El Gobierno vasco analizará dos años después el salto de Juan Diego de Osakidetza a una filial de Petronor

El Servicio de Registro de Personal del Gobierno vasco, que cuelga del área de Gobernanza Pública y Autogobierno de la consejera Olatz Garamendi, ha iniciado un “período de información o actuaciones previas” a la luz de informaciones de 'Gara' sobre ex altos cargos que no pidieron la preceptiva autorización para regresar a la actividad privada en el plazo de dos años posterior al cese. Entre ellos, se encuentra el caso de Juan Diego, que era público y notorio porque fue adelantado por este periódico en 2021 sin que hasta ahora se hubiese comunicado ninguna actuación. Diego, que antes fue asesor del lehendakari, Iñigo Urkullu, saltó a dirigir una filial de Petronor-Repsol llamada Edinor menos de tres meses luego de abandonar de la dirección general de Osakidetza, donde mantuvo un perfil bajísimo en la primera ola de la pandemia y adonde llegó como apafuegos tras las denuncias de irregularidades en las oposiciones médicas de 2018.

Alicia Cristóbal Barragán, responsable de esa oficina, ha explicado en un informe enviado al Parlamento que actúan así “por la amplia difusión que han tenido en los medios de comunicación” algunos casos en las últimas semanas, aunque también ha sido un debate trufado de confusión ya que la información sobre las autorizaciones para saltarse la hibernación de dos años fijada por la ley de 2014 como norma general se hace pública caso a caso en cada momento y porque se le atribuyó a la Comisión de Ética la supuesta responsabilidad de estas “puertas giratorias”, cuando su cometido es muy otro. La “información o actuaciones previas” consistirá en analizar precisamente los casos que no han sido comunicados.

Sobre el caso específico de Diego, indica el Gobierno a la Cámara en respuesta a una pregunta del representante de EH Bildu Josu Estarrona que “si estos hechos resultaran acreditados”, es decir, si se confirmara que el excargo no comunicó su salto al grupo Repsol, cuyo máximo dirigente es el expresidente del PNV Josu Jon Imaz, “podría suponer el incumplimiento del régimen material de incompatibilidades” de la ley de 2014. Toda esta investigación será “reservada”, advierte el Ejecutivo.

En datos, desde la entrada en vigor de la actual norma de altos cargos, hace nueve años, han sido 19 las solicitudes revisadas por el Servicio de Registro de Personal. Se han completado 17 expedientes. 14 “tienen resolución expresa de autorización para la realización de actividades privadas”, dos se han inadmitido pero porque no había obligación de pedir ese plácet y un caso, que también se investiga ahora, concluyó con silencio administrativo. Es el salto de Alexander Arriola de la SPRI (sociedad pública del área de Arantxa Tapia) a Eurocybcar en apenas 24 horas. En este caso, la ley benefició a Arriola, ya que el silencio positivo se interpreta como autorización también para desempeñar un nuevo puesto de trabajo en la privada. El Ejecutivo ya había indicado semanas atrás, por boca de su consejerto-portavoz, Bingen Zupiria, que analizaría “cuál es la razón por la que no existió una contestación a la solicitud que en fecha y forma presentó esta persona” ya que Eurocybcar sí puede tener relación con las actividades de la SPRI.

Garamendi, en todo caso recalca que este asunto “no tiene relación” con la Comisión de Ética, que es un organismo que analiza incumplimientos no de las leyes sino del código ético. Eso sí, algunos casos concretos de lo que la oposición ha venido en llamar “puertas giratorias” sí han sido revisados 'a posteriori' por este foro que está presidido por la consejera Garamendi. El más significativo fue el de Jon Darpón, también dado a conocer por este periódico en 2019. Con otros excargos de la cúpula de la Sanidad pública, el consejero dimitido por la crisis de la oposiciones de 2018 saltó a una gran aseguradora privada del ámbito sanitario, Keralty. La Comisión de Ética no vio ningún problema. Tampoco hubo una hibernación de dos años desde el cese hasta el inicio de la actividad privada.