El Gobierno vasco asegura que De Miguel, condenado por corrupción, no disfruta de un “régimen abierto” en la cárcel

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, la socialista María Jesús San José, ha querido insistir en que Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a nueve años de cárcel por graves delitos de corrupción pero que goza ya de salidas diarias apenas un año después de entrar en prisión, no está en “régimen abierto”. La responsable política de Prisiones indica que se la ha aplicado al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que permite “por lo general” salidas “para desarrollar una actividad laboral” pero exclusivamente en jornadas lectivas, por lo que se mantiene el “internamiento” por la noche y en días festivos y fines de semana.

En respuesta a una segunda pregunta del PP sobre la situación penitenciaria de quien lideró una trama de cobro de comisiones y adjudicaciones irregulares, San José señala que “esta modalidad de cumplimiento permite aplicar un elemento del tercer grado al régimen que corresponde al segundo grado”. “No es correcto, por lo tanto, identificar u homologar este régimen previsto en la normativa penitenciaria con el régimen abierto o con cualquier otra decisión que se adopta con respecto a las personas condenadas”, le explica San José al 'popular' Santiago López Céspedes.

En la documentación anterior sobre De Miguel, San José recalcó que el expolítico gozaba de este régimen atenuado gracias a una resolución del juzgado de vigilancia penitenciaria ya que la Administración se había opuesto a concederlo en un estadio tan prematuro de su condena, que no expira hasta 2032. De Miguel ha superado ya un cursillo para delincuentes de cuello blanco -el mismo que realizó Iñaki Urdangarin, por ejemplo- y ha realizado tareas internas en la cárcel de Zaballa. Ahora ha sido trasladado a Basauri porque su nuevo empleo es en Bizkaia. De hecho, él y su familia dejaron Vitoria al poco de estallar hace ahora quince años esta trama. Se instalaron en la casa de Gorliz costeada por un empresario contratista que admitió que lo hizo a cambio de favores y ejecutada por una empresa que ahora está siendo contratada por el Ayuntamiento de Bilbao.

Desde que Euskadi asumió en el otoño de 2021 la gestión de Prisiones, primero con consejeras del PNV y ahora del PSE-EE, han sido 86 los presos a los que se les ha aplicado el 100.2. “Menos de la mitad” de ese grupo tenían penas superiores a la de De Miguel. En 44 de los 86 supuestos, además, ocurrió como con el expolítico del PNV: la junta de tratamiento de la prisión correspondiente había emitido un informe contrario. Explica San José que “la extinción de una proporción determinada” de años de cárcel no es un parámetro determinante para determinar la prisión atenuada. “La fase de cumplimiento de la pena es uno de los 80 factores de adaptación e inadaptación que las juntas de tratamiento valoran”, explica la consejera, que recuerda que, en todo caso, la última palabra es de los juzgados de vigilancia penitenciaria, como sucede con los presos de ETA.