La justicia falla a favor del Obispado de Bilbao y da luz verde para proceder al desahucio de Carlos Aguiriano, vecino de 61 años del barrio de Begoña, en Bilbao. Así lo ha anunciado este miércoles el sindicato de Inquilinas-Maizterrak en una rueda de prensa convocada frente a la Basílica de Begoña y en la que también ha participado Carlos, que lleva toda su vida viviendo en el piso que ahora se ve obligado a abandonar y cuya situación ya denunciaron desde el sindicato el pasado mes de junio.
La vivienda de Carlos, que cuenta con una discapacidad del 45% debido a la esclerosis múltiple, está ubicada en el número 6 de la calle Virgen de Begoña, en un bloque de 15 pisos que el Obispado decidió vender -a excepción del de Carlos, el único habitado- por 1,7 millones de euros y que el Gobierno vasco quiere destinar a alquiler social.
Ahora, el afectado tiene hasta el 30 de septiembre para recurrir la sentencia y desde el sindicato han presentado una nueva “propuesta justa” para evitar el desahucio de Carlos. “Pedimos un contrato de alquiler, respetando tanto la ley vasca de Vivienda como la Ley de Arrendamientos Urbanos, y de acuerdo con el marco establecido por todos los organismos multilaterales en relación con el derecho a la vivienda”, han expuesto. Además, han criticado al Gobierno vasco y al Ayuntamiento de Bilbao porque “de nuevo demuestran tener como único objetivo salvaguardar los intereses especulativos” y han calificado al Obispado de Bilbao de “agente inmobiliario de primer orden, partícipe de esta especulación y miseria”.
“El Gobierno vasco no puede, ni debe seguir mirando para otro lado después de protagonizar una operación que costará al erario dos millones de euros y que premia a un gran propietario, como es la Diócesis de Bilbao, después de haber tenido al menos 14 viviendas vacías, y por tanto incumpliendo la ley vasca de Vivienda, durante más de diez años”, han añadido.
Este miércoles, el sindicato de Inquilinas, junto con varios vecinos del barrio, ha vuelto a trasladar su alternativa al Obispado, al que han criticado por “hacer declaraciones cuyo único objetivo es desdibujar lo que está sucediendo”. “Pedimos al Obispado que estudie nuestra propuesta y retire inmediatamente la demanda de desahucio, siendo además coherentes con los principios que ellos mismos promulgan”, han demandado. Asimismo, han exigido al Gobierno vasco que “dé un paso al frente para mediar en este conflicto y exigir al Obispo el cumplimiento de la ley vasca de Vivienda”.
elDiario.es/Euskadi
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