Desde la pandemia, las consultas por trastornos de la conducta alimentaria (TCA) se han disparado en Euskadi, superando los 8.000 pacientes en 2021, un 62,8% más en comparación con el año anterior y hasta un 72,6% en comparación con 2019. Debido a esta situación, la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, anunció el pasado mayo la creación de sendas unidades específicas de trastorno de conducta alimentaria en Álava y Bizkaia, hasta ahora inexistentes en la red de Osakidetza. Sin embargo, partidos de la oposición como EH Bildu y PP+Cs, criticaron en aquel momento la falta de concreción de medidas y de fechas para implementarlas.
A raíz de esa falta de concreción, el PP+Cs ha presentado una moción en el Parlamento Vasco, que ha derivado en un acuerdo con PNV y PSE-EE, esto es, con el Gobierno vasco. La promesa es que se elaborará, dentro de seis meses, “una planificación que permita definir, de manera concreta, las ubicaciones, las infraestructuras, las obras, los recursos materiales y económicos y el personal que sean necesarios”. El acuerdo, que se ha aprobado con los votos a favor de Vox, pero con la abstención de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, también incluye seguir derivando -con cargo al presupuesto del Departamento de Salud- a otras comunidades autónomas los pacientes de trastornos alimenticios que necesiten una hospitalización.
Desde la oposición, la parlamentaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, se ha mostrado crítica y ha insistido a los partidos firmantes del acuerdo que se sigue sin informar de la fecha concreta en la que se abrirán las unidades. “Todavía no conocemos cuál va a ser el plan estratégico que se llevará a cabo. Necesitamos una fecha concreta, exigimos un cronograma, porque son medidas que se acordaron en 2022 y con este acuerdo llegamos a 2024. Estamos hablando de personas que nos piden responsabilidad y respuestas, mostrémosles empatía”, ha recalcado en su intervención, en la que ha interpelado al Departamento de Salud a explicar qué se hará con la partida presupuestaria de un millón de euros destinada a estos recursos para el año 2023.
Sagardui realizó el anuncio de la creación de las unidades específicas para tratar los trastornos de conducta alimenticia el pasado mayo en una comparecencia a petición propia en el Parlamento Vasco, en la que, además, informó de la publicación de tres informes elaborados por el Consejo Asesor de Salud Mental de Euskadi en torno a los ámbitos prioritarios de la estrategia vasca en esa materia: los trastornos de conducta alimentaria, la salud mental infanto-juvenil y la patología dual (suma de adicción y trastorno). Sobre estos documentos, Ubera ha insistido, como ya lo hizo en aquella comparecencia, en que dichos documentos “no son planes ni estrategias”, son “monográficos”. “Necesitamos medidas concretas, un plan estratégico que a día de hoy no conocemos y que con el acuerdo hoy firmado no conoceremos hasta, al menos, seis meses. Eso si se cumplen los compromisos”, ha alertado.
El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, Jon Hernández, ha justificado la abstención de su partido al acuerdo alegando que tan solo contempla la creación de unidades de trastornos alimenticios en Bizkaia y Álava, algo que ha criticado al considerar que es necesario crear una en cada territorio. “Personas de Irún, Errenteria o Donostia tendrán que viajar hasta Vitoria o Bilbao para ser atendidas, entendemos que no es lo mismo viajar dentro de Euskadi que recorrer 700 kilómetros hasta otra comunidad autónoma, pero consideramos que esta podía haber sido una oportunidad para abordar la cuestión con un punto de vista territorial”, ha señalado.
La portavoz del PNV, Alaitz Zabala, ha justificado el acuerdo argumentando que se trata “de un primer paso” para “seguir avanzando en la planificación y las líneas estratégicas documentadas”. “Nuestra intención es empezar por algo, si hace falta crear un tercer centro y contamos con los recursos necesarios para llevarlo a cabo, se hará”, ha respondido. En cuanto a la cuestión relacionada con el presupuesto, ha detallado que existe la posibilidad de que con respecto a la financiación acordada en los presupuestos de 2023 se establezcan unos “créditos comprometidos para actuar en 2024 y empezar a crear las unidades de trastornos alimenticios”.
Tanto el PP+Cs como el PSE-EE y Vox han reconocido que se trata de un acuerdo “positivo”. Laura Garrido, parlamentaria del PP+Cs, ha recordado la “crítica” situación de las pacientes de este tipo de enfermedades mentales y sus familias y ha considerado que el acuerdo mejorará su situación. Por su parte, el parlamentario de PSE-EE, Ekain Rico, ha indicado que “es de justicia reconocer que el Departamento ha estado a la altura”. “Cuando no lo hace yo lo digo, pero gracias al análisis publicado en mayo -haciendo referencia a las publicaciones sobre salud mental presentadas ante el Parlamento Vasco- podemos elaborar políticas con una vocación temprana y cuando podamos cumplirlo”, ha insistido. Por último, la portavoz de Vox, Amaia Martínez, ha considerado que las medidas acordadas “podían haber sido más exigentes, pero al menos es un paso”.
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