al autonómico. Ello incluye competencias -compartidas con la Ertzaintza- contra el crimen organizado y en materia antiterrorista tanto antes contra ETA como ahora contra nuevas amenazas como el yihadismo. “Las armas incautadas, los comandos desarticulados, el dinero decomisado, los atentados evitados, ... Son pruebas materiales de asesinatos que no se han cometido, dramas que no se han consumado, pérdidas que hoy no lamentamos y que no se han sumado a la larga lista de víctimas que ha dejado tras de sí el terrorismo etarra. Este logro merece ser reconocido y el sufrimiento padecido por las personas integrantes de las Fuerzas de Seguridad del Estado calificado como injusto”, entiende el informe. El Gobierno de Urkullu, cuando accedió al poder en 2012, planteó como uno de sus objetivos el repliegue de los cuerpos estatales y un refuerzo de la Ertzaintza como Policía “integral”.

Se añade que ETA y su entorno “tejieron” un discurso “según el cual las Fuerzas de Seguridad del Estado representaban un tipo de violencia institucional que era confrontando con otro tipo de violencia de carácter popular y transformadora”. “En la incertidumbre que se vivió durante los últimos años del franquismo y los primeros años del sistema democrático de 1978 encontró cierto predicamento en algunos sectores sociales. De ahí que varias de las personas entrevistadas hayan reportado haber escuchado expresiones como 'algo habrá hecho' o 'en algo estaría metida'. [...] Generó un discurso de justificación que permitió a los victimarios convencerse a ellos mismos y a su entorno de que todo lo que estaba sucediendo había sido, de alguna manera, 'buscado' por las víctimas”, se concluye.

El documento ha contado con la colaboración de catorce víctimas, algunas directas y otras familiares de asesinados. Relatan un día a día de autoaislamiento, de pasar el tiempo de ocio entre turnos acantonados en el cuartel y huir al lugar de origen en los festivos. De revisión de los bajos del coche para buscar posibles explosivos o de cambios en las matrículas de provincias españolas por la BI local. De no tender a la vista el uniforme para no ser identificado. De hablar lo menos posible para no delatar un acento del sur de la Península. Los niños y las esposas tenían que ocultar su vinculación con la Guardia Civil o con la Policía Nacional. Se pueden leer aquí algunos fragmentos de esos testimonios, en los que critican un desamparo institucional no solamente por parte de las autoridades vascas sino también del propio Estado. El informe desliza que, a diferencia de otras víctimas, por aquello del choque “natural” entre la Policía y ETA estas muertes eran también dadas por naturales o inevitables. La “opinión pública vasca” -sostiene- debería generar un “debate dinámico” sobre esta realidad para recordarla y “reparar” a los afectados. “Es conveniente recalcar que, como se ha sostenido, esto no implica necesariamente que haya que compartir con las víctimas sus puntos de vista ideológicos [...]. Ahí radica igualmente un importante ejercicio de generosidad democrática y de convivencia entre diferentes”, se puntualiza.

El documento recoge “sugerencias” para honrar a estas víctimas. La primera es tajante: “Poner en valor la labor que las Fuerzas de Seguridad del Estado han realizado en la lucha contra ETA, en su derrota y en evitar atentados que habrían supuesto un incremento del número de víctimas”. La segunda también lo es: “[Hay que] Consolidar la imagen de las Fuerzas de Seguridad del Estado como instituciones al servicio de las libertades públicas”. Se pide también “presentar ante la opinión pública y difundir el sufrimiento injusto padecido por las víctimas de ETA que han sido miembros [de la Policía Nacional y de la Guardia Civil], así como sus familiares” y trabajar para erradicar “actos públicos de homenaje” a victimarios y “cualquier expresión gráfica, cartelería o señal colocada en la vía pública que suponga una exaltación de personas condenadas por terrorismo de ETA”. Por el contrario, se precisan “placas fijas y bien visibles” donde se produjeron los atentados, como ya ocurre en ciudades como Vitoria o Donostia en imitación de las losetas de homenaje a los judíos víctimas del holocausto en Alemania.

Se insiste, asimismo, en que en los programas de víctimas en las aulas han de estar representadas necesariamente las de estos cuerpos para que no queden “invisibilizadas” y para “dar a conocer lo específico de la injusticia que vivieron”. En definitiva, se trata de “evitar la relativización de los atentados y del hostigamiento sufridos por las Fuerzas de Seguridad del Estado en el País Vasco a lo largo de la existencia de ETA como si hubiese sido una situación inevitable”. Se habla también de apoyo psicológico para hacer frente a las secuelas de la amenaza terrorista e incluso de impulsar ficciones sobre esta parte de la historia vasca. Además, se destaca la necesidad de fomentar los testimonios de “aquellas personas que habiendo pertenecido a ETA o a su entorno hagan autocrítica de lo realizado”.

La presentación de este informe -que ha corrido a cargo de la misma consejera atacada duramente la semana pasada por partidos y medios de comunicación de la derecha por querer “excarcelar” a miembros de ETA a cambio de cursos de “artesanía” y “jardinería” en uso de las nuevas competencias vascas de Prisiones- sigue a otras iniciativas en la misma línea dirigidas a otros colectivos. En lo relativo a la violencia de ETA, hubo un trabajo sobre la amenaza padecida por la Ertzaintza -por su presencia en la calle sufrió un ataque semanal del entorno de ETA-, por los empresarios extorsionados o por los concejales de partidos no nacionalistas vascos. Asimismo, en diciembre se hizo un acto de entrega de información a víctimas cuyos crímenes no están resueltos. Asimismo, las políticas de memoria incluyen a las víctimas de otros terrorismos como el GAL y también a las víctimas de tortura o violencia policial.