El Gobierno vasco ha rechazado la Proposición de Ley presentada por EH Bildu de modificación de la Ley 1/2014, reguladora del código de conducta y de los conflictos de intereses de los cargos públicos para evitar las “puertas giratorias”, por considerar que regula el comportamiento de las entidades privadas y “excede del haber competencial que el bloque de constitucionalidad y el Derecho Europeo atribuyen a la Comunidad Autónoma de Euskadi”. Este es uno de los argumentos principales del Consejo de Gobierno para manifestar su criterio desfavorable a la toma en consideración de dicha propuesta, que plantea “modificar la estructura pública vigente” de la que se ha dotado el Ejecutivo para “supervisar el cumplimiento de las normas sobre la incorporación al ámbito privado de personas que hayan desempeñado cargos públicos”, ha precisado.
El Consejo de Gobierno se ha reunido este martes para analizar, entre otros puntos, la propuesta presentada por el grupo parlamentario EH Bildu y se ha manifestado en contra de esta iniciativa. Considera que, “en su intención de regular limitaciones a la incorporación a la empresa privada de los cargos que causen baja en el empleo público, la proposición de ley regula el comportamiento de las entidades privadas”. Asimismo, cree que la modificación que se propone “resulta ineficaz desde la perspectiva de regular nuevas prohibiciones o condicionantes al comportamiento de las personas que han desempeñado un cargo público”. Argumenta, además, que “pone en entredicho la eficacia y eficiencia futura del sistema”, ya que “plantea un cambio de composición y funciones de las estructuras vigentes, quitando ámbitos y decisiones al órgano gestor y asigna más decisiones gestoras al órgano principal, sin dotarle de ningún recurso nuevo”.
La propuesta de EH Bildu “plantea asignar la supervisión y control de prácticas fraudulentas a supuestos colectivos de funcionarios que no se describen ni explican cuáles son sus funciones, medios y derechos”, ha indicado el Ejecutivo, para añadir que “se limita a enunciar que se espera de esos colectivos una nueva línea de acción pública objetiva, rigurosa y desideologizada”. En su explicación de los argumentos para su criterio desfavorable, el Consejo de Gobierno destaca el hecho de que la proposición de ley “no tome en consideración la inclusión del Parlamento Vasco en el ámbito de actuación de la ley en cuestión, como ocurre, por ejemplo, con la Oficina Antifraude de Catalunya o la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción en la Comunidad Valenciana”.
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