Ha pasado ya un año y el juzgado de Vitoria que tiene abierta una investigación penal contra la exviceconsejera y actual diputada alavesa de Medio Ambiente, Amaia Barredo (PNV), y contra el todavía alto cargo del Gobierno vasco Javier Agirre Orcajo, por la tramitación del proyecto de Bergara Valogreene Paper no ha realizado ninguna actuación, según confirman fuentes judiciales. Las dilaciones indebidas se han convertido ya en algo corriente en todos y cada uno de los casos relevantes que pasan por el Palacio de Justicia de la capital vasca y suelen implicar o archivos o rebajas muy sustanciales de las condenas. Las oposiciones de Osakidetza, que llevan dos años paradas, o el saqueo del Deportivo Alavés en la era de Dmitry Piterman son los dos ejemplos más recientes.
Valogreene Paper es un proyecto de tratamiento de lodos de papelote y de depuradora para su aprovechamiento. En un inicio, recibió luz verde urbanística del Ayuntamiento de Bergara, controlado por EH Bildu. Sin embargo, el alcalde, Gorka Artola, revocó la licencia. El PNV de Gipuzkoa opinó entonces que lo hizo “bordeando peligrosamente la prevaricación administrativa”. Sin embargo, la Fiscalía revisó una denuncia de Ekologistak Martxan y encontró indicios de que fue el Gobierno vasco y, en concreto, Barredo y Agirre Orcajo los que pudieron cometer ese mismo delito al mantener en marcha el plan a pesar del cambio de criterio municipal. La prevaricación es un delito que no comporta penas de prisión pero sí de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. Consiste en emitir una resolución a sabiendas de que es injusta o irregular. En paralelo, el Ayuntamiento ha recurrido también la autorización ambiental autonómica, aunque en la vía de la contencioso-administrativo.
“Es decepcionante comprobar que en este caso la Justicia ha estado inoperante durante más de un año desde la interposición de la denuncia”, señalan a este periódico desde Ekologistak Martxan. Y añaden: “Una vez más, por la inoperancia y desidia de ese juzgado, ha dejado de ser investigado un presunto delito de prevaricación administrativa”.
Fuentes judiciales explican a este periódico que la magistrada que inició la causa, María Elena Rodríguez Molpeceres, ni siquiera está ya en Vitoria. Actualmente, hay una sustituta cubriendo la plaza de responsable del juzgado de Instrucción 3 de Vitoria. Su nombre no aparece en el directorio oficial del Consejo General del Poder Judicial. Se da la circunstancia de que en febrero de este año la Fiscalía envió un requerimiento al juzgado urgiéndole a iniciar las diligencias para resolver este asunto, pero aquel aviso tampoco sirvió para nada. El plazo ordinario de instrucción penal es ahora de doce meses. Es perfectamente posible una prórroga. Sin embargo, jurídicamente no tendría sentido la ampliación de una causa que no ha registrado ningún movimiento.
La parálisis es tal que Barredo y Agirre Orcajo, por ejemplo, ni siquiera han recibido una comunicación oficial de que están siendo investigados en un proceso penal. Y Ekologistak Martxan tampoco ha tenido la posibilidad de personarse como acusación, “como es la práctica habitual”, explican. “Se están conculcando nuestros derechos ciudadanos”, explican desde la entidad ecologista. Ekologistak Martxan siente que es “previsible” que el caso quede en nada porque se dé por “prescrito” debido a esta “inactividad”.
Se cumple ahora un año desde que trascendiera este caso. Lo hizo precisamente cuando Barredo dejó el Gobierno para ser la nueva responsable de Medio Ambiente en Álava. Barredo no informó de que conocía que la Fiscalía la había denunciado ni a su partido ni al diputado general Ramiro González. Ella misma lo ha admitido. Barredo y Agirre Orcajo consultaron el asunto a la Comisión de Ética autonómica. Como es habitual, manifestó que no había motivo para un cese ya que el criterio asentado es que eso no se produzca hasta que se abra juicio oral y los altos cargos se tengan que sentar en el banquillo. Asimismo, Barredo tiene también un dictamen similar de la Comisión de Ética foral.
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