Un informe secreto de la Ertzaintza detalla cómo Aznar movilizó al CNI para vincular a ETA con el 11M

Los servicios antiterroristas de la Ertzaintza elaboraron el 12 de marzo de 2004 un informe “secreto” con el código 101L0400250 y bajo el título “Repercusiones del atentado de Atocha” en el que explicaban que el Gobierno de José María Aznar movilizó a los espías del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Euskadi “para buscar informaciones que relacionaran a ETA” con la autoría de la masacre ocurrida en Madrid 24 horas antes. Un confidente de la Policía vasca en la capital de España trasladó que el Ejecutivo del PP estaba “intentando por todos los medios relacionar a ETA con los árabes hasta después de las elecciones” generales, que iban a tener lugar 48 horas después. “Si esto no se conseguía, todos se iban al paro”, se puede leer en el documento confidencial al que ha tenido acceso elDiario.es/Euskadi y que evidencia que las maniobras para manipular a la opinión pública se pusieron en marcha inmediatamente después del ataque.

El informador, con apodo 'Zulo', tenía la calificación más alta como fuente en la base de datos de la Unidad de Información y Análisis (UIA, las siglas que tenía por entonces el equipo antiterrorista de la Policía vasca que también ha sido AVCS, DAI o ahora OCI). La Ertzaintza, al menos en aquella época, manejaba una escala de tres niveles para clasificar a sus confidentes: 'A' para los mejores, 'B' para los intermedios y 'C' para las menos fiables. 'Zulo' era del tipo 'A'. En cuanto a la “fiabilidad” de las revelaciones, medida también en la escala de 'A’, ‘B’ y ‘C', recibió una 'B' porque “la información habría que trabajarla un poco más”.

El reporte está escrito íntegramente en mayúsculas, que es cómo trabajaba la UIA. Está elaborado a las 10.15 horas del 12 de marzo, con prisa, a tenor de los abundantes errores de redacción. El más relevante, que obligó a hacer una corrección posterior, es que llamaba “Alkaeida” a “Al Qaeda”, la organización yihadista más activa en aquella época, que arrancó dos años y medio antes con el 11S en Estados Unidos. Por aquel entonces, la UIA estaba volcada en la lucha contra ETA y su entorno, y tenía nula especialización contra este tipo de terrorismo. Años después, ya reconvertida en OCI, ha ido evolucionando e incorporando nuevos perfiles de analistas y fuentes. Hay ya agentes que dominan el árabe, por ejemplo.

¿Qué dice el informe confidencial? La Ertzaintza explica que, “tras el atentado de Atocha, personas relacionadas con el CNI en Gasteiz fueron movilizadas para buscar informaciones que relacionaran a ETA con Alkaeida [sic]”. La Policía vasca indica que “estas personas”, es decir, los servicios secretos españoles y, por lo tanto, el Gobierno, “sabían desde el mediodía” del 11M que “había un coche con explosivos y algún documento árabe” –en referencia a la furgoneta localizada en Alcalá el mismo día 11 con siete detonadores y una cinta con versos coránicos– no pistas que condujeran a ETA. Era tal el interés por buscar nexos que, “según transcurría el día, empezaron a buscar una página web de origen italiano que podía comentar la relación de ETA con organizaciones árabes”, recoge el informe.

El CNI contactó con 'Zulo' a las 20.00 horas del 11 de marzo de 2004, el mismo día del atentado. Hablaron “varias veces”. El confidente, que también tenía contactos en la Guardia Civil, reportó después a la Ertzaintza: “El Gobierno de Madrid [en referencia al de España] está bastante odido [sic] porque sabían que no había sido ETA y sí Alkaeida”. “Había que intentar por todos los medios relacionar a ETA con los árabes hasta después de las elecciones, ya que si esto no se conseguía, todos se iban al paro”, se puede leer también el documento. Los servicios secretos llegaron a pedir a su interlocutor que, en su trabajo, hiciera lo posible por difundir la tesis de la autoría de ETA o, al menos, sobre la relación con “los árabes” de la organización vasca. “Había que crear confusión hasta después de las elecciones ya que había mucho en juego”, se indica también.

El hecho de que el Gobierno de Aznar señalara a ETA motivó que el lehendakari, entonces Juan José Ibarretxe, del PNV, realizara una dura declaración en las primeras horas de la mañana del día 11 contra esta organización, a cuyos integrantes llamó “alimañas”. “No son vascos; son simplemente asesinos”, declaró con contundencia. Más tarde, el ya entonces líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, negó en una rueda de prensa que ETA estuviera detrás de la matanza de Atocha, por el 'modus operandi' y por sus objetivos. Explicó también que la hipótesis más lógica era la del yihadismo y lo relacionó con el apoyo de España a Estados Unidos en la guerra de Irak. Su formación se llamaba entonces Batasuna y estaba ilegalizada por dar cobertura política a la violencia. ETA no había matado desde mayo de 2003 y no lo volvería a hacer hasta diciembre de 2006, en la T4 del aeropuerto de Barajas, aunque en el verano de 2004 sí puso bombas sin víctimas mortales en diferentes ciudades de la costa española.

Las maniobras puestas en marcha tras los atentados de Atocha por el Gobierno de José María Aznar, como las que detalla el informe, no dieron resultado ante las crecientes pruebas de la autoría yihadista. Cinco personas fueron detenidas por su vinculación con los atentados durante la jornada de reflexión. El 14 de marzo de 2004 se celebraron las elecciones generales. El PP, que estrenaba a Mariano Rajoy como líder, perdió frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

El origen del informe: un sumario de corrupción

Este documento y otros informes internos de la Ertzaintza sobre la izquierda abertzale, la Guardia Civil, el entorno de ETA o cuestiones políticas vascas relevantes en aquellos años fueron desclasificados en el marco de una investigación de corrupción. En marzo de 2010, ahora hace 14 años, el juez de Vitoria Roberto Ramos y el entonces fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, ordenaron la detención de tres dirigentes del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería. Se registraron sus viviendas y se incautaron de sus equipos informáticos.

Era el inicio del 'caso De Miguel', la mayor trama destapada hasta ahora en Euskadi y que tiene a los tres en prisión desde el año pasado, al igual que al también excargo del PNV Xabier Sánchez Robles. En la revisión de un disco duro de Tellería, que también había sido concejal en Vitoria y juntero o director de Agricultura en Álava, aparecieron seis fichas con apariencia policial. Se mencionaban confidentes de la Ertzaintza, estaban escritos en mayúsculas y mencionaban por su apodo interno a algunos agentes de la UIA.

Por este motivo, Ramos e Izaguirre abrieron una pieza separada e imputaron también a dos ertzainas de la oficina de Álava de la UIA que, además, eran afiliados del PNV o muy próximos a él. Desde esa misma unidad se había accedido antes de modo irregular al sumario del 'caso De Miguel' en el mismo día de las detenciones. Es en esta investigación donde aparecieron decenas de documentos internos de los servicios antiterroristas de la Ertzaintza. El caso 'quemó' fuentes y procedimientos y desnudó las debilidades de la UIA, que muchas veces tenía que recurrir a agentes dobles para obtener datos. Hubo un juicio en 2013 y Tellería y los dos policías fueron absueltos porque las fichas halladas no eran como tal documentos internos y porque faltaban pruebas para demostrar que Tellería dirigía una red de espionaje paralelo valiéndose de medios policiales.

Debido a la sensibilidad del material, el informe sobre el 11M y el resto de reportes internos llegaron al juzgado con las máximas medidas de seguridad. El ertzaina 03701, de la Policía judicial, recogió en la base central del cuerpo, en Erandio, un saco con el material confidencial el 5 de enero de 2011. Se le puso el precinto C153556. Cuando llegó a Vitoria, el ertzaina 06312 se encargó de su custodia. Pasadas las festividades navideñas, el 10 de enero, se hizo entrega al juez Ramos del saco. Una secretaria judicial levantó acta de la apertura de la bolsa. La describió como “una bolsa-consigna o saca de color azul oscuro” que venía “perfectamente precintada” y que “cierra con una cremallera que se encuentra lacrada”. “En el lacrado de la cremallera figura la siguiente numeración: C153556”, escribe.

El propio juez Ramos abrió la bolsa y encontró un oficio del jefe de la unidad antiterrorista con una explicación del material, un archivador de color rojo con los informes (175 páginas) y también un listado de confidentes policiales entre los que, por ejemplo, figura el nombre de un familiar directo del líder de uno de los principales partidos políticos de España, además de periodistas, agentes de otros cuerpos o empresarios.

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