La magistrada de Durango Laura Yuste mantiene abierta una investigación secreta sobre la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, que se derrumbó en febrero de 2020 y en el que fallecieron dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, según explican fuentes judiciales. Se trata de la tercera pieza judicial activada ya por los hechos de Zaldibar y se inició en 2023 aunque, hasta ahora, nada ha trascendido sobre su contenido e implicaciones más allá de que se analizan posibles delitos “contra la ordenación del territorio”. En paralelo, Verter Recycling, como se llamaba esa compañía, sigue adeudando más de 30 millones de euros al Gobierno vasco por las labores de emergencia de 2020 y por las nuevas obras completadas este verano para asegurar la estabilidad de las instalaciones, que estaban ubicadas en una ladera y en las que hay que encapsular los residuos aunque ya no vayan a entrar nuevos.
La primera causa penal por el mayor desastre ambiental conocido en la Euskadi contemporánea se cerró con un acuerdo en el que los gestores de la empresa Verter Recycling, titular de la instalaciones de Zaldibar, asumieron su responsabilidad por el fallecimiento de los operarios (jurídicamente un homicidio imprudente) y abonaron una elevada suma de dinero a las familias en concepto de indemnización para así evitar la entrada en prisión. La segunda, aún en curso, analiza los posibles delitos ambientales detrás de la catástrofe y en ella, además de los gestores de Verter Recyling, están imputados funcionarios de Medio Ambiente del Gobierno vasco.
Según informó en 2023 el diario 'Berria', la Ertzaintza elaboró un informe en su calidad de Policía judicial para este sumario en el que se apuntaba ya a la posible existencia de delitos “contra la ordenación del territorio” previos a las responsabilidades penales por el alud de 2020, antes del cual Verter Recycling había recibido avisos sobre la posible inestabilidad del vertedero, que estaba ubicado en una ladera. Ese informe policial, en concreto, apuntaba a que la empresa gestora, a cuyo frente estaba José Ignacio Barinaga, un relevante empresario de Eibar, habría incumplido la normativa urbanística del Ayuntamiento de Zaldibar al haber utilizado 65.000 metros cuadrados adicionales de terreno con respecto a la licencia que se le había concedido, de 137.000. En parcelas agrarias se habían almacenado también residuos, siempre según ese informe.
La existencia de la nueva investigación consta en la memoria de la Fiscalía del año 2023, publicada la pasada semana coincidiendo con la apertura del año judicial en Madrid. El ministerio fiscal, cuando repasa la situación del caso de Zaldibar, simplemente lamenta los retrasos en la investigación de los delitos ambientales -señala que las huelgas de funcionarios y secretarios judiciales “dificultó” algunas diligencias el pasado año- pero sí añade que se inició un nuevo procedimiento con código 449/2023 por “un presunto delito contra la ordenación del territorio”. Este periódico ha tratado de averiguar más detalles sobre esa pieza separada pero la explicación oficial es que sigue bajo secreto de sumario un año después, por lo que no se pueden ofrecer más datos. En todo caso, ha asumido la instrucción la misma magistrada de Durango, Laura Yuste. Según el Código Penal, por este tipo de delitos, que en los casos más graves comportan penas de cárcel, pueden ser sancionados no solamente los beneficiarios sino también los funcionarios que hayan permitido las posibles irregularidades.
En paralelo, este verano el Gobierno vasco ha completado ya las obras de “estabilización” de Zaldibar. En 2023 nuevos informes y estudios apuntaron que la estabilidad estaba comprometida a pesar de las labores acometidas en 2020 después de que finalizara la fase de emergencia y de búsqueda de los cadáveres de los fallecidos. Según fuentes oficiales de Medio Ambiente, una cartera ahora dirigida por el nuevo consejero Mikel Jauregi en sustitución de Arantxa Tapia, en las últimas semanas se ha completado la “impermeabilización” del vaso de modo que en los próximos “cinco o seis años” la “estabilidad no se va a ver comprometida cada vez que llueva con intensidad”.
El Ejecutivo recalca que son trabajos que realiza de modo “subsidiario”, es decir, que la factura la ha de asumir Verter Recycling. Sin embargo, aquí hay un problema. La empresa entró en concurso de acreedores primero y fue disuelta después. Técnicamente, la ley faculta a la Administración a reclamar la deuda a los responsables de la compañía a título individual, aunque se admite que es un proceso lento y farragoso. Se da la circunstancia de que los administradores de Verter Recycling no solamente deben las cuantías de estas actuaciones recientes sino lo que costó todo el proceso de recomposición de la montaña tras el alud. Son más de 30 millones de euros. Se estima que se desplazaron 800.000 metros cúbicos de tierra y que no será hasta 2050 cuando se regenere del todo la zona desde el punto de vista naturalístico.
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