El Gobierno vasco comunica a la familia de Joaquín Beltrán que finalizará la búsqueda en Zaldibar sin que haya aparecido el cadáver

Quince meses después del derrumbe del 6 de febrero de 2020, el Gobierno vasco da por finalizadas las labores de búsqueda en el vertedero de Zaldibar sin que haya aparecido el cadáver del segundo de los trabajadores sepultados, Joaquín Beltrán. Los restos de la otra víctima, Alberto Sololuze, aparecieron en agosto del año pasado. A finales de abril se inició el rastreo en la última de las zonas que se consideraba en que podía aparecer el cuerpo. Las autoridades han comunicado ya esta decisión a la familia de Beltrán, natural de Zalla y de 51 años. Lo hizo en primera persona el lehendakari, Iñigo Urkullu, superadas ya las tiranteces con esta familia de los primeros momentos de la crisis. La principal hipótesis es que los restos de Beltrán han podido haber quedado descompuestos por “procesos físicos y químicos”. “Se ha mirado todo. No se ha dejado de analizar ningún ámbito”, ha garantizado el Gobierno.

Esta hipótesis queda recogida en un informe de la Dirección de Emergencias del Gobierno vasco hecho público este viernes. Su apartado final recoge las consideraciones que han podido llevar a un “resultado negativo”. Por un lado, se alude a la “incertidumbre” sobre la “ubicación precisa en el momento exacto del derrumbe” y a que en el punto en el que se le vio por última vez no había “estructuras de protección” como las que tenía Sololuze, a quien 'protegió' una “caseta”. “Precisamente se ha constatado que en esta zona se produjo el desborde inicial del vertedero y la situación de los elementos hallados dan muestra de la magnitud de la energía desarrollada en este punto, como son la desaparición de la cuneta perimetral (estructura de hormigón) y el estado de las láminas de poliestireno que servían de aislante del vaso. Durante estos quince meses se han constatado temperaturas cercanas a los 70 grados en el entorno de esta zona de búsqueda junto con la presencia de lixiviados que pudieran haber contribuido a la descomposición de los restos. Tanto los procesos físicos como químicos anteriormente descritos han podido contribuir a la disgregación y descomposición del cuerpo”, se puede leer.

Este viernes a primerísima hora han comparecido en el Parlamento Vasco de manera extraordinaria los consejeros responsables de Seguridad y de Medio Ambiente, Josu Erkoreka y Arantxa Tapia. “Los trabajos han tocado a su fin”, han lamentado para añadir que habrían deseado “transmitir un mensaje distinto a la familia”. El esfuerzo ha sido “ingente” pero todo el operativo ha quedado ya “desactivado”, han indicado, aunque se mantendrá el trabajo de “estabilización” de una zona en la que se desprendieron 2,5 millones de toneladas de residuos. “Con arreglo a una planificación clara y una metodología rigurosa, se han seleccionado todos los espacios y se han cribado de manera meticulosa más de 400.000 metros de residuos”, ha dicho Erkoreka. Tapia ha matizado que la Administración ha intervenido de manera “subsidiaria” por la falta de recursos de la empresa titular de la planta, Verter Recycling y ha elevado la factura que se girará a la empresa a “21 millones”, cuando el último dato apuntaba a que eran 16. Lo que no se conoce es qué parte de esa cantidad ha sido abonada ya por la compañía a las arcas públicas.

La última zona de búsqueda constaba de 15.000 metros cúbicos de residuos, según se informó el 28 de abril. Se trataba del área más geotécnicamente comprometida de todo el vertedero por encontrarse a pie del dique y ser el lugar con mayor cota de material desprendido sin una mínima compactación, se añadió. Y antes ya se habían movilizado más de 700.000 metros cúbicos de residuos y rastrillado más de 400.000. “No hemos escatimado esfuerzo ni humanos, ni técnicos ni económicos. Hasta 120 personas día y noche”, ha enfatizado la consejera Tapia. Ahora queda una fase final de trabajo de “emergencias” para completar la “estabilización” del vertido, trabajos que finalizarán con el sellado de las bolsas y que pueden durar “dos o tres meses”. Tapia ha dejado claro que el vertedero de Zaldibar “no volverá a abrir” nunca más.

La familia Beltrán llevaba meses demandando que no llegará este momento y que, a pesar de la complejidad técnica de las labores de búsqueda y del coste de la operación, no se diera por finalizada la búsqueda. “No podemos llevar flores a un vertedero”, imploraron de manera gráfica en febrero con motivo del aniversario del suceso que sacudió no solamente a Zaldibar sino a toda la comarca de Eibar y Ermua, fronteriza entre Bizkaia y Gipuzkoa. El Ejecutivo responde que la “metodología” de rastreo ha sido la misma que la de Sololuze y que, si no ha producido resultados ya, no lo hará. “No conocemos ningún otro operativo en el que se hayan movilizado, rastrillado y cribado más de de 400.000 metros cuadrados de materiales en forma de residuo a razón de 1.000 metros cuadrados diarios con este nivel de detalle y meticulosidad para la búsqueda de dos personas fallecidas”, interpreta el gabinete de Urkullu, que califica lo ocurrido de “inédito” en España, en Europa e incluso en el mundo. El precedente gallego de Bens, de 1996, fue 25 veces menos voluminoso, alegan.

En paralelo, lo ocurrido en Zaldibar se dilucida en los tribunales. Un juzgado de Durango tiene abierta una doble causa judicial. Por un lado se analiza el posible delito medioambiental pero, sobre todo, se trata de determinar si los gestores de la empresa titular de las instalaciones, Verter Recycling, fueron responsables de un homicidio imprudente. Este periódico ya ha publicado un informe en el que se demuestra que, precisamente a raíz de un aviso de Beltrán días antes del derrumbe, la empresa conocía la presencia de grietas en una planta ubicada en una ladera y que minimizó su posible riesgo.