El futuro de la principal empresa adjudicataria de la contrata de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la catalana Grup La Pau, que gestiona los servicios urgentes y programados de Bizkaia y de Álava, está más en el aire que nunca. Por un lado, la Inspección de Trabajo ha emitido un acta de infracción -son ya dos docenas en el último año- al estimar que la compañía no ha seguido los pasos legales exigibles para aplicar un descuelgue del convenio, es decir, para acometer un recorte unilateral de los salarios. Por otro lado, los sindicatos han rechazado finalmente una “alternativa” de la empresa a esos recortes, que era “prorratear” el pago de la paga extraordinaria de verano. Osakidetza tiene que decidir con estos mimbres si vuelve a adjudicar a esta cooperativa el servicio no urgente o programado, que implica del orden de dos tercios de un coste total para Euskadi de 135 millones.
La Inspección de Trabajo, un órgano de doble dependencia Estado-comunidad autónoma, recuerda que el origen de este conflicto fue una larga huelga que se acabó a dos días de las elecciones vascas con la promesa de subidas salariales de hasta el 30%. Días después, cuando tocaba renovar la contrata de ambulancias programadas (las de color azul y blanco), UGT solicitó paralizar el proceso al remarcar que empresas sancionadas no pueden acceder a contratos públicos. Grup La Pau tiene 23 expedientes de la Inspección de Trabajo solamente el último año y uno de ellos es “muy grave” por retrasos en el abono de las nóminas. Una reciente resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) dio a la razón a UGT y forzó a Osakidetza a volver a evaluar la documentación de Grup La Pau a la luz de esos hechos antes de formalizar la adjudicación. Mientras, la compañía aseguró estar en “quiebra técnica” sin los recursos del nuevo contrato, aunque en agosto de 2023 viera renovada la adjudicación del servicio urgente (ambulancias amarillas), que le reporta dos tercios de unos 147 millones. Ése es el motivo del descuelgue propuesto, aunque en paralelo -según resalta como incoherencia la Inspección de Trabajo- volviera a prometer el nuevo convenio y las subidas del 30%.
La Inspección de Trabajo remarca que Grup La Pau anunció los recortes -12,5% menos de sueldo y pluses y retirada de la 'extra' estival- a las 23.00 horas de un martes de junio y que no activó en tiempo y forma un período de consultas con los representantes de la plantilla. Además, indica que “no se han atendido las solicitudes” para elaborar un censo para crear una comisión negociadora. También se apunta a que “la empresa se ha negado a proporcionar las cuentas completas” aunque las causas de la inaplicación del convenio sean “económicas”. Más bien, se presentó como un todo o nada para que la empresa que gestiona un servicio público esencial no se fuera a pique. Se destaca también que la misma empresa que buscaba un descuelgue por no llegar a las condiciones laborales pactadas prometiera subidas generalizadas casi de modo simultáneo.
El pasado viernes, cuando ya estaba elaborado el informe de la Inspección de Trabajo crítico con el descuelgue, Grup La Pau intentó un acuerdo con los sindicatos con una “alternativa”, que se firmara aceptar retrasos en el abono de la paga de verano. El objetivo es que ahora que Salud tiene que volver a evaluar la contratación se pueda retirar de la mesa el problema que ha dado origen a todo el conflicto, los retrasos en las nóminas que motivaron la sanción “muy grave” que motivó el recurso de UGT.
Grup La Pau y sindicatos se han reunido este lunes en la sede del Consejo de Relaciones Laborales en Bilbao. El área de Trabajo del Gobierno vasco está mediando en este proceso. “No se ha logrado un acuerdo”, consta en el acta. LAB, ELA, UGT, ESK, LSB-USO y CCOO han rechazado la alternativa planteada. Algunas organizaciones lo han hecho previa consulta a sus bases, como LSB-USO. ¿Qué ocurrirá? Las partes quedan ahora en manos de un “proceso de mediación”. José Ignacio Varas iniciará este jueves su labor y emitirá un laudo que deberán cumplir las partes.
En paralelo, el principal grupo de la oposición, EH Bildu, ha registrado una iniciativa en el Parlamento Vasco para “publificar” las emergencias de Osakidetza siguiendo la estela del acuerdo alcanzado entre la formación abertzale y el Gobierno de Navarra, que ya ha creado una empresa pública que sustituya a las subcontratas. Entiende EH Bildu que el Ejecutivo “consciente o inconsciente” ha situado las ambulancias en la “periferia” de las prioridades de la Sanidad vasca. La coalición pide al nuevo consejero del ramo, Alberto Martínez, que establezca un “calendario” y que “consensúe” un modelo con los agentes implicados.
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