Casi 8.000 de las 21.000 víctimas de la Guerra Civil en Euskadi siguen enterradas en paradero desconocido

Rufino Azcoaga Azurmendi fue un 'gudari' que murió en combate el 4 de junio de 1937. Se desconoce dónde y cuándo nació y también dónde está enterrado. Solo se sabe de él que vivió en Arrasate-Mondragón y que falleció en Lemoa, Bizkaia. Según su ficha, Apolonia Dorronsoro Monzón fue ejecutada extrajudicialmente por sublevados un 12 de febrero de 1940 en uno de los fusilamientos llevados a cabo por el bando franquista sin mediar una sentencia judicial, es decir, una desaparición forzosa o comúnmente denominada una 'paseada' del franquismo. De Apolonia se sabe que nació en Álava, que se quedó viuda y que murió en Gijón, pero tampoco se sabe dónde fue enterrado su cuerpo.

Ambos forman parte del censo de víctimas mortales de la Guerra Civil en Euskadi que ha elaborado el Gobierno vasco de la mano del Instituto de Memoria (Gogora). Esta base de datos es fruto de la investigación sobre las víctimas mortales de la guerra civil y el primer franquismo (1936-1945) en Euskadi, así como de vascos que murieron a consecuencia de la guerra fuera de Euskadi. Se puede consultar a través de la página web de Gogora e incluye fichas de 20.970 personas fallecidas en ambos bandos, de las que 977 son mujeres y en 31 casos no se ha podido determinar el sexo. De ellas se recopila información como nombre, apellidos, causa y fecha de la muerte y lugar de exhumación. Sin embargo no se sabe dónde fueron enterradas un total de 7.795 víctimas encontradas.

“Se ha volcado toda la información de la que se dispone. Somos conscientes de que 85 años después faltarán nombres y faltan sobre todo nombres de víctimas de bombardeos porque muchos no fueron registrados. No podemos decir qué porcentaje falta, pero sabemos que no está completo por eso decimos que estamos hablando de una base de datos inconclusa. Nos pueden ayudar mucho los propios familiares. A partir de ahí la investigación histórica se ha desarrollado de forma archivística”, ha explicado la directora del Instituto de la Memoria, Aintzane Ezenarro, que ha explicado que cerca de 1.500 personas han solicitado información sobre un familiar muerto o desaparecido en la guerra.

La investigación realizada concluye que 13.283 de personas fueron víctimas de los sublevados, de las que 1.361 fallecieron en bombarderos, 991 fueron ejecutadas por Consejo de Guerra, 1.155 fueron ejecutadas extrajudicialmente, 2.238 fallecieron en cautividad, 91 en campos de concentración y 7.204 fueron 'gudaris' y combatientes. Se desconoce cómo murieron 242 personas cuya muerte sí que se sabe que fue causada por el bando sublevado. Mientras que 7.687 de las víctimas mortales fueron causadas por los republicanos, 5.922 de ellas en combate, 75 en bombardeos, 19 ejecutadas por sentencia del Tribunal Popular de Euzkadi y 971 extrajudicialmente. Otros 700 casos están sin clasificar.

“Se trata de devolver la dignidad a las víctimas del frente, de bombardeos y del silencio de las cunetas (...) la memoria histórica no es solo un pasado para olvidar, es un futuro para construir, es una reivindicación muy mayoritariamente compartida. En Euskadi llevamos muchos años trabajando en ella”, ha señalado la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Beatriz Artolazabal que ha acudido a la presentación de la base de datos este lunes en Bilbao junto al viceconsejero de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz.

Esta investigación forma parte de la primera fase del Informe de vulneraciones de derechos fundamentales entre 1936-1978, en el que se abordan las “Víctimas mortales durante la Guerra Civil y el primer franquismo (1936-1945)” y ha sido elaborada mediante un convenio suscrito entre la Secretaría para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco, el Instituto de la Memoria - Gogora, la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la UPV/EHU y la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

“Los republicanos muertos en combate, los que lucharon por preservar la democracia y el Gobierno legítimamente elegido, fueron tratados de rebeldes, sediciosos y traidores y en consecuencia maltratados en su dignidad como personas (...) respecto a los muertos también existió un maltrato institucional y sistemático colectivo que no permitió dar con el paradero de los cadáveres y que viola el derecho internacional humanitario”, ha señalado Artolazabal, quién ha explicado que al ser una “investigación viva” aquellas personas que encuentren a sus familiares en la base de datos pueden acercarse a Gogora a aportar su testimonio, información o fotografías que pudieran esclarecer qué ocurrió con todas las víctimas de la Guerra Civil en Euskadi.