El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tiene externalizado el servicio de ambulancias salvo el de UVI móvil. Hay dos contratas, la del transporte programado (ambulancias azules y blancas) y la del urgente (amarillas). Son de 135 y 147 millones, respectivamente. En ambos casos, la cooperativa catalana Grup La Pau, que esteos días cumple 41 años, gestiona los lotes de Bizkaia y Álava. Desde abril han ocurrido muchas cosas. Dos días antes de las elecciones autonómicas, un preacuerdo para subir los salarios hasta un 30% puso fin a meses de movilizaciones y huelgas. Pero, unos días después, el sindicato UGT recurrió la renovación del contrato de ambulancias programadas ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) y logró paralizarlo de modo cautelar. Alegó que las empresas con infracciones “muy graves” constatadas por la Inspección de Trabajo no pueden recibir contratos públicos. La firma catalana tiene un expediente abierto por retrasos en las nóminas. Además, tiene otras 22 sanciones por infracciones “graves” en el último año.
Grup La Pau aseguró que sin los nuevos fondos, un 24% más que los actuales, no podía atender las mejoras retributivas prometidas a los sindicatos. Es más, terminó anunciando una bajada unilateral de salarios del 12%, técnicamente un “descuelgue” del convenio antiguo. Para justificarlo, ha explicado que tiene pérdidas millonarias que podrían llegar a los 9 millones en 2024 y que está en puertas de un concurso de acreedores, en “quiebra técnica”.
Eso se conoció la pasada semana pero, apenas unos días después, La Pau ha accedido a firmar el nuevo convenio y a pagar hasta un 30% más al personal. Horas después de este giro en la contrata más relevante de la Sanidad pública vasca, el vicepresidente y director financiero de la compañía, Jordi Alonso, atiende a elDiario.es/Euskadi en un hotel de Bilbao. Insiste en que son víctimas de una persecución de los sindicatos, que denuncian “cualquier cosa” con tal de dañar a la patronal. Minimiza la gravedad de los retrasos en las nóminas que tienen bloqueado el nuevo contrato y asegura que han accedido al nuevo convenio porque saben que el recurso de UGT no va a prosperar. ¿Y si lo hace? Con permiso de la autoridad laboral, que está muy implicada en los últimos días en el conflicto de las ambulancias externalizadas de Osakidetza, podría ocurrir que Grup La Pau tuviera que plantear un nuevo descuelgue.
Alonso insiste en que las pérdidas económicas vienen motivadas por un elevado absentismo de la plantilla y rechaza que esté en su mente tirar la toalla y renunciar a la gestión de las ambulancias en Euskadi, donde ya tienen casi el triple de estructura que en Catalunya. El ejecutivo de Grup La Pau defiende también el fichaje como gerente en Euskadi del excargo de Salud Ibon Etxebarria, que fue precisamente quien firmó la primera adjudicación a esta empresa. Etxebarria dimitió porque, en plena pandemia, se saltó las restricciones contra la COVID-19 para ir a jugar al golf.
¿Grup La Pau presta un buen servicio de ambulancias en Euskadi?
Presta un buen servicio. Seguramente no es el que nos gustaría prestar, pero entendemos que eso no es sólo atribuible a la gestión de La Pau. Hay varios factores que pueden dificultar el prestar un buen servicio. La huelga, desde luego, no ha favorecido una situación normal en el sector y todo esto nos afecta sobremanera.
Muchas de esas huelgas tienen como base precisamente la crítica a su gestión como empresa.
Hasta donde yo sé, las que se producen hasta abril estuvieron motivadas por las condiciones salariales y laborales. La que estamos sufriendo actualmente [de LSB-USO] viene motivada por un hecho que sucede el 15 de mayo, que es el despido de un delegado sindical que fue detenido por la Ertzaintza a principios de febrero por sabotajes a las ambulancias.
¿Cómo es posible prestar un buen servicio con 23 sanciones de la Inspección de Trabajo en el último año, una de ellas “muy grave” y 22 de ellas “graves”?
Como le comentaba, no he dicho que estemos satisfechos con el servicio. Pero todo eso no es sólo atribuible a la gestión de La Pau. Esas 23 infracciones se deben referenciar a que estamos expuestos desde hace mucho a continuas auditorías, a inspecciones por cualquier cosa que denuncia la parte sindical. Hemos entrado en una vorágine, especialmente a partir de la huelga del mes de octubre, en la que nos encontramos que cualquier decisión y cualquier cosa es denunciada.
Un organismo independiente, como lo es la Inspección de Trabajo, ha constatado los hechos y ha calificado algunos de ellos de “graves” y otro de “muy grave”.
“Muy grave” hay una. Es motivada por el tema del impago. Pero se retrasaron las nóminas un día. Eso es el atraso en el pago de la nómina. Nosotros hemos pagado dentro de los tres días del mes siguiente, como está reflejado en el convenio estatal. Ésa es la infracción “muy grave”. La vamos a recurrir. ¿Las otras 22? Podemos hablar también de las que no se han estimado. Por ejemplo, cinco denuncias ante la Agencia de Protección de Datos. Las cinco han quedado desestimadas. Cualquier cosa es denunciable, repito. Hay que contextualizar todo en esta vorágine y en este clima que hemos sufrido desde el mes de agosto.
¿Cuánto dinero público reciben del Gobierno vasco?
Son casi 20 millones de euros al año en el transporte sanitario urgente. Y en la red [programada] unos 30 más o menos al año.
O sea, ¿50 millones de euros más o menos?
Exacto.
¿Y cómo es posible haber llegado a una situación de pérdidas millonarias, ejercicio tras ejercicio, y una previsión de 9 millones al final de este año?
Los 9 millones no son sólo de este ejercicio. Eso no es del todo veraz. Nosotros hemos acumulado pérdidas. Tenemos previsto cerrar con más de 3 millones de euros de pérdidas en 2023. Acumulamos 800.000 euros de 2021 y en 2022 otro millón de euros. Eso da una cifra cercana a los 5 millones y medio de pérdidas en tres ejercicios. Las previsiones para 2024, si no tomáramos ninguna medida, nos situarían en 4 millones de pérdidas en este 2024. No es lo mismo dar 9 millones en un ejercicio que 9 millones en cuatro ejercicios. Dicho esto, yo siempre explico ante mis socios cooperativistas que tenemos que adecuarnos al nivel de ingresos. Si tu nivel de gastos supera tu nivel de ingresos, por mucho que factures 50, 100 ó 200 millones, tendrás un problema. Fruto del absentismo que sufrimos, sólo en 2023 tuvimos que contratar a personas más allá de lo que subrogamos. Tuvimos que hacer frente a esas bajas y eso nos supuso 9 millones de euros en contrataciones no previstas.
Es decir, ¿entienden que todas las pérdidas, esos 9 millones más o menos, son por el absentismo de los trabajadores?
No es lo mismo ejecutar un contrato cuando tú estimas un 8-9% de absentismo a tener un 25-30-35% como tenemos en alguna zona de aquí de Euskadi.
¿Es cierto que la empresa está en puertas de un concurso de acreedores, de una quiebra técnica?
Si no hiciéramos nada, sí. Evidentemente sí. Por eso tomamos medidas para salvaguardar el proyecto de La Pau en Euskadi.
Entonces, ¿por qué los gestores de una empresa que está en puertas de una quiebra técnica firman un convenio que prevé subidas salariales de hasta un 30%?
Porque estamos esperando esa resolución del OARC. Entendemos que el recurso de UGT no tiene recorrido y estamos esperanzados en que se resuelva a favor de La Pau para poder empezar a facturar el incremento del nuevo contrato. Es por eso y también como muestra de buena voluntad hacia la plantilla. Queremos normalizar la situación del sector en Euskadi.
Los trabajadores han visto cómo hace una semana les plantean un descuelgue con un recorte del 12% del sueldo y que ahora se le promete un 30% de mejora.
Es que no son cosas que se contrapongan. Es decir, nosotros podemos firmar un convenio y a la vez aplicar ese descuelgue del anterior hasta que las condiciones de la cooperativa sean las óptimas para preservar la viabilidad de la misma.
¿La viabilidad de la compañía es igual de mala en Catalunya, donde gestionan también contratos públicos de ambulancias?
No, no, no, no. Evidentemente no. No entendemos cómo la misma gestión, los mismos gestores, el mismo sector y el mismo servicio en Catalunya funciona y aquí nos lleva a esta situación.
Llama la atención que mostrando pérdidas económicas en el último trienio, como ha dicho, el Gobierno vasco haya dado por buena su solvencia económica y siga adjudicándoles contratos.
Es que eso es independiente. La solvencia económica se basa en unos parámetros objetivos que La Pau, incluso a día de hoy, a pesar de lo que se está diciendo, cumple.
¿En puertas de una posible quiebra?
Quiebra técnica de seguir con la situación actual… Por eso hemos dicho basta ya. No queremos comprometer la viabilidad del proyecto de La Pau en Euskadi.
¿Se ha planteado en algún momento La Pau marcharse de Osakidetza y renunciar a estos contratos?
No está dentro de nuestros planes.
Sabrán que la contratación de un nuevo gerente, Ibon Etxebarria, ha sido polémica por las circunstancias que le rodearon.
Todo es polémico. Incluso donde no hay nada se inventan cosas. Y lo digo muy a mi pesar. Compañeros míos están sufriendo mucho con la situación. Se han visto expuestos y no he visto ninguna condena por parte de los sindicatos que representan a todo el conjunto de los trabajadores. En el caso del gerente, hicimos un proceso totalmente transparente a través de una empresa de contratación que se dedica a facilitar a las empresas perfiles técnicos y cualificados. Tuvimos una amalgama de opciones. Nos decidimos por Ibon porque creíamos que encajaba a la perfección en nuestro proyecto. Conocía el sector en Euskadi. En la primera reunión ya hablamos de posibles incompatibilidades. Nos dijo, nos cercioró y nos demostró que estaba exento de cualquier limitación y que era libre de firmar por cualquier compañía. Y así es. Quien ha denunciado ante la Fiscalía esa contratación deberá demostrar que es una contratación ilegal o fuera de ley.
Hace cuatro años, él firmó la primera adjudicación a La Pau. ¿Tuvieron reuniones con él para tramitar el contrato?
Me he enterado por la prensa de que había firmado esa resolución. El contacto no fue Ibon. El presidente, Vicenç Chicharro, y yo mismo no lo conocíamos. Ni su nombre.
Volviendo al recurso de UGT. La ley dice, efectivamente, que una empresa con una sanción “muy grave”, siempre que sea firme, no puede recibir contratos públicos. ¿Están seguros de que no va a prosperar esta infracción?
Evidentemente.
Lo digo porque pondría en cuestión no sólo estos contratos sino los que puedan tener en otros lugares o los que puedan venir.
Ojalá tuviera yo poder de decisión para poder influir en su resolución favorable a La Pau, pero insisto en que actualmente no es firme y creemos que es recurrible. El mero hecho de un día de retraso en el cobro -que no del pago que hace La Pau- no es motivo para calificarla como “muy grave”.
Supongo que son conscientes también de que Protección de Datos sancionó a Osakidetza por la instalación en las ambulancias de un sistema de grabación permanente de imagen y sonido de 360 grados.
Somos conscientes a través de los artículos de prensa. Nosotros no tenemos constancia de nada.
La empresa ha sido quien ha instalado ese sistema…
No tenemos constancia de manera oficial de esa sanción. El sistema en sí fue puesto como una mejora para favorecer a la plantilla de cara a posibles accidentes o posibles agresiones. Y no hay micrófonos. Y nadie está todo el día viendo las cámaras. Te puedo asegurar que no se miran, salvo cuando pasa un accidente o algo grave que pueda atentar contra la integridad física de nuestros trabajadores y trabajadoras.
Teniendo en cuenta que ha habido una huelga larga y que la empresa ha denunciado daños en 300 vehículos y también que no ha entrado en vigor un nuevo contrato que preveía la renovación de la flota, ¿cuál es la situación actual de las ambulancias?
En Bizkaia y Álava hay una flota muy moderna. Tiene escasos tres años de media. Puedo decir que es de las flotas más completas de España y de Europa en materia de seguridad y de sostenibilidad también, porque la mitad es eléctrica. El nuevo contrato irá más enfocado a reforzar a la plantilla para mitigar ese grado de absentismo desmesurado, desproporcionado e insostenible que tenemos. Más allá de invertir en vehículos, nuestra oferta es muy continuista.
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