La Justicia obliga a Euskadi a reabrir los bares clausurados para frenar la pandemia tras un recurso del sector

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha acordado este martes tumbar de manera cautelar la prohibición de apertura de la hostelería en Euskadi, una medida que se aplica desde el pasado 12 de diciembre mediante un sistema automático cada lunes y cada jueves en todas aquellas localidades con tasas de incidencia de la COVID-19 superiores a 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días (alerta roja). En la actualidad son 85 los municipios en los que la restauración tiene bajada la persiana salvo para pedidos para llevar, una lista que incluye a Vitoria, Bilbao, Donostia, Irún y Barakaldo, las cinco poblaciones más grandes. Tres organizaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava (Asociación de Hostelería de Bizkaia, Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y SEA Empresas Alavesas) habían presentado un recurso en esta dirección.

El alto tribunal vasco remarca que “tal apertura queda sometida a importantes medidas de corrección de la actividad” para “minimizar riesgos”, tales como control de aforos (50% en interior), de horarios (20.00 horas) o de distancias, así como la prohibición de consumo en barra. Podrán reunirse hasta cuatro personas en los locales. La resolución judicial subraya que en diciembre no se produjo una “subida de contagios” al estar la hostelería “abierta” pero con “condiciones”. “No aparece con claridad la influencia de la apertura de los establecimientos hosteleros con el elevado nivel de incidencia del virus tras la celebración de la Navidad”, compra la sala de lo contencioso-administrativo a las asociaciones de hosteleros. Es más, se menciona que “una parte importante de los epidemiólogos” -aunque no se cita ni cuántos ni quiénes- señalan que el “80%” de los contagios se dan en ámbitos privados.

Y añade: “La conjugación de los intereses en conflicto hace que la sala entienda que la apertura de la actividad hostelera en las condiciones antedichas no aparece en este momento como un elemento de riesgo cierto y grave para la salud pública”. Se trata de una medida cautelar y no se entra a analizar el fondo del asunto, pero el tribunal -compuesto por los magistrados Luis Ángel Garrido, María Josefa Artaza y José Antonio González- asume que mantenerlos cerrados hasta la sentencia definitiva podría acarrear un grave perjuicio económico para las empresas, que son unas 12.000 y dan empleo a unas 60.000 personas en Euskadi. Es la doctrina del 'periculum in mora'.

A las puertas del tribunal, en Bilbao, medio centenar de profesionales hosteleros se han concentrado reclamando apoyo para un sector que consideran herido de muerte por la pandemia. Asociaciones del sector habían presentado un recurso ante la Justicia alegando, entre otros motivos, que la reapertura de bares y restaurantes del 12 de diciembre no generó un repunte de contagios mientras que sí se produjeron más casos cuando se flexibilizaron las limitaciones a la movilidad en Navidad. Insisten en que existen medidas suficientes para garantizar la seguridad de clientes y trabajadores durante las consumiciones y que no hay datos de brotes concretos asociados a la estancia en bares, al menos en los últimos meses.

El Gobierno de Iñigo Urkullu, por el contrario, ha buscado en estos meses mantener al mismo tiempo un equilibrio con un sector que ha sido capaz de sacar a la calle a miles de personas incluso en plena pandemia e insistir en que, más que la hostelería, el problema radica en que allí hay momentos en que se dan acumulaciones de personas con la mascarilla bajada, lo que multiplica los contactos estrechos. El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha asegurado como reacción de urgencia al fallo judicial que los hosteleros han de ser “exigentes” en el cumplimiento de las nuevas normas y que los clientes han de ser “estrictos” con el ánimo de “evitar los contagios que con tanta facilidad se producen en establecimientos cerrados”. También ha lamentado que las comunidades autonómicas no dispongan de todas las “garantías” para adoptar medidas sanitarias.

Durante la pandemia, la hostelería ha protagonizado muchas de las medidas adoptadas. Con el estado de alarma de marzo, tuvieron que cerrar todos los locales y, después, una de las primeras posibilidades que se aceptaron en la 'desescalada' fueron las terrazas, incluso antes que la vuelta a los colegios. En agosto, en cambio, Euskadi volvió a intentar actuar en el sector y, a principios de mes, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco impidió la limitación del horario nocturno. En aquellas fechas aparecían brotes casi a diario en locales de todo el territorio (Tropikal, Xixilu, Kokolo, Oh Malbec, Muguru, Casa Manolo, Goieta, Fever, Back&Stage, Kilimanjaro, Sagartoki, etc.).

Días después (15 de agosto) se decretó la emergencia sanitaria en busca de una mayor cobertura jurídica para las medidas, pero ese marco no fue bastante y la Justicia volvió a tumbar decretos autonómicos. Ello motivó, en octubre, que el Gobierno de Urkullu fuera el primero en pedir al Ejecutivo de Pedro Sánchez un segundo estado de alarma. Fue en ese escenario en el que se articuló el cierre de la hostelería, que se prolongó de noviembre a diciembre entre manifiestaciones del sector pero con un plan de ayudas diseñado por el consejero del ramo, Javier Hurtado.

La caída de la incidencia propició la reapertura a partir del 12 de diciembre, con el automatismo de volver a bajar la persiana en caso de que el municipio entrase en una situación de alerta roja. Ello permitió que, en Navidad, la hostelería estuviese operativa en las localidades más pobladas. Pero, con el repunte de enero, Bilbao primero, Vitoria después y finalmente Donostia han tenido que ir cerrando.