El consejero Mikel Jauregi, titular de la cartera de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, ha prometido que el Gobierno vasco está realizando “gestiones” para reubicar fuera del casco urbano de Bilbao las empresas potencialmente contaminantes Sader y Profersa, ambas del grupo Agaleus. Las movilizaciones vecinales contra ellas se han sucedido y también ha habido incidencias con ellas. Sader, por ejemplo, está siendo investigada por la presunta gestión irregular de lixiviados procedentes de Gipuzkoa y superó en 2022 y 2023 el máximo que tenía autorizado para residuos “peligrosos”, según datos oficiales que la empresa minimiza. Y Profersa llegó a estar clausurada cautelarmente por dos emergencias químicas en primavera.
“Estamos realizando gestiones para reubicar las plantas en espacios más adecuados para el desarrollo industrial, fuera de entornos residenciales. En el caso de Sader, se dieron pasos para permitir la implantación de la planta en Zierbena en una parcela portuaria y posteriormente en Ortuella. En el caso de Profesa se planteó una ubicación en Legutio. Estas operaciones no se pudieron materializar. Y en la actualidad se está trabajando en una nueva alternativa en Zierbena, que cuenta con el certificado de compatibilidad urbanística del ayuntamiento. La documentación está siendo valorada por los servicios técnicos y se prevé que se pueda someter a información pública en breve. Una vez completado este proceso se procederá a la emisión de una declaración de impacto favorable y la autorización ambiental integrada”, ha explicado Jauregi en el Parlamento Vasco en respuesta a una pregunta formulada por Sumar.
Jauregi, del PNV, ha recalcado que “no es cierto” que la ciudadanía del entorno de esas plantas, en Zorroza, esté “abandonada”. “Las instalaciones del Sader y Profersa están teniendo un seguimiento continuado por parte de los técnicos inspectores de Medio Ambiente. Para mejorar este seguimiento, hemos incorporado dos nuevas unidades móviles de medición del aire. Estamos controlando la calidad del aire las 24 horas del día. Como no puede ser de otra forma, seguimos las directrices de la normativa europea en la materia, la directiva de emisiones industriales. Y con base en esta normativa, hacemos la programación de las visitas de seguimiento, los aspectos a fiscalizar, los criterios para considerar un incumplimiento y en qué momento se puede tomar medidas correctoras. De hecho, este verano las hemos adoptado ordenando la paralización inmediata de la actividad de Profersa”, ha defendido el titular de una cartera que es, a la vez, responsable de Industria y de Medio Ambiente.
El parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha mostrado su escepticismo con el argumentario de la Administración. “Mire, señor consejero, la gente pide soluciones porque está respirando ese aire constantemente y ve los problemas que le producen en su día a día. No pueden recibir más residuos de aguas tóxicas, de baños ácidos y de otras sustancias peligrosas sabiendo lo que están respirando los vecinos en estos momentos”, ha protestado.
También Álvaro Gotxi, del PP, ha comentado la situación de Sader-Profersa y se ha quejado de la inacción del Gobierno vasco. “Supongo que ese seguimiento continuado será por telequinesis, porque la última inspección programada fue el 12 de mayo de 2022, hace más de dos años y medio. Dos años y medio sin inspeccionar una empresa que reconocen ustedes que lleva dos ejercicios consecutivos incumpliendo la autorización ambiental integrada. ¿Qué les decimos a los vecinos? Porque aquí hay dos problemas: uno, que no se realizan las suficientes inspecciones; y dos, que el Gobierno lo sabe y no actúa”, ha indicado tras mencionar, igualmente, otros problemas de control con el vertedero de Gardelegi de Vitoria, de titularidad municipal, o con el denominado CMG-I de Zubieta, de titularidad foral. Sobre este caso ha comparado las actuaciones del Gobierno de Navarra, adonde también se enviaron lixiviados irregularmente, con la supuesta inacción del equipo de Jauregi.
El consejero, además, ha prometido duplicar la plantilla de inspectores. Son solamente seis en la actualidad. “Efectivamente, es propósito del Gobierno incrementar los recursos destinados a inspección y control ambiental en Euskadi. Eso sí, atendiendo siempre a la disponibilidad de recursos y a la sostenibilidad de los servicios que ofrecemos a la sociedad. Le diría más: no solamente es un propósito incrementar los medios destinados a la inspección y control ambiental sino que este gobierno ya lo viene haciendo. Esta medida está recogida tanto en nuestro programa de Gobierno como en el proyecto de presupuestos de cara al próximo ejercicio. [Hay un] incremento [...] en la plantilla de la Unidad de Inspección. Estos últimos meses ha pasado de estar compuesta por seis técnicos de medio ambiente y un técnico de control medioambiental a estar compuesta por 12 técnicos y un técnico, respectivamente. Esto significa que prácticamente hemos doblado el equipo de profesionales que componen la unidad”, ha explicado Jauregi. La unidad especializada en delitos ambientales de la Ertzaintza también tiene una dotación muy reducida.
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