La principal empresa adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza, la catalana Grup La Pau, responsable del transporte sanitario urgente y programado en Bizkaia y en Álava, pidió impunidad al Gobierno vasco en las negociaciones que están abiertas para rescindir los contratos públicos después de meses de irregularidades continuadas, sanciones de la Inspección de Trabajo, deudas con los trabajadores y multras por incumplimientos. Según figura en un documento entregado a la viceconsejera de Salud, Lorea Bilbao, el presidente de la cooperativa, Vicenç Chicharro, propuso por escrito que la Administración cubriera con recursos públicos parte de las deudas generadas por esta empresa privada y que renunciara a “ulteriores reclamaciones por cualquier concepto”.
El documento está fechado a 29 de octubre y en él La Pau asegura haber sufrido “perjuicio económico” por las vicisitudes que han tenido los contratos de ambulancias de Bizkaia y de Álava. Por ello, insta a la viceconsejera a que el Gobierno vasco acceda a “abonar íntegramente el importe de las nóminas” de la plantilla de la contrata correspondientes al mes en curso, el de noviembre. Se trataría de un montante que podría rondar los 4 millones de euros. Y La Pau también busca un compromiso expreso de que su marcha zanjará cualquier conflicto abierto de los muchos que ha dejado a su paso por Euskadi, que se ha prolongando cuatro años.
Grup La Pau prometió una salida “ordenada” de Bizkaia y de Álava pero el proceso, sin embargo, está siendo tortuoso. El Ejecutivo planteó el horizonte de tener resuelto para el 30 de noviembre la búsqueda de sustitutos para la empresa catalana mientras La Pau adelantó su salida primero al 25 de noviembre y luego al 15 de noviembre, es decir, para este fin de semana. Todo apunta a que Sanir (vinculada al grupo de autobuses Alsa) asumirá el servicio en Bizkaia y que Ambulancias Gipuzkoa, la contratista en este territorio, se extenderá también a Álava.
La compañía saliente no solamente dejó por escrito que no quería abonar la nómina de noviembre sino que pagó con un enorme retraso y no en su totalidad la de octubre. La compañía se hizo cargo por partes de los pagos a la plantilla vizcaína pero la alavesa cobró de Ambulancias Gipuzkoa sin que exista una vinculación contractual concreta. Además, el 15 de noviembre expira el último plazo fijado por la Inspección de Trabajo para el pago de las cantidades pendientes de la paga extraordinaria de verano, ya que el 70% no ha cobrado más que el 25% de esa nómina. En medio, las protestas de la plantilla continúan e incluyen ambulancias pintadas y hasta una acampada de LAB frente a la sede en Vitoria del PNV, el partido que controla Salud.
Grup La Pau no ha atendido a las preguntas de este periódico sobre el documento. Tampoco Ambulancias Gipuzkoa ha respondido a las peticiones de información en relación al abono de las nóminas. Desde Salud, por su parte, apuntan a que se realizará una “contestación” a todas las peticiones de la contratista en tiempo y forma. Se espera que en las próximas horas se haga oficial la nueva adjudicación en Álava y en Bizkaia con el ánimo de que se haga el cambio de empresa a la mayor brevedad y manteniendo en todo momento un servicio básico en funcionamiento.
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