La Inspección de Trabajo ha constatado que la cooperativa Grup La Pau adeuda buena parte de la paga extraordinaria de verano a los trabajadores de la contrata de ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). En concreto, la compañía catalana gestiona el servicio urgente (vehículos amarillos) y el programado (azules y blancos) tanto en Bizkaia como en Álava y dispone de unos 1.700 empleados en Euskadi. Los hechos han recibido la consideración inicial de falta “grave”.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la Inspección de Trabajo ha realizado un “requerimiento” para que Grup La Pau “proceda al abono de las gratificaciones extraordinarias correspondientes al mes de julio de 2024” en su totalidad antes del 15 de noviembre. No se trata todavía de una sanción, pero sí de un aviso muy relevante. Y es que Grup La Pau acumula dos docenas de infracciones laborales en un año y, como se recuerda en el último informe sobre la paga de verano, varias de ellas tienen que ver precisamente con retrasos en el pago de las nóminas.
En concreto, se mencionan tres expedientes de 2023 y otros tantos de 2024 por “abono tardío de los salarios”. Uno de los casos llegó a recibir la calificación de falta “muy grave”. El sindicato UGT quiso evitar la renovación de la contrata del servicio programado porque la normativa impide que las compañías sancionadas reciban adjudicaciones públicas. Logró parar unos meses el contrato y que se revisara; pero, finalmente, Osakidetza reeditó su confianza en La Pau e incluso destacó su “solvencia” y “fiabilidad”. Esto llegó a finales de julio, cuando ya era público que no se había abonado la extra. Pocos días después, en cambio, se conoció que Salud iba a imponer una multa de un millón de euros por incumplimientos en las condiciones del servicio hasta octubre del año anterior.
La propia compañía lleva meses dando pistas de su delicadísima situación económica. Los gestores lo achacan a las huelgas y al absentismo, así como al sabotaje de vehículos. También han recalcado públicamente que los retrasos en las nóminas eran cosa de “días” y hechos aislados. ¿Qué opina la plantilla? Fuentes sindicales indican que la deuda acumulada desde julio con la paga extraordinaria es del 75% de su cuantía. Y abundan: “Hay trabajadores que han cobrado esta semana la nómina de agosto o temporales que tienen deudas desde febrero. ¿Quién va a pagar esta fiesta? La ansiedad de si vas a cobrar o no es muy grande en la plantilla”.
Entretanto, hace dos semanas fuentes internas adelantaron que Grup La Pau tiene intención de renunciar a los contratos en Euskadi, es decir, que no considera ya seguir gestionando el transporte sanitario programado y urgente de Bizkaia y de Álava (Ambulancias Gipuzkoa gestiona ese territorio). La compañía, oficialmente, lo negó con rotundidad, aunque las fuentes consultadas insisten en que Osakidetza está manteniendo reuniones continuas con el sector para determinar el alcance de esta posible crisis.
La central LSB-USO, a la luz de los acontecimientos, ha comunicado por carta al lehendakari, Imanol Pradales, al consejero de Salud, Alberto Martínez, y a la viceconsejera, Lorea Bilbao, que retomará a partir del 15 de octubre un calendario de “movilizaciones”. “Es inaceptable que se permita la continuidad de una empresa que de forma reiterada incumple con las obligaciones sociales y salariales recogidas en el Convenio Colectivo del Sector de Transporte Sanitario en Euskadi. Exigimos que se tomen medidas inmediatas para asegurar que los trabajadores reciban sus salarios íntegros, sin más dilaciones ni excusas”, se puede leer en la misiva, que lleva adjunta la nueva infracción constatada por la Inspección de Trabajo.
Y siguen: “No sólo se está produciendo un incumplimiento en las condiciones laborales de los trabajadores. Podemos afirmar categóricamente que el servicio de transporte sanitario no está siendo prestado en multitud de ocasiones por parte de la concesionaria. A día de hoy, podemos asegurar que la atención de las emergencias en los territorios donde opera esta mercantil no está garantizada, lo que supone un grave riesgo para la salud pública y pone en peligro la vida de los ciudadanos. Esta situación es absolutamente intolerable y requiere una respuesta urgente y contundente por parte de la Administración”.
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