El incendio ocurrido este pasado jueves en la planta de Reydesa, perteneciente al grupo Otua, ubicada en Legutio (Álava) ha vuelto a encender todas las alarmas. Sólo han trascurrido 13 días desde que los vecinos del barrio de Zorroza en Bilbao, a causa de un incendio en la empresa Profersa, eran los destinatarios del mismo mensaje que recibían los habitantes de Legutiano el jueves: “Cierren las ventanas y permanezcan en sus casas”. Una recomendación nada tranquilizadora por mucho que después te digan que no hay ningún peligro. La empresa en la que se produjo el incendio, al parecer por la combustión de la batería de un patinete eléctrico, se dedica al reciclaje, una labor absolutamente imprescindible en el camino hacia la economía verde a la que se quiere transitar. Pero eso no quiere decir que esa actividad de reciclaje no tenga consecuencias que molesten a los vecinos, e incluso que no contamine, aunque esto pueda parecer un contrasentido en sí mismo. El debate está abierto: ¿Pueden este tipo de empresas estar tan cercar de núcleos de población, aunque como defiende la compañía no supongan ningún peligro para sus habitantes?
Reydesa, perteneciente al grupo Otua, está ubicada en el polígono industrial de Gojain, a 1,6 kilómetros del centro de la localidad de Urrunaga, -apenas a 800 metros de las viviendas más cercanas- y a 14 kilómetros de Vitoria. Junta a Reydesa forman parte del grupo Deydesa, Zabor, Refial y Resal. La actividad que desarrolla el grupo en este polígono desde hace 25 años es el reciclaje de lo que llamaríamos chatarra. Eso incluye residuos que van desde metálicos con cobre, como por ejemplo provenientes de motores eléctricos, bobinas o contadores eléctricos. También trata residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, desde pequeños electrodomésticos lavadoras, hornos, pantallas de televisión, ordenadores, teléfonos, vehículos fuera de uso, así como baterías de litio. A través de ese proceso de reciclaje extraen aluminio, cobre, acero inoxidable, hierro fragmentado, granallas de cobre, granallas con metales preciosos y mezcla de metales pesados. La hipótesis que maneja la empresa, a falta de que concluya la investigación de la Ertzaintza, es que el incendio se produjo por la combustión de una batería de litio, probablemente de un patinete eléctrico, que desde la empresa reconocen que “no debía” estar apilada junto al montón de chatarra en el que estaba a la espera de comenzar el proceso de reciclaje. “Ahí es donde tenemos que evaluar por qué ha llegado a apilarse en un lugar donde no procedía, porque tenemos unos lugares 'ad hoc', específicos, para este tipo de baterías”, señala Juanjo Álvarez, consejero y portavoz de la empresa.
El incendio ocasionó una llamativa columna de humo que alarmó a la población de los alrededores del polígono, fundamentalmente Urrunaga, y se decretó un nivel de alarma 3 que, según la empresa, se corresponde con el número de unidades de bomberos que se desplazaron al lugar, “nada más”, aseguran. “Sin querer minimizarlo, no hay ninguna sustancia que provoque por su inhalación un daño a la salud pública. Evidentemente, había que tratar de evitar que se inhalara ese humo negro y hubo una recomendación para el propio polígono de cerrar las ventanas hasta que desapareciera. Pero ni la empresa paró la producción, no por no querer pararla, sino porque no había ningún riesgo desde el punto de vista de la salud”, señalan. “Asumimos evidentemente la responsabilidad en lo que nos toca de un incidente que es lógico que haya generado un punto de alarma, pero que estuvo afortunadamente controlado desde el primer momento”. Los vecinos lo ven de forma diferente. Creen que hubo riesgo para su salud en este incendio y que lo hay en la actividad diaria de la planta: “Hay informes cuando se han hecho mediciones puntuales que recogen que en Urrunaga el Cadmio y el Cromo-6 superan los niveles recomendados por la OMS. Esos son datos objetivos y los vecinos durante el incendio pasaran miedo”, señala Maika Campo vecina de la localidad y miembro de la plataforma Herriak Bizirik en la que están organizados para canalizar las propuestas.
“Tenemos como empresa la responsabilidad social de hacer conciliar el ejercicio de un desarrollo industrial y en un sector tan necesario como este, y las relaciones de vecindad. Sabemos que generamos molestias, pero no somos nocivos ni peligrosos”, señala Juanjo Álvarez. Sin embargo los vecinos se quejan de ruidos continuos “día y noche”, olores “muy metálicos, o a amoniaco, que te irrita muchísimo las vías respiratorias. No puedes estar en la calle si sopla viento sur. Hay mucha emisión de partículas, en las casas, en la ropa, en las calles, en las huertas, al final en lo que comemos y bebemos también. Eso no puede ser bueno para nuestra salud”, señala Maika Campo. La empresa insiste en que “molestos sí, peligrosos no”, y señala que intentan tomar medidas para minimizar esas molestias: “Todos los análisis que se hacen tienen claro que no hay peligro. Funcionamos con autorización ambiental integrada, que es el máximo control que tienen las empresas de esta categoría”, insiste. “Pero es verdad que generamos ruido, aunque ya hemos adoptado medidas, como encapsular todas las fragmentadoras y dejar de trabajar en horario nocturno con palas que hacen ruido al mover el material”. También reconocen que “el polvo en suspensión de la chatarra acumulada puede producir en días de viento molestias puntuales, pero no siempre, y es una realidad a la que tratamos de poner remedio”. Respecto al olor, “se han adoptado unas inversiones muy importantes para que desaparezca”, dicen desde la compañía.
“El principal problema que tenemos en esta historia es que esta empresa se ha metido en un polígono industrial que creo que no está preparado para para este tipo de instalaciones”, dice Andrés Illana, portavoz de Ekologistak Martxan en Álava, que critica que se trata de una empresa de reciclaje que “se vende vendiéndolo con la etiqueta verde y de economía circular, cuando cualquiera que pase por ahí ve camiones de Noruega, de Holanda, de Francia, de toda Europa. No sé qué tiene eso de verde”, dice. Illana recuerda que “a menos de 800 metros hay casas que soportan ruidos, polvo, se ven plastiquillos como de metal en las fincas de al lado. La chatarra está al aire libre y cuando llueve se lo lleva todo”, detalla. “Insisto en que el problema no es tanto lo qué hace la empresa, que puede tener todos los permisos y el beneplácito del Gobierno vasco, si no dónde lo hace”, “La gente protesta por algo. No puedes poner en un polígono industrial, a menos de un kilómetro de las casas, ese tipo de actividades que son clarísimamente peligrosas, que son molestas, que son insalubres, por muchos permisos que tengan”.
Ekologistak Martxan está preparando toda la documentación para remitir el caso a la Fiscalía, “para que investigue y determine si hay un delito ambiental”, según señala Andrés Illana. “Es lo último que nos queda, porque la gente está desesperada”, dice. Pero esa no es la única denuncia. La empresa acumula múltiples denuncias de los vecinos ante la Ertzaintza, que deben hacerse de forma individual, por ruidos, olores o partículas en suspensión. Aunque la empresa lleva instalada en este polígono 25 años, es desde hace diez, con su crecimiento, cuando los vecinos han empezado a organizarse para canalizar sus protestas ante las “molestias cada vez más importantes”. Como plataforma de afectados han acudido con sus quejas a la Diputación Foral de Álava y al Parlamento Vasco . “No nos han servido de mucho las denuncias políticas, nos sentimos abandonados por las instituciones”, dice Maika Campo. El próximo consejero que lleve la cartera de Medio Amiente tendrá que abordar el caso porque el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha presentado ya una pregunta para su respuesta por escrito sobre la empresa y el tema del incendio. Por parte del Gobierno vasco, en 2022, la propia consejera Arantxa Tapia reconocía que se habían realizado un total de 15 inspecciones al grupo Otua, de las que se derivaron 49 requerimientos por ruido y contaminación. Los requerimientos incluían la subsanación de irregularidades desde ir la superación de los niveles de ruido permitidos, hasta la existencia de niveles de emisiones, la superación del nivel de la capacidad para almacenar residuos o tener almacenados en el exterior de las instalaciones “bidones que contienen o han contenido residuos o materias peligrosas, extintores y bombonas”, además de mantener abiertas zonas de las naves , “no asegurando la contención de emisiones difusas”. Además se abrieron tres expedientes sancionadores. Uno de ellos se cerró con una sanción de 60.000 euros.
Fruto en parte de estos requerimientos, la empresa debía acometer la “cubrición de las labores a cielo abierto y el cerramiento en una nave con el fin de corregir y controlar algunas de las desviaciones y problemas detectados relacionados con el ruido y con la emisión de partículas”. Esa es la labor de “encapsulamiento de toda la zona norte” de las plantas, que “supone una inversión de más de 12 millones de euros”, señala Juanjo Álvarez. “La ha validado el Gobierno vasco industrialmente, la ha validado el Ayuntamiento y ahora estamos en la fase técnica de que hay que hacer una modificación puntual de las normas urbanísticas de Legutiano para posibilitar ese mayor volumen de la empresa que generas cerrando, que no da ninguna ventaja industrial, pero que tiene esa finalidad medioambiental. Requiere una modificación urbanística porque si no la licencia de obras para encapsular no nos la pueden dar”, dice. Reconoce que a veces es difícil de entender lo “lento que va”, pero que “sin licencia no se pueden acometer las obras para encapsular e intentar evitar las molestias, que no contaminación” insiste. “Si hubiera contaminación no continuaríamos con la actividad, ni nos dejarían continuar”.
A los vecinos todo les parecen “buenas palabras que se quedan en el papel”. Quieren de entrada una estación de medición de ruidos y de partículas en continuo “Llevamos años pidiéndola”. También quieren contar con un “plan de evacuación para situaciones de emergencia” como la del jueves. “¿Qué hubiera pasado si el viento hubiera soplado de otra forma y hubiera traído todo hasta Urrunaga? No tenemos forma de salir de aquí” denuncia Maika Campo. “Son empresas que tienen que estar muy controladas por las administraciones y nosotros no sentimos abandonados”, dice.
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