La investigación judicial de las irregularidades en las oposiciones de la Sanidad vasca vuelve a quedar “muerta”

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) va fijando ya poco a poco el calendario de la nueva oposición que se celebrará en 2022: este jueves ha anunciado que habrá pruebas el 18 y 19 de junio en Vitoria y el 2 y 3 de julio en el BEC de Barakaldo. Sin embargo, la OPE celebrada en 2018 continúa siendo investigada en un juzgado de Vitoria por la cascada de denuncias de irregularidades en las categorías de especialidades médicas. Se cumplen ahora cuatro años de aquellos exámenes en los que se sospecha que hubo filtraciones pero el sumario judicial está completamente parado y sin un horizonte claro. Desde enero, cuando se decretó una segunda prórroga de seis meses en la investigación porque quedaban pendientes declaraciones, recursos y revisión de documentos, no se ha movido un solo papel, según han explicado a este periódico tres fuentes judiciales.

“No ha habido nada y tenemos otra OPE encima”, explica una de ellas. “Me preocupa. Estamos sin ninguna noticia. Somos muy respetuosos con el proceso y entendemos que es una causa compleja pero podría haber un esfuerzo mayor. Que a estas alturas no tengamos noticias es un síntoma de preocupación”, explica Patxi Nicolau, del sindicato ESK, personado como acusación popular desde el inicio de la causa judicial. Otra fuente añade que todavía están pendientes recursos presentados en septiembre y afirma con rotundidad: “Está muerto”. Hoy es el día en que todavía no se han incorporado a la causa todos los exámenes de las categorías bajo sospecha a pesar de que en las únicas dos en que sí se han revisado, Anestesia y Traumatología, hay claros indicios de anomalías, como redacciones en un mismo orden, errores repetidos y hasta palabras clave escritas en el mismo formato.

LAB también está personado. “Sabemos que es una causa de suma complejidad, pero llegados a este punto donde hemos oído testimonios clarísimos, denuncias de filtración o exámenes con subrayados clave no hay otra opción que quienes diseñaron la OPE (el equipo directivo de Osakidetza) respondan a todas las cuestiones que aún siguen sin aclararse”, entienden desde la central, cuyo letrado es Iñigo Santxo y que tiene pendiente que se resuelvan los recursos ante la decisión de no citar como imputados al exconsejero de Salud, Jon Darpón, dimitido por este caso, y otros excargos de la Sanidad vasca. “Nuestra tesis defiende que la dirección sabía de las filtraciones antes, durante y después de producirse y sólo se tomaron medidas de nula profundidad cuando saltó a la luz pública el escándalo. Hay denuncias previas ante las que no hicieron nada y hay reuniones clandestinas de directivos del IVAP [Instituto Vasco de Administración Pública] y Osakidetza con filtradores y beneficiados que se han ocultado durante años. Por otro lado, los exámenes encierran las evidencias más claras como se ha visto en los pocos conocidos hasta ahora, por lo que entendemos que no hay otra opción que aportarlos a la causa”, explica LAB.

El historial de estas diligencias de investigación ha sido, cuanto menos, azaroso. La investigación previa la llevó a cabo la fiscal superior del País Vasco, la recientemente reelegida Carmen Adán y lo hizo sin que Osakidetza le entregara todo el material del que disponía, por ejemplo horas de grabaciones en audio con testimonios de testigos que denunciaban desde “tongo” hasta que algunos exámenes eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección. Después, el caso recayó en el juzgado de Instrucción 2 de Vitoria y por él han pasado ya tres titulares en estos años, Yolanda Varona, Ana Jesús Zulueta y, desde hace un año, Cristina Rodríguez Ruiz.

El pasado verano a Rodríguez Ruiz le correspondía decidir sobre el final del plazo ordinario de investigación. Se vivió un momento de tensión porque pasó la fecha sin que comunicara oficialmente nada y, finalmente, ya a la vuelta de las vacaciones, se emitió un auto autorizando una prórroga de seis meses, hasta finales de enero, y planteando algunas nuevas imputaciones y solicitudes de información. Pasaron los meses sin casi movimientos y, de nuevo, casi al final del período fue cuando surgieron las novedades. Este periódico publicó la llegada de los exámenes de Traumatología años después de que un testigo, el vocal del tribunal Enrique Uriarte, alertara de la existencia de filtraciones. De su lectura se desprende que los aspirantes que sacaron las mejores notas –rayanas a la perfección en muchos casos– coinciden en tener marcada una misma palabra clave –un nombre propio– en cada uno de los tres casos clínicos de que se componía el examen práctico. Son Lenke, Mason y Lichtman –en ocasiones se sustituye igualmente por Reagan Morrey– y siempre aparecen en mayúscula y subrayadas. Incluso aunque estén escritas con pequeños errores, se visan como correctas.

Y de nuevo 'in extremis' se autorizó otra prórroga al entender que había sido “imposible” completar el trabajo. Se fijó como nueva fecha para el final de las pesquisas finales de julio, aunque desde entonces hasta ahora no ha habido ningún avance. Desde el entorno de los imputados ya se había mostrado con las anteriores prolongaciones cierta sorpresa porque no ven muy justificado que se mantenga abierta una investigación y que luego no haya movimiento. Esa nómina, hasta el momento, la componen veinte personas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y los vocales Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica. Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones.