El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha prorrogado un año más la autorización técnica para la perforación de uno de los sondeos de la explotación de gas de La Rioja, en la que participa el Gobierno vasco, pero de la que se está planteando salir. Se trata del denominado sondeo Viura-1B, que tiene autorización de sondeo desde 2019. Inicialmente tenía un permiso de perforación para tres años, que finalmente se prorrogó un año más, con lo que dicha autorización finalizaba este ejercicio. Pero tras solicitar una nueva prórroga seguirá con los trabajos hasta el 12 de noviembre de 2024 en una parcela cercana al actual pozo productor dentro del perímetro de la Concesión Viura, según señala la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, en una respuesta por escrito a la parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi.
Gorrotxategi interpela a la consejera sobre “el papel” que ha jugado el Gobierno vasco en la solicitud de esa prórroga, aunque Tapia asegura que la sociedad Shesa, a través de la que participa en la explotación, “no ha jugado ningún papel en este trámite al tratarse de un procedimiento 'reglado', dimanante de una autorización ya otorgada en el año 2019, iniciado a instancias del operador de la concesión”, la empresa, Heyco Energy Iberia SL, que es la que tiene la mayoría del accionariado.
Según detalla la consejera, actualmente, se está produciendo en un único sondeo denominado Viura-1 ST3. “Con la ampliación del plazo autorizada por el MITECO se prevé perforar otro sondeo denominado Viura-1B”, aunque Tapia no especifica la cantidad de gas que se prevé extraer de dicho sondeo. “En tanto no se perfore el sondeo ”Viura-1B“ no se podrá facilitar una cifra concreta de producción”, señala. De igual forma, indica que la fecha hasta la que se estima producir en el nuevo sondeo, “dependerá de los ritmos y perfiles de producción, decisión de carácter técnico que deberá ser acordada entre los socios del proyecto”.
La explotación de gas de Viura no está siendo especialmente rentable para el Gobierno vasco. En la respuesta la consejera reconoce que “no se puede especificar un precio a partir del cual la explotación de gas natural es rentable”. “La rentabilidad depende del precio de mercado del gas, que es variable y del volumen de gas natural producido. A mayor producción de gas menor será el precio a partir del cual es rentable y viceversa”, señala,
De hecho, en una respuesta parlamentaria anterior, el Departamento de Arantxa Tapia reconoce que en los últimos siete años, desde 2015, fecha en la que entró en funcionamiento la concesión de Viura, el Gobierno ha ingresado en concepto de venta de gas 44 millones de euros, pero el balance se queda en apenas 4,7 millones de euros, -unos 670.000 euros por año- ya que el Gobierno ha tenido que pagar en este periodo unos gastos e inversiones pendientes de amortizar que suman 39,3 millones de euros.
Aunque más que por su escasa rentabilidad, el Gobierno se plantea vender su participación en el yacimiento sobre todo en función de cómo evolucione la legislación medioambiental, cada vez más restrictiva respecto a la extracción de gas. De hecho tras la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética no se pueden realizar nuevas extracciones de gas. Incluso en las autoenmiendas del PNV y del PSE-EE a la ley autonómica que podría aprobarse en febrero en el Parlamento Vasco se aduce a la posibilidad de estas desinversiones en hidrocarburos. Se espera que en febrero de 2025 esté en marcha un “plan de desinversiones”, de modo que los beneficios repercutan en las inversiones del EVE en energías renovables. Estas enmiendas coinciden con algunas de las planteadas por EH Bildu.
En su respuesta a Miren Gorrotxategi, Tapia recuerda que la concesión de Viura se aprobó en julio de 2017, prácticamente, cuatro años antes de la entrada en vigor de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y que el periodo inicial es de 30 años, por lo que en principio, su vigencia se extiende hasta el 25 de julio de 2047. Esta concesión permite la perforación de un número determinado de sondeos de desarrollo y cada uno de ellos “requiere de la preceptiva autorización ”técnica“ emitida por el Ministerio competente, actualmente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)”. Y es donde se enmarca la prórroga de la autorización para el sondeo Viura-1B, una prórroga en la que insiste que no ha tenido nada que ver el Gobierno vasco.
La Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi tiene ya en el yacimiento de La Rioja, del que posee un 37,69% del accionariado su única razón de ser, depués de que la extracción de gas de Vitoria esté paralizado por el Ayuntamiento de a capital alavesa, algo que el Gobierno tiene recurrido. Precisamente Gorrotxategi pregunta también a Tapia por cuál es “el coste total que está suponiendo a las arcas vascas mantener el litigio para que el Gobierno vasco pueda explorar pozos de gas en Gran Enara, incluido el gas de Subijana, y BlackFlysch”. Los presupuestos del año 2024 incluyen una partida de 60.000 euros para este litigio, que según asegura Tapia, “únicamente, se ejecutaría en el caso de que se requiriera alguna actuación de asesoramiento o representación legal en el mencionado litigio”, que hasta el momento “no supone coste para las arcas vascas”, señala la consejera.
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