La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha anunciado este martes que el Ejecutivo intervendrá de manera “subsidiaria” en el vertedero de Zaldibar -nuevamente- ante la “inacción” de Verter Recycling, la empresa gestora de una instalación que se derrumbó en 2020. La ausencia de sellado e impermeabilización temporal por parte del administrador concursal “podría derivar hacia una posible inestabilidad del terreno”, aunque no haya un riesgo inmediato. Por ello, el Ejecutivo acometerá estas tareas, con un coste previsto de 750.000 euros. “El Gobierno actúa porque la empresa no está actuando”, ha añadido. Esto se suma a los casi 28 millones de euros ya destinados durante la fase de emergencia y que la compañía ahora quebrada nunca devolvió. Existe un riesgo cierto de que las nuevas inversiones tampoco se recuperen.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Tapia ha informado sobre las principales conclusiones que aporta el 'Estudio de estabilidad del vertedero de Zaldibar', que ahora vuelve a presentar problemas. Ha dicho que el administrador concursal ha “incumplido” los requerimientos realizados por la Administración y que ello “está provocando una reducción progresiva en las condiciones de estabilidad”. Y ha recordado que este asunto siempre ha sido compartido con el juez y la Fiscalía, ya que sigue abierta una investigación por delitos contra el medio ambiente por los hechos de 2020, aunque ya se resolvió con condenas la pieza relativa a la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze.
“La falta de mantenimiento básico y sellado del vertedero podría afectar a la situación de su estabilidad”, ha admitido la consejera. No es un problema “inminente” pero sí que el vertedero “no es viable a largo plazo en su actual configuración”. En este sentido, ha remarcado que la prioridad de la Administración es garantizar la seguridad “a lo largo del tiempo, e independientemente de las condiciones meteorológicas de cada momento”, informa Europa Press.
“Las labores de control, mantenimiento y seguimiento del vertedero no se han realizado de forma correcta por parte del titular, generando una situación de riesgo”, ha recalcado. La estimación aproximada de los trabajos de instalación rondará los 750.000 euros. La consejera ha matizado que “no se trata de un sellado definitivo, pero sí una solución alternativa que pueda garantizar la seguridad en la instalación y la protección del medio ambiente”.
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