La investigación de las filtraciones en las oposiciones de la Sanidad vasca pasa a manos de la juez Cristina Rodríguez en el tercer aniversario

Este martes se cumplen tres años de que Pedro Sánchez accediera a La Moncloa tras prosperar la moción de censura contra Mariano Rajoy por la sentencia del 'caso Gürtel'. Ese mismo día, a las 14.00 horas, también trascendieron las primeras denuncias de filtraciones de exámenes para beneficiar a candidatos muy concretos en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). La investigación está ahora residenciada en un juzgado de Vitoria y hay ya siete personas imputadas y una veintena de categorías de aquella OPE investigadas. Pero mucho es el terreno por desbrozar, tanto que parece utópico que en algún momento se fijara como final de la investigación septiembre de 2020. Un ejemplo: este periódico publicó el testimonio de un vocal del examen de Traumatología que vio que los mejores exámenes eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección y no se han analizado aún esos documentos. La COVID-19 también ha generado retrasos. Es más, la noticia en el aniversario es que se estrena al frente del sumario una tercera instructora en este tiempo. Se trata de la magistrada Cristina Rodríguez Ruiz.

Aquel 1 de junio, este periódico dio cuenta de las sospechas suscitadas por los resultados en Anestesiología y Cardiología. En el primero de los casos, tres opositores interinos del hospital del Alto Deba, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, habían denunciando que había pucherazo. Su sindicato, ESK, y la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Cristina Macazaga revelaron que habían hecho una 'porra' ante notario con quienes iban a tener la mejor nota y las previsiones se cumplieron. En paralelo, la Cadena Ser informó de una carta de un miembro del tribunal de Angiología en el mismo sentido. 72 horas después se produjo un pronunciamiento del entonces consejero de Salud, Jon Darpón, en el que fijó ya la línea argumental para los meses siguientes. No había “elementos objetivos” que probaran las filtraciones, a pesar de que un análisis estadístico mostraba notas casi perfectas en pruebas difíciles, que esos 'dieces' coincidían con el número de plazas en juego y que muchos de esos mejores expedientes eran de compañeros de hospital de los autores de las preguntas. Darpón, a quien en aquella rueda de prensa la directora general de Osakidetza, la también dimitida María Jesús Múgica, llegó a tener que agarrar del brazo pidiéndole tranquilidad, espetó en otra comparecencia a la oposición que esto no era “Venezuela” y que no se podía hacer acusaciones de fraude sin pruebas. Más tarde se conoció que el Departamento de Salud solamente activó una investigación interna después de que el asunto trascendiera a los medios de comunicación ya que, al menos en el caso de Cardiología, el vocal del tribunal Ángel Loma-Osorio había expuesto con claridad sus sospechas. En los exámenes de Anestesia se vio también que había patrones comunes de redacción, de orden y hasta de fallos.

Los primeros pasos de la investigación judicial los dio la Fiscalía. El caso lo asumió en primera persona la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, que bebió de las conclusiones de los expedientes internos realizados por Osakidetza. No obstante, Osakidetza no entregó a Adán todo el contenido de sus pesquisas, solamente sus conclusiones, en las que la clave era la ausencia de esos “elementos objetivos”. Con todo, el ministerio fiscal sí vio indicios suficientes de delito y remitió el caso a un juzgado de Vitoria para el inicio de una causa penal. Eso fue en febrero de 2019. Lo llamativo es que el juzgado pudo acceder a documentación mucho más amplia y en la que sí había elementos todavía más claros para asegurar que en la OPE se habían producido irregularidades. Los expedientes de los instructores internos de Osakidetza no recogían todos los testimonios grabados de vocales y opositores. Este periódico los público en su integridad y en ellos, además de las “fotocopias” de Traumatología, se aludía a un “tongo” en Angiología o a que el sistema de filtraciones era “vox populi” en Cardiología. Había denuncias igualmente en Digestivo o Cirugía Plástica.

Y más testimonios. En los audios se escuchaba a una de las instructoras de Osakidetza, la exdirigente del PNV y exconsejera Belén Greaves, diciendo en plenas declaraciones que esperaba que el asunto no llegara a los tribunales y que quedara “en el ámbito interno”. También otra doctora, Izaskun Obieta, señaló que la consejera que relevó a Jon Darpón, Nekane Murga, era conocedora del sistema por una conversación que mantuvo con ella años atrás. De Obieta se dijo que sus comentarios no valían “para nada” y de los anestesistas denunciantes que les iban a denunciar ante la Fiscalía por “tentativa de actuación fraudulenta”, algo que no consta que se produjera nunca.

Ahora mismo la nómina de imputados, la componen siete personas. Son José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía) y Javier Meléndez (Cirugía Plástica). También han declarado otros testigos. En el caso de la exdirectora de Osakidetza, María Jesús Múgica, pudo escapar de los periodistas gracias a un comisario y dos ertzainas del Palacio de Justicia y una investigación lo vio claramente “irregular”.

“Lo que se ha sabido por ahora no es mucho”

El caso recayó en el juzgado de instrucción número 2 de Vitoria. La titular de la sala es Ana Jesús Zulueta. Pero en aquel momento estaba reforzando la Audiencia Provincial de Álava, dedicada casi por entero al macrojuicio y posterior sentencia del gran caso de corrupción que se ha conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', que se saldó con condenas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y que ahora revisa el Tribunal Supremo. Así las cosas, fue la sustituta de Zulueta, Yolanda Varona, la que dio los primeros pasos. Terminado el 'caso De Miguel', Zulueta regresó a su plaza y ha dirigido la causa hasta fechas recientes. Pero en las últimas semanas ha vuelto a la Audiencia Provincial de Álava para otra sustitución. Precisamente el que fuera presidente del tribunal de aquel macrojuicio, Jaime Tapia, ha sido fichado por el Gobierno vasco para asesorar en la puesta en marcha del nuevo modelo penitenciario vasco después de la transferencia de Prisiones acordada con Pedro Sánchez y que será efectiva desde el 1 de octubre. Y su plaza ha recaído de manera temporal en Zulueta. En los últimos días, mientras Varona tomaba posesión de otro juzgado de Vitoria, la magistrada Rodríguez Ruiz ha sido designada para dirigir esa sala.

“Aunque parece que hay avances con imputaciones y testigos, el cambio de magistradas no parece que esté ayudando a la resolución de la investigación. Lo que se ha sabido por ahora no es mucho”, explica Manoel Martínez, uno de los tres anestesistas denunciantes. Añade su colega Roberto Sánchez que “evidentemente la pandemia lo ha retrasado todo y es un proceso complejo”, pero apunta a que “las acusaciones particulares se encuentran con trabas por parte de Osakidetza” para recopilar información. “Han pasado tres años y ya nos avisaron que el procedimiento iba a ser largo... Pero la Justicia no dejar de ser otro servicio público precarizado, falto de personal y de recursos”, concluye Marta Macho.

El asunto de la colaboración de Salud con el juzgado sigue muy presente tres años después. Los correos electrónicos sobre algunos exámenes orales, que se solicitaron por vez primera en junio de 2020, han llegado hace pocas fechas y no con toda la amplitud que ha requerido el juzgado después de cinco intentos. En la sesión de control al Gobierno que se celebró este viernes en el Parlamento Vasco, la representante de EH Bildu Rebeka Ubera preguntó por ello a la actual consejera de Salud, Gotzone Sagardui, que enumeró decenas de requerimientos que han sido atendidos por la Administración como ejemplo de diligencia.

“Estamos en un 'impasse'. La investigación judicial va avanzando, es cierto, pero no tan deprisa como quisiéramos. Pero va avanzando a pesar de los obstáculos que la propia Osakidetza quiere poner constantemente”, explica Patxi Nicolau, del sindicato ESK, uno de los dos que está personado como acusación junto con LAB. “Pero aún así estamos consiguiendo sacar a la luz y poner encima de la mesa la evidencia, lo que todo el mundo sabía, que en el proceso de selección había un sistema clientelar que estaba montado en base a lo que las diferentes jefaturas querían y deseaban para sus acólitos. Y estaba conocido, avalado e impulsado incluso por personas que han pasado por las diferentes Consejerías de Salud así como por los responsables de la dirección de Osakidetza”, abunda Nicolau.

“La acusación ejercida por un sindicato como LAB es sumamente útil. Se han puesto infinidad de diligencias encima de la mesa que vienen a apuntar que no era algo puntual, sino algo generalizado. Y además estaba planificado. La dirección era conocedora y tomaba decisiones para intentar perfeccionar el sistema o hacerlo indetectable”, explica Jesús Oñate, recordando que antes de esta OPE se prometió una convocatoria “limpia” -¿las anteriores no lo fueron?- y se externalizó la realización de algunas partes al Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), ajeno a Osakidetza. Pero el IVAP ya reconoció que no tiene especialistas médicos y, en verdad, pidió al Servicio Vasco de Salud una lista de autores de los exámenes, que habitualmente fueron miembros de los tribunales. “Osakidetza tomó unas medidas antes para intentar dibujar una OPE transparente y esas medidas, como la incorporación del IVAP, no eran más que instrumentales. En el fondo, Osakidetza seguía manteniendo el control de la designación de quiénes hacían los exámenes”, añade. Por ello, LAB demanda “la imputación del núcleo operativo encargado de todo, una serie de altos cargos de la dirección de Osakidetza”. Menciona también que se creó un “manual operativo” para garantizar el anonimato durante las correcciones, por ejemplo, pero que la dirección también autorizó no aplicarlo al permitir exámenes orales en pruebas como Urología o Neurocirugía. En una de ellas, la secretaria del tribunal confesó sentirse extrañada por ver el contraste entre unos aspirantes que se lo sabían todo al dedillo y otros que no.

“No hay ninguna medida encima de la mesa para evitarlo en futuras oposiciones”

“Repartir plazas de empleo público de forma discrecional es un delito. Debe ser expuesto a la sociedad como algo grave”, subraya Oñate. ¿Y este caso ha servido para cambiar el sistema? “No hay ninguna medida encima de la mesa para evitarlo en futuras oposiciones”, señala Nicolau, que pide “un 'mea culpa' y un compromiso explícito de que no vuelva a pasar”. La propuesta de ESK incluye una “regeneración democrática” en las jefaturas de servicio de los hospitales. “Osakidetza debe recapacitar, salir de la fase de negación, aceptar que se produjo y tomar las decisiones para que no se vuelvan a producir. El nuevo modelo planteado lo único que hace es blindar los criterios subjetivos y un reparto de plazas fuera de condiciones de igualdad”, coincide Oñate.

“Los estamentos en jefaturas, direcciones y gerencias deberían ser sacudidas y renovadas. Que no sean cargos vitalicios. Que puedan ser evaluados. Va pasando el tiempo y lo que se va madurando es una nueva forma de hacer lo mismo de forma legal pero 'a dedo' igualmente”, señala Macho. Sánchez es también pesimista: “En Osakidetza no ha cambiado nada. Hay un poder en la sombra, que son las jefaturas de servicios. Este asunto de la OPE es simplemente un síntoma. Los que estaban en los tribunales siguen pensando que estaban en su derecho de cometer ese delito. Los denunciantes seguimos siendo los traidores. El delito ha sido tan flagrante que seguramente alguna condena simbólica habrá. pero llegará cuando ya no importe”.