Casi tres meses después de su formalización y dos meses después de la polémica, el Gobierno vasco ha publicado en su portal de transparencia el contrato de asesoramiento que el Departamento de Educación firmó con el bufete Cuatrecasas para responder a la crisis en el transporte escolar en el inicio del curso 2023/2024. Este 'fichaje' fue objeto de polémica por que el responsable del despacho, al abogado del Estado en excedencia Joanes Labayen, fue elegido directamente por el consejero Jokin Bildarratz conociendo que es próximo al PNV y marido de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria, y también miembro del consejo de administración de una de las empresas adjudicatarias de las rutas guipuzcoanas, Autocares URPA. Labayen, que entregó un informe de 21 páginas sin fechas, con errores y con el apartado de conclusiones vacío, cobró 302,50 euros la hora.
Según el expediente, Educación autorizó un gasto máximo de 14.500 euros más IVA, dentro del margen de 15.000 euros que permite la ley para adjudicaciones directas, sin concurso. Se da la circunstancia de que en fechas cercanas Cuatrecasas recibió otra contratación para asesoramiento jurídico en EiTB con un presupuesto de 14.900 euros. El contrato se firmó el 14 de agosto, un lunes en medio de un puente y su duración fue de “cinco semanas”.
El consejero Bildarratz, que fue el que decidió en primera persona fichar a Labayen por su reputación, ya indicó que el coste final se iba a determinar en función de las horas de trabajo. Se liquidó en 5.400 euros más IVA, es decir, en 6.534 euros totales. En concreto, se fijó como cláusula que “como el alcance de la dedicación final se desconoce en el momento de la contratación, se acuerdan unos honorarios por horas de trabajo: 250€ + IVA por las horas de trabajo del socio, y 200 € + IVA, por las horas de trabajo de la asociada senior, que conformaban el equipo”. Labayen percibió 302,50 euros por hora y su colega Nerea Arana 242 euros. El asesoramiento, en función del coste final, no pasó de 27 horas efectivas como máximo.
Estos datos han aparecido horas antes de que el Parlamento Vasco vote este jueves la creación de una comisión de investigación a instancias de PP y Elkarrekin Podemos-IU, que pactaron hacerlo conjuntamente al no tener los escaños suficientes. Se da por hecho que la iniciativa no prosperará porque el Gobierno de Iñigo Urkullu tiene mayoría absoluta sumados al PNV los votos del PSE-EE, que no ha mostrado públicamente ninguna intención de desmarcarse de su socio en esta materia. En cuanto al resto de los grupos de la oposición, está en el aire la postura de EH Bildu. Ciudadanos y Vox sí han sido más claros en las diferentes intervenciones públicas y han llegado a pedir la dimisión de Bildarratz por este asunto.
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