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Una jueza investiga tráfico de influencias del ex alcalde de Bermeo

Juan Karlos Goienetxea, ex alcalde de Bermeo y actual concejal de Urbanismo.

Alberto Uriona

Bilbao —

Un juzgado investiga presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación del ex alcalde de Bermeo y actual concejal de Urbanismo Juan Karlos Goienetxea (EH Bildu) y un constructor por la reclasificación de un solar para construir 40 pisos. La demanda, investigada desde diciembre por la titular del juzgado de instrucción número 2 de Bilbao, que ya tomado declaración al denunciante, sostiene que el Ayuntamiento cambio un terreno de urbanizable a urbano sin informes técnicos que lo avalasen, lo que ha supuesto un beneficio de tres millones de euros. En la documentación presentada hasta ahora ante el juzgado por el consistorio, no se ha aportado ningún estudio técnico que avale el cambio.

Fuentes municipales han asegurado que la licencia concedida a estas viviendas “se ha dado en base a un plan general aprobado inicialmente en la legislatura anterior, un plan cuya tramitación ha transcurrido durante unos cuantos años y ha seguido todo los pasos legales en base a los informes jurídicos y urbanísticos de los técnicos, los propios del ayuntamiento y también de la Diputación y de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco”. Han agregado que el plan general fue aprobado “por unanimidad en el pleno municipal. En esta legislatura no se ha procedido a ninguna modificación para conceder la licencia que se ha ooncedido en base a la legalidad vigente”.

Este caso se une a otro en tramitación en el ayuntamiento de Bermeo contra otro ex alcalde, Xabier Legarreta (PNV) –actual director de Igualdad de la Diputación de Bizkaia- por otra operación urbanística que supuso un quebranto de 3,4 millones para las arcas municipales y al que se le imputan dos delitos.

El denunciante es propietario de terrenos colindantes al solar reclasificado y en 2008 pidió que pasaran de urbanizables a urbanos. Este cambio es sustancial ya que evita, en caso de una actuación urbanística, importantes gastos: no hay que pagar al ayuntamiento costes de urbanización, ni entregar al municipio el 10% de los aprovechamientos urbanísticos y se exime de la obligatoriedad de edificar un 65% de vivienda protegida, con bastantes menos márgenes de beneficio que la libre.

La solicitud de reclasificación fue denegada por el Ayuntamiento de Bermeo en 2008 y posteriormente el constructor imputado, Tomás Tardío, que empezó a comprar terrenos en la zona, también pidió el cambio, rechazado igualmente por los técnicos municipales.

“Notas manuscritas”

En esos años comenzó a tramitarse el cambio del Plan General Urbanístico (PGOU) de Bermeo, que quedó aprobado en 2012, y “en un momento que no ha podido concretar” el denunciante, aparece el cambio a urbano del solar adquirido por el constructor. La demanda agrega que no aparecen informes técnicos que avalen el cambio pero que “en copias del PGOU entonces en tramitación aparecen notas manuscritas e indicaciones del Sr. Goienetxea alterando determinaciones del documento en tramitación que finalmente se elevaron a definitivas”.

La construcción de las viviendas avanza rápido y ya se están edificando 16 de las 40 previstas. Además de señalar la posible comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, el denunciante exige la suspensión de las edificaciones y que no se concedan más licencias de obras.

En su declaración ante el juzgado, el pasado 24 de enero, el denunciante señala que ha presentado la demanda penal al estar paralizada su reclamación en la vía contenciosa y “ante la falta de respuesta” del ayuntamiento tras entrevistarse con Goienetxea (quien fue alcalde durante 16 años) y la alcaldesa de Bermeo. “Me consta que el señor Goienetxea tiene relaciones de amistad con los constructores que actúan en Bermeo, entre ellos el señor Tardío”.

En su testimonio, como señala en la denuncia, incluye que, al denunciar los hechos, el ayuntamiento le abrió un “expediente penal” (luego retiró la expresión penal, que no compete a un ayuntamiento) por las obras de un caserío de su propiedad, que atribuye a una venganza. La denuncia “la ha interpuesto [el constructor] Tardío según me ha llegado aunque he solicitado documentación para verificarlo”.

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