El Gobierno vasco realizó 15 inspecciones con 49 requerimientos por ruido y contaminación en el entorno de Gojain

El Gobierno vasco ha realizado un total de 15 inspecciones al grupo Otua, en el polígono industrial de Gojain, de las que se se han derivado 49 requerimientos por ruido y contaminación. Los vecinos del entorno se quejan de que tienen que soportar 24 horas de ruidos continuos, además de olores y partículas suspendidas en el ambiente que están mermando su calidad de vida, según relataron en una comparecencia en el Parlamento Vasco el pasado 8 de noviembre.

El Ejecutivo vasco ha realizado desde 2019 un total de 15 inspecciones en las cinco instalaciones que componen el grupo, de las que 11 estaban programadas y cuatro no programadas. De ellas, se han derivado un total de 49 peticiones de subsanación de diferentes irregularidades, desviaciones o incumplimientos, aunque son mínimas las que se refieren al exceso de ruido. De hecho, solo hay dos: una detectada en la inspección en 2021 en las instalaciones de Deydesa, y otro en Refial, también en 2021, por superar los niveles de ruido en un punto del perímetro en periodo de noche. Los vecinos ya se quejaban en el Parlamento de que “para cuando llegan a hacer inspecciones, suelen cumplir la ley porque el proceso productivo se adecúa”.

El grupo Otua se compone de las empresas Reydesa, Deydesa, Zabor, Refial y Resal, todas ellas dedicadas al reciclaje de metales y componentes eléctricos y electrónicos. Los requerimientos para la subsanación de irregularidades van desde los dos citados por la superación de los niveles de ruido permitidos, hasta la existencia de niveles de emisiones, la superación del nivel de la capacidad para almacenar residuos o tener almacenados en el exterior de las instalaciones “bidones que contienen o han contenido residuos o materias peligrosas, extintores y bombonas”, además de mantener abiertas zonas de las naves , “no asegurando la contención de emisiones difusas”. Así hasta 49 peticiones de solución de diferentes irregularidades.

No obstante, el Ejecutivo entiende que las medidas impuestas en las autorizaciones ambientales integradas concedidas para la puesta en marca de estas instalaciones “son adecuadas para alcanzar una elevada protección del medio ambiente y de la salud de las personas y por ende de los pastos de ganado y de las aguas del embalse de Urrunaga” que se encuentra en las inmediaciones. En este sentido, señala que entre las medidas correctoras impuestas a las instalaciones ha sido incluida la “cubrición de las labores a cielo abierto y el cerramiento en una nave con el fin de corregir y controlar algunas de las desviaciones y problemas detectados relacionados con el ruido y con la emisión de partículas”, señala la consejera Arantxa Tapia en su respuesta.

Además, recuerda la consejera que las actividades del Grupo Otua se encuentran sometidas a la normativa de prevención y control integrados de la contaminación, y en este sentido, en las resoluciones de concesión de las autorizaciones ambientales integradas se tienen en cuenta las mejores tecnologías disponibles. Estas autorizaciones deben ser objeto de revisión en el plazo de cuatro años desde la publicación de los documentos de conclusiones de las mejores técnicas disponibles aplicables al sector industrial concreto. En este sentido, señala que en agosto de este año se han revisado las autorizaciones de todas las instalaciones del Grupo Otua para adaptarlas al primer documento BREF de Mejores Técnicas Disponibles específico para la actividad de fragmentación de residuos metálicos. “En adelante, el seguimiento de las instalaciones se basará en las nuevas condiciones establecidas. Tal y como se indica anteriormente, las medidas correctoras asociadas a las mejoras técnicas disponibles se incorporan al condicionado de las autorizaciones, siendo estas inspeccionadas con la frecuencia marcada por Ley”.