El Gobierno vasco acuerda mantener parado el nuevo contrato de ambulancias de Bizkaia y Álava con Grup La Pau

El Departamento de Salud ha confirmado este miércoles que mantendrá suspendida cautelarmente la entrada en vigor del contrato de externalización de las ambulancias programadas no urgentes en Álava y Bizkaia, es decir, las áreas geográficas donde gestiona el servicio la empresa catalana Grup La Pau. Según consta en una resolución firmada este miércoles por la viceconsejera Nerea Urien, del equipo de Gotzone Sagardui, es prudente esperar a que se resuelva un recurso interpuesto en vía administrativa por el sindicato UGT al entender que una compañía que ha recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo -en concreto por pagar nóminas con retraso- tiene que quedar excluida de cualquier proceso de contratación público.

UGT presentó el 1 de mayo un recurso 'in extremis' ante la inminente entrada en vigor del nuevo contrato de ambulancias programadas, las de color azul y blanco. Valorado en 135 millones, iba a mejorar un 24% la financiación de las empresas contratistas que, en paralelo, habían alcanzado un preacuerdo con la plantilla para mejorar las condiciones hasta en un 30% a cambio de que cesaran las huelgas. Grup La Pau iba a gestionar los lotes de Álava y de Bizkaia y Ambulancias Gipuzkoa el de ese territorio. En el caso del contrato de las ambulancias urgentes (las amarillas) los 147 millones se reparten del mismo modo entre Grup La Pau y Ambulancias Gipuzkoa y las condiciones ya quedaron actualizadas el pasado verano, en concreto el 1 de agosto de 2023.

Osakidetza decidió suspender la entrada en vigor de todo el contrato aunque, en puridad, el recurso de UGT se refería solamente a la adjudicación de Bizkaia. Ahora, el equipo de Sagardui ha revisado esa decisión y, según ha comunicado este miércoles la viceconsejera Urien en una resolución a la que ha tenido acceso este periódico, se ha dado la orden de formalizar el contrato con Ambulancias de Gipuzkoa pero se mantiene la paralización de la actualización de la adjudicación a Grup La Pau, aunque seguirá gestionando el servicio con las condiciones anteriores prorrogadas. En principio, Osakidetza ya manifestó a principios de mayo que este gran conflicto económico no está afectando al día a día de los usuarios.

Así las cosas, desde el 1 de junio, es decir, a partir de este sábado, Ambulancias Gipuzkoa empezará a ingresar las cantidades actualizadas acordadas, que rondan el 24% de subida. No ocurrirá lo mismo con Grup La Pau. La Administración entiende que si el recurso de UGT pide que se analice la prohibición de contratar por un incumplimiento de la normativa laboral sería absurdo autorizar el inicio del nuevo servicio en Álava y mantenerlo paralizado en Bizkaia. “La resolución del recurso podría conllevar a la adjudicataria la prohibición de contratar y que la prohibición le afecta al empresario para toda su actividad, esté o no diferenciada en lotes”, alega el Gobierno vasco.

Grup La Pau ha reaccionado con enfado a esta situación en las últimas semanas y, a la par, no se oculta su delicadísima situación económica. Desde un inicio ha vinculado a lograr el nuevo contrato las mejoras salariales y ya ha anunciado que no solamente no las va a aplicar sino que acometerá bajadas retributivas unilaterales, lo que técnicamente se denomina 'descuelgue' del convenio. En paralelo, UGT ha afirmado estar recibiendo “presiones de fuerte intensidad” para que desista en el recurso que ha paralizado una de las grandes contratas de la Sanidad pública. Grup La Pau, que llegó a Euskadi en 2020, acumula solamente en el último año 23 sanciones de la Inspección de Trabajo, 22 de carácter “grave” y la “muy grave” que está en el centro de esta controversia. Sin que técnicamente haya empezado a funcionar la nueva legislatura, la oposición ya ha demandado al Gobierno explicaciones en el Parlamento Vasco.