La investigación de las oposiciones de la Sanidad vasca vuelve a estar en el aire tras seis meses casi sin avances

Ya han pasado los seis meses. Esta semana se vuelve a acabar el plazo máximo de la investigación judicial de las denuncias de filtraciones en los exámenes médicos de la OPE celebrada en la primavera de 2018 por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y el sumario se asoma nuevamente al abismo, ya que casi cuatro años después continúan sin despejarse muchas incógnitas. Al menos una de las tres acusaciones, el sindicato LAB, ha solicitado ya una nueva prórroga que debería decidirse antes del 29 de enero, pero otras partes cuestionan que sea necesaria cuando el sumario apenas ha avanzado de julio hasta este momento de la mano de la magistrada instructora, Cristina Rodríguez Ruiz.

¿Qué ha ocurrido en estos seis meses? De entrada, la anterior prórroga hasta el 29 de enero fue comunicada mucho después, ya en septiembre. La resolución judicial, en sí misma, ya fue objeto de polémica, tanto por la forma como por el fondo. En cuanto a la forma, fue objeto de un recurso por el abogado defensor de uno de los imputados, ya que llegó con un auto brevísimo en el que no se motivaban las razones para no dar por concluido el caso ni se planteaban qué diligencias adicionales (tanto nuevas pruebas documentales como declaraciones testificales) eran precisas. Esa parte se resolvió separadamente en otra resolución que, por su contenido, también generó revuelo. La magistrada estimó que no era procedente citar en calidad de imputados al exconsejero de Salud, Jon Darpón, a la exdirectora general de Osakidetza, María Jesús Múgica, y al resto de la cúpula de la Sanidad vasca en 2018 al entender que no eran partícipes de las posibles irregularidades que se produjeron en las oposiciones.

Asimismo, la instructora consideró de “escaso interés” analizar los documentos que son origen precisamente de las denuncias, los exámenes de 2018. En otros momentos, estos cuestionarios han permitido ver cómo aspirantes presuntamente beneficiarios de las filtraciones respondían a las preguntas aleatorias en el mismo orden, con la misma redacción e incluso cometiendo los mismos errores. Finalmente, sí se ha accedido a analizar al menos los de Traumatología. Un testigo afirmó sobre ellos que eran “fotocopias” entre sí y con respecto a la plantilla de corrección.

Concedida la prórroga, el primer movimiento en el juzgado llegó en diciembre, más de cuatro meses después del inicio de este período extraordinario y tres meses después de conocidas las resoluciones. El viernes 3 de diciembre acudieron al juzgado tres de los últimos imputados, dos miembros del tribunal del examen de Cardiología y uno de Traumatología, así como tres testigos. Esta semana se ha comunicado que habrá una nueva sesión, la de uno de los imputados de septiembre que tenía pendiente acudir a declarar, el doctor Javier Extramiana, del tribunal de Urología. Se hará el mismo viernes 28, el último día de plazo, según han explicado fuentes judiciales.

A partir de ahí, volverá a quedar en manos de la magistrada Rodríguez Ruiz si amplía otro medio año el sumario o le pone fin, lo que implicaría una valoración de las pruebas recabadas hasta la fecha y una decisión de si son o no bastantes para celebrar un juicio contra los imputados. Ahora mismo, las personas investigadas son veinte. Tras la prórroga, fueron citados Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi de la OPE de Angiología, Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología y el autor del examen de Urología, el doctor Extramiana. Los once anteriores eran José Luis Cabriada (autor del examen de Digestivo), César Augusto Valero (Anestesia), María Reyes Vega (Angiología), Eduvigis Álvarez (Neurofisiología), José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández (Neurocirugía), Iñigo Echevarría (Traumatología) y Thais Salas, Alfredo Martínez Flórez, Andrés Beltrán y Javier Meléndez (opositora y miembros del tribunal de Cirugía Plástica).

El sindicato LAB, personado como acusación popular, ha formulado ya una petición expresa en este sentido. También tiene recurrida la resolución anterior en la que se rechazaba investigar a la cúpula de Osakidetza. En julio, la Fiscalía también pidió más tiempo y el sindicato ESK, también personado, se adhirió igualmente. “Para LAB es indiscutible que es necesaria otra prórroga y solicitar los exámenes, al menos, de las categorías investigadas. Los exámenes encierran la mayoría de las pruebas definitivas”, explican desde la central. En diciembre, ESK se expresó de la siguiente manera: “Entendemos que es una causa compleja y complicada y que necesita tiempo [...], pero la realidad es que el juzgado no ha avanzado con la rapidez que nos hubiese gustado”.

Rodríguez Ruiz es la tercera instructora de esta causa desde que tuvo su origen en una investigación preliminar de la Fiscalía dirigida en primera persona por la fiscal superior, Carmen Adán. La primera fue Yolanda Varona, una sustituta de la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria, Ana Jesús Zulueta. Esta juez regresó a su plaza pero ha vuelto a marcharse a ocupar un nuevo destino y el voluminoso sumario ha recaído en la actual instructora. No es la única causa que ha ido al ralentí en los juzgados de Vitoria en los últimos años.

En paralelo, Osakidetza ha abierto un expediente interno “reservado” -que no disciplinario, por el momento- a los tres anestesistas del hospital de Arrasate-Mondragón que hace cuatro años formularon las primeras denuncias sobre las filtraciones de exámenes junto a miembros de los tribunales de Cardiología y Angiología, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez. Esta causa no guarda relación con la OPE y ha derivado en un análisis de unos supuestos mensajes que menoscaban la imagen de Osakidetza en sus redes sociales. El trío ha tenido que comparecer en los últimos días ante una comisión interna del Departamento de Salud y responder a preguntas que poco tenían que ver con el origen real de las actuaciones, que estaban motivadas por nueve quejas presentadas por éstos y otros profesionales ante la sucesión de conflictos laborales o falta de personal. Los comisionados de Osakidetza, tras admitir que han revisado sus publicaciones sobre todo en Twitter por orden de la “dirección general”, preguntan literalmente si entienden que, por su culpa, ha habido una “degeneración” en la “reputación” de Osakidetza.