La investigación penal contra la consejera Amaia Barredo, paralizada dos meses en el Tribunal Superior vasco

Dos meses después, continúa paralizada la investigación penal contra la consejera Amaia Barredo, del PNV y responsable de Desarrollo Rural, Alimentación, Agricultura y Pesca en el Gobierno de Imanol Pradales. La sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) recibió al poco del nombramiento de Barredo la inhibición del juzgado de Vitoria que llevaba más de un año analizando el caso de la autorización al proyecto Valogreene Paper en Bergara contra el criterio municipal. Barredo era viceconsejera de Medio Ambiente con Arantxa Tapia cuando firmó esa resolución, luego pasó a la Diputación de Álava -sin avisar a su partido y a Ramiro González de la investigación- y ahora, al ser miembro del Gobierno, ha pasado a tener la condición de aforada, por lo que solamente puede ser juzgada en el Superior. Sin embargo, la magistrada responsable del caso, Eider Retegui, remitió la documentación sin una “exposición razonada” y tuvo que volver a completarse el trámite por segunda vez. Hace pocos días que se ha resuelto y ahora los magistrados del alto tribunal autonómico deberán pronunciarse sobre el alcance de los cargos contra Barredo, que ha recibido estos meses el respaldo explícito de Pradales.

En junio de 2021, la empresa Greene Waste to Energy presentó ante el Ayuntamiento de Bergara, gobernado por EH Bildu, una consulta para la posible “compatibilidad” de instalar en la parcela H del polígono Larramendi un proyecto de “planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria”. Se creó una filial para Bergara llamada Valogreene Paper. El Ayuntamiento y sus técnicos emitieron un informe favorable en julio. En agosto de 2021, Valogreene Paper elevó el asunto al Gobierno vasco para lograr una autorización ambiental. Las competencias entonces estaban en el área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. En ese tránsito, el Ayuntamiento alertó de que la actividad que habían autorizado y la que ahora querían convalidar ante el Ejecutivo autonómico era diferente. La actividad real iba a implicar la gestión de residuos, en concreto lodos papeleros. En noviembre, Bergara dejó sin efecto su autorización inicial y presentó alegaciones ante el Gobierno vasco. Se recordaba al Ejecutivo que si el municipio afectado emitía informe negativo tenía que paralizar la autorización. Así las cosas, en abril de 2022 Barredo firmó la autorización de Valogreene Paper.

La Fiscalía de Álava, tras recibir una denuncia de Ekologistak Martxan, consideró que hay indicios de que Barredo y su entonces subordinado, Javier Agirre Orcajo, pudieron cometer un delito de prevaricación, que es dictar una resolución a sabiendas de que es irregular. Es un delito que no comporta penas de prisión pero sí implica la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. También la Fiscalía de Gipuzkoa recibió otra denuncia, encargó un informe a la Ertzaintza y posteriormente derivó todos los datos al juzgado de Vitoria que había tramitado la primera causa, al entender que las conclusiones eran similares. Además, se han presentado en el Superior cuatro recursos contenciosos-administrativos para anular la autorización ambiental (Ayuntamiento, Ekologistak Martxan de nuevo y dos particulares). De hecho, recientemente ha quedado paralizado uno de ellos hasta que se resuelva la investigación penal, ya que se interpreta que se están analizando los mismos hechos. Eso sí, hay otros tres vivos que discurren en paralelo, según explican fuentes judiciales.

Barredo, que siempre ha negado irregularidad alguna y que recalca que ha operado en todo momento siguiendo las directrices de sus funcionarios, declaró como imputada en abril, unos pocos días después de las elecciones autonómicas. No se informó de ello en ningún momento. Tanto en su etapa anterior en el Gobierno vasco como viceconsejera como cuando era diputada de Álava recibió sendos dictámenes favorables de las respectivas Comisiones de Ética para continuar en el cargo, ya que se interpreta que solamente tendría que dimitir si los indicios de delitos se mantienen al término de la investigación y se celebra un juicio. Cuando se conoció que la investigación saltaba al Superior por el aforamiento -algo muy poco corriente en la política vasca y cuyos precedentes anteriores se remontan a la etapa de Juan José Ibarretxe- el lehendakari declaró a los periodistas que le parecía que aquello era “no news”, que no había ninguna novedad relevante.