Tras varios meses de espera, la Audiencia Provincial de Álava ha notificado definitivamente este miércoles que la investigación penal por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) del año 2018 está bien cerrada, según la documentación judicial a la que ha accedido este periódico. Era una resolución esperada y tumba todos los recursos para reabrir la causa de la única acusación que mantenía las espadas en alto, el sindicato LAB. Ahora está pendiente que la instructora del caso, Blanca Ester Díaz Pulido, que es la cuarta en casi cinco años de sumario, determine si con las actuaciones realizadas hasta ahora hay indicios suficientes para celebrar un juicio o si, por el contrario, el expediente queda sobreseído totalmente sin ninguna consecuencia.
Las oposiciones bajo sospecha -había informes estadísticos que mostraban que en varias especialidades las notas más altas eran coincidentes con colegas de hospital de los mejores opositores- tuvieron lugar en la primavera de 2018. En junio, el mismo día en que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno, brotaron las primeras denuncias de irregularidades. Fue la Fiscalía, inicialmente, la que inició una causa y halló indicios de posible fraude, aunque a la vez denunció que no recibió de Osakidetza todo el material de sus expedientes internos. Pero, una vez llegado al juzgado de Vitoria, el caso ha caminado al ralentí, con grandes parones, cambios al frente de la causa e incluso con una resolución en la que rechazaba revisar exámenes en una investigación de irregularidades en exámenes.
En verano de 2021 y en la Navidad de 2022 se aceptaron dos prórrogas en el plazo de investigación ya caducado, pero no condujeron a ningún avance. En el verano de 2022 ya no se aceptó seguir investigando, aunque LAB peleó al entender que faltaban muchos aspectos que analizar, incluida la participación de toda la cúpula política de la Sanidad vasca en el diseño de la OPE. Todos aquellos cargos, también el consejero Jon Darpón, dimitieron por estos hechos. Es este intento final de LAB el que rechaza la Audiencia Provincial, en concreto una sala compuesta por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Marta Cantalapiedra. La tercera ocupa un lugar que suele tener la juez Ana Jesús Zulueta, que fue una de las instructoras y no puede participar en este tipo de cuestiones.
El auto, en todo caso, afirma que el juzgado ha despachado trámites con resoluciones brevísimas y no motivadas. Sus argumentos son “muy escasos” y “genéricos”, le afean desde la instancia superior, según consta en el escrito conocido en puertas de las vacaciones de Semana Santa. “Podríamos estar ante un motivo de nulidad”, llegan a afirmar los magistrados. Pero aseguran que nadie ha planteado esto, así que toca dar por bueno el cierre de la investigación sin posibilidad de nuevos recursos.
Ahora, con los elementos ya analizados estos años, tocará que la instructora haga un dictamen final de conclusiones -de nuevo se le exige que sea motivado- para acordar o bien el cierre total del caso o bien que haya un juicio contra todos o parte de los que han venido siendo imputados. Hay veinte personas en esa lista. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.
Ni se han analizado todas las categorías en las que había dudas ni en las investigadas se ha seguido un criterio común de a quiénes citar y a quiénes no. No hay plazo para el informe final de la magistrada Díaz Pulido.
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