La Justicia anula las limitaciones que la Ertzaintza quería fijar a las protestas de la propia Ertzaintza

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Luis Garrido, ha tumbado la resolución de la directora de la Ertzaintza, Victoria Landa, para acotar las movilizaciones de agentes frente al Parlamento Vasco previstas para los jueves 15, 22 y 29 de junio, es decir, los días de pleno ordinario pendientes antes del parón vacacional. En un comunicado, el Departamento de Seguridad “respeta” pero “no comparte” el fallo ya que “puede suponer un nuevo perjuicio para la ciudadanía” a la luz de que hace unas semanas la protesta del movimiento “asindical” denominado 'Ertzainas en lucha' interrumpió durante casi una hora todas las líneas de tranvía sin que la Policía desplegada, también ertzainas, interviniesen.

Ha sido el sindicato Euspel, el único de los cuatro con representación legal en los foros oficiales de la Ertzaintza que mantiene lazos con el nuevo movimiento tras el plante de Erne, Esan y Euspel, el que recurrió ante lo contencioso-administrativo al entender que era manifiestamente “inconstitucional” limitar el derecho de manifestación sin un riesgo claro de incidentes conocido de antemano. Entre las limitaciones impuestas por Landa estaban la de no usar megáfonos, silbatos o bocinas para “permitir el normal desarrollo del pleno” y no invadir las vías del transporte público. Todas ellas han sido anuladas, aunque este martes solamente ha trascendido el “avance del fallo”, ya que la resolución completa llegará después de la primera de las concentraciones de los jueves.

Seguridad entiende que “el Gobierno vasco emitió la resolución, ahora anulada por el TSJPV con el objetivo de evitar que no se repitieran los incidentes del jueves 1 de junio y, sobre todo, para garantizar el respeto al orden público”. “Este Gobierno respeta las decisiones judiciales, pero, en este caso, no se comparte la decisión del TSJPV porque puede suponer un nuevo perjuicio para la ciudadanía como ocurrió en la movilización anterior en la que se cortó la circulación del tranvía en el centro de Vitoria”, interpreta el Gobierno. Un “derecho fundamental” no es “ilimitado”, abundaba Landa en la argumentación ahora anulada.

Así las cosas, la manifestación se desarrollará como cualquier otra, con vigilancia policial por si se vulneran los límites legales. Lo que buscaba Seguridad era acotar el campo de juego ya que, en la anterior movilización ante la Cámara, la fuerza desplegada no intervino en ningún momento. Los agentes uniformados aplaudieron a sus compañeros detrás de la pancarta, hicieron fotografías o tocaron los cláxones de los vehículos rotulados. Sobre el terreno había policías de muy alta graduación que interpretaron que lo mejor era hace lo contrario a lo habitual en ese mismo lugar.

A las 24 horas, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció la apertura de una doble investigación. Por un lado, a los manifestantes por superar la línea autorizada y cortar el transporte público (en aplicación de la ley de Seguridad Ciudadana o 'ley mordaza') y, por otro lado, a los agentes en servicio por supuesta indisciplina.

El conflicto de la Ertzaintza sigue muy latente. Desde inicios de mayo un movimiento que ajeno a los sindicatos con representación legal -aunque ya ha intentado constituirse como asociación bajo la siglas EAE-AAE- está convocando protestas muy numerosas. Inicialmente, las centrales sindicales se adhirieron a ellas pero ahora solamente Euspel mantiene esa unidad de acción. El resto llevan días asegurando que los responsables del nuevo colectivo pretenden tutelarles sin tener representatividad. De hecho, sus portavocías son anónimas. Este martes, el Gobierno ha insistido a los sindicatos con representación legal que las puertas a la negociación siguen abiertas.