AMAIA BARREDO
Cuando Imanol Pradales eligió a Amaia Barredo como consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca ya era conocedor de que pesaba sobre ella una investigación penal. Este periódico reveló a comienzos de julio de 2023 que la Fiscalía había encontrado indicios de un delito de prevaricación, que no comporta pena de prisión pero sí la inhabilitación, por haber estampado su firma para autorizar como viceconsejera de Arantxa Tapia el proyecto Valogreene Paper de Bergara. El PNV, guiado por las propias explicaciones de Barredo, insiste en que no hay caso y en que tarde o temprano todo quedará en nada, pero la realidad es que Pradales se ha encontrado con una causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a las dos primeras semanas de llegar a Ajuria Enea. Y verdaderamente es algo excepcional: desde los tiempos de Juan José Ibarretxe un miembro del Gobierno no había tenido la condición de imputado ante la sala de lo civil y penal de la más alta instancia autonómica, la que asume las causas con aforados implicados.
Procesalmente, el asunto tiene una importante carga de profundidad. La denuncia no es una 'vendetta' de ecologistas contra Barredo, como a veces se ha querido presentar. La Fiscalía de Álava revisó las quejas de la organización Ekologistak Martxan y les dio plena credibilidad. Eso fue en marzo de 2023. Después, la Fiscalía de Gipuzkoa abrió una nueva investigación en enero de 2024 tras recibir otra denuncia y encargó a la Ertzaintza que se citara con testigos y recopilara información. Tras la intervención de la Policía, en febrero no se archivaron las diligencias. Ambas causas, que coinciden en ver indicios de irregularidades en la tramitación del proyecto de Bergara, quedaron unidas en un juzgado de Instrucción de Vitoria ante el que Barredo tuvo que comparecer como investigada en abril, aunque este dato se hubiese ocultado hasta ahora. En paralelo, hay abiertos hasta cuatro recursos contencioso-administrativos ante la sala correspondiente del Superior en los que se discuten los aspectos más técnicos de la autorización al proyecto Valogreene Paper. Estas son las claves del caso que afecta a la consejera Barredo.
En junio de 2021, la empresa Greene Waste to Energy presentó ante el Ayuntamiento de Bergara, gobernado por EH Bildu, una consulta para la posible “compatibilidad” de instalar en la parcela H del polígono Larramendi un proyecto de “planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria”. Se creó una filial para Bergara llamada Valogreene Paper. El Ayuntamiento y sus técnicos emitieron un informe favorable en julio. En agosto de 2021, Valogreene Paper elevó el asunto al Gobierno vasco para lograr una autorización ambiental. Las competencias entonces estaban en el área de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente. La consejera era Arantxa Tapia, la viceconsejera del ramo Amaia Barredo y el director de Calidad Ambiental y Economía Circular Javier Agirre Orcajo. En ese tránsito, el Ayuntamiento alertó de que la actividad que habían autorizado y la que ahora querían convalidar ante el Ejecutivo autonómico era diferente. La actividad real iba a implicar la gestión de residuos, en concreto lodos papeleros. En noviembre, Bergara dejó sin efecto su autorización inicial y presentó alegaciones ante el Gobierno vasco. Se recordaba al Ejecutivo que si el municipio afectado emitía informe negativo tenía que paralizar la autorización. Agirre Orcajo respondió a Bergara que los posibles cambios responderían a “errores irrelevantes” y que había que continuar con el proyecto. Así las cosas, en abril de 2022 Barredo firmó la autorización de Valogreene Paper.
La empresa publicita así la planta: “El polígono industrial de Larramendi en Bergara (Guipúzcoa) contará con un proyecto referente a nivel mundial en materia de economía circular: una planta de valorización material de residuos que producirá cargas minerales ecológicas usando como materia prima desechos de la industria de producción de papel. Este proyecto, que supondrá una inversión de 20 millones de euros, será posible gracias a la tecnología diseñada por Greene, que permite transformar en ecomateriales, de forma sostenible, los residuos procedentes de las papeleras, para que sean utilizados en diferentes sectores industriales y volverlos a introducir en el mercado siguiendo los parámetros que marca la Agenda 2030 de la UE”.
Un grupo de cuatro personas relacionadas con Ekologistak Martxan denunciaron estos hechos ante la Fiscalía de Álava. ¿Por qué ahí? Porque la sede del Gobierno vasco está en Vitoria. La fiscal Andrea Suárez firmó un decreto el 15 de marzo de 2023 en el que, textualmente, señala que “cabe razonablemente afirmar que los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa”. Y seguía: “En efecto, existen visos de ilicitud en la actuación tanto del director de Calidad Ambiental y Economía Circular como en la de la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental que, sabiendo de la ausencia de compatibilidad urbanística de la actividad que Valogreene proyecta en Larramendi, según la documentación presentada por la propia mercantil al Gobierno vasco para la obtención de la autorización ambiental integrada, y que claramente le comunica el Ayuntamiento de Bergara, no procedieron, tal y como exige el artículo 15 del real decreto legislativo 1/2016, al archivo del expediente”. La Fiscalía de Álava elevó el asunto al juzgado de Instrucción 3 de Vitoria, que abrió el sumario 615/2023 y en el que Barredo y Agirre Orcajo han tenido la condición de “investigados” desde el principio.
Barredo y Agirre Orcajo, conocidas las actuaciones de la Fiscalía, elevaron su caso a la Comisión de Ética del Gobierno vasco en la primavera de 2023. Es obligatorio para los altos cargos comunicar cualquier investigación judicial. Este organismo dictaminó que podían continuar en sus funciones ya que interpreta que la sola imputación no es motivo de cese. La separación del cargo solamente es preceptiva al término de la investigación, antes del inicio de un posible juicio. Esas resoluciones se hicieron públicas y sin ningún tipo de dato identificativo. En paralelo, Barredo fue nombrada diputada foral de Álava de Medio Ambiente tras las elecciones forales de 2023. Esto se hizo sin que ella informara al PNV, su partido, o a quien la nombró, a Ramiro González, de su situación procesal. A González le estalló esta crisis nada más iniciar su tercera legislatura como diputado general, aunque optó por cerrar filas con Barredo. La Comisión de Ética alavesa, como la vasca, también indicó que la dimisión solamente sería exigible en caso de juicio.
La oposición pidió explicaciones a Barredo. Compareció en las Juntas Generales e insistió en que no hay caso. De hecho, meses después de iniciada la causa (noviembre de 2023) manifestó: “[Ha habido] Acusaciones permanentes, hablando de imputación cuando no hay investigación. Un poco de respeto al léxico, por favor. No es lo mismo estar investigado a no estarlo. Hay un derecho fundamental a la presunción de inocencia. No se ha respetado en este caso”. Recalcó también que ella siempre ha seguido la línea marcada por los técnicos autonómicos de Medio Ambiente. El delito de prevaricación implica dictar una resolución irregular a sabiendas de que lo es y ella defiende que nunca puede serlo si sigue las pautas de los funcionarios. Admitió, eso sí, que no le dio importancia a la causa y que por eso no informó ni a González ni al PNV. Al PNV de Álava. Porque contó que sí había hablado con el PNV de Gipuzkoa. De hecho, la dirigente María Eugenia Arrizabalaga llegó a escribir en sus redes sociales que quien había cometido “prevaricación” era el alcalde de Bergara de EH Bildu, Gorka Artola.
El 2 de enero de 2024 la fiscal de Gipuzkoa Irene Astudillo inició una segunda investigación penal. Había recibido otra denuncia por lo ocurrido en Valogreene Paper. En este caso se interpuso allí por ser el lugar donde se ubicaba el proyecto de valorización de residuos. El ministerio fiscal encargó a la Ertzaintza que realizara una serie de actuaciones en calidad de Policía judicial. El caso fue asumido por la unidad especializada en delitos ambientales y tomaron declaración a algunos testigos y recopilaron documentación, según ha podido comprobar este periódico. El 26 de febrero, el fiscal-jefe de Gipuzkoa, Juan Calparsoro, dio por finalizadas esas actuaciones, pero no por falta de indicios de delitos. De hecho, en su escrito se habla de nuevo de un “posible delito de prevaricación” que afectaría, nuevamente, a Barredo y Agirre Orcajo. Calparsoro decidió unificar esas pesquisas con las abiertas en Vitoria y toda la documentación recabada en Gipuzkoa y por la Policía se incorporó al sumario 615/2023. En paralelo, la Fiscalía urgió en febrero a la magistrada titular de esa sala de Vitoria, María Elena Rodríguez Molpeceres, a que no dejara morir el asunto por su trascendencia.
Así las cosas, en una fecha no determinada de abril, Barredo declaró como investigada ante el juzgado. También Agirre Orcajo. Este dato nunca fue comunicado y se ha conocido ahora. Tras la comparecencia, Barredo volvió a explicar a su entorno que no había caso y que el sobreseimiento era cuestión de tiempo. La ahora consejera tiene un abogado de los servicios jurídicos del Gobierno vasco encargado de su defensa. Se llama José María González de Castro. Es así porque sus actuaciones tuvieron lugar mientras era alto cargo de la Administración vasca aunque cuando compareció en el palacio de Justicia era diputada foral de Álava.
El sábado 22 de junio Pradales juró el cargo como lehendakari en Gernika. Horas después anunció la composición de su nuevo Gobierno. En la lista de consejeros aparecía al frente de la nueva cartera dedicada al primer sector Barredo. Desde ese momento, establa claramente expuesta a lo que ha ocurrido ahora, que el Superior abra una causa. Los consejeros son aforados y, por lo tanto, las investigaciones contra ellos las asume la sala de lo civil y lo penal del alto tribunal. Barredo prometió su cargo el martes 25 de junio. El 27 de junio el juzgado de Vitoria emitió un auto de inhibición y derivó todo el caso al Superior, es decir, las dos denuncias de los fiscales de Álava y de Gipuzkoa, la documentación de la Ertzaintza y el resultado de las declaraciones de los imputados. La Fiscalía ha dado el visto bueno al cambio de instructor.
Se da la circunstancia de que el asunto de Valogreene Paper ya estaba en el Superior. Pero en otra sala. Las fuentes judiciales consultadas cuantifican en cuatro los contenciosos-administrativos vivos sobre el proyecto de Bergara. No son procesos penales sino recursos contra decisiones administrativas para tratar de paralizarlas. Han interpuesto alegaciones a la autorización de la planta el propio Ayuntamiento, Ekologistak Martxan y al menos dos particulares. El mismo día en que tomó posesión Barredo, el Superior planteó a las partes paralizar los contenciosos por “prejudicialidad penal”, es decir, abrió la puerta a no resolver la parte administrativa mientras se analizaban los posibles delitos ocurridos. El abogado de la consejera presentó un escrito en el que se oponía a esta medida al entender que iba a dilatar la tramitación de unos hechos en los que no ve irregularidades. De hecho, volvía a dar a entender que el caso penal “está pendiente de solicitud de sobreseimiento por considerar que no concurren los elementos típicos del delito de prevaricación”.
¿Las denuncias de los ecologistas son automáticamente asumidas por la Fiscalía? No. De hecho, Barredo ha recibido en los últimos meses una tercera denuncia. En concreto, procede de GuraSOS, la plataforma contraria a la incineradora de Gipuzkoa. Esta entidad denunció el envío irregular de lixiviados desde la planta de Zubieta a una empresa de Artajona llamada Ecofert Sansoain, y estimaba que el Gobierno vasco tenía responsabilidad 'in vigilando'. La Fiscalía vio indicios de un doble delito en esa operativa y pidió la imputación, entre otros, del diputado de Medio Ambiente de Gipuzkoa, el socialista José Ignacio Asensio. Pero estimó que no había base para hacer lo propio con Barredo por supuestas dejaciones en el control del Gobierno vasco. Este caso sigue su propio camino en un juzgado de Donostia y con el aval del Gobierno de Navarra, que no solamente ha constatado el envío irregular de 5.500 toneladas de esos residuos sino que ha cerrado Ecofert Sansoain y ha pedido una sanción para Ekondakin, que es la empresa gestora del complejo de Zubieta.
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