Se acabó. La cuarta magistrada en cuatro años en el sumario abierto por las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas de 2018 del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), Blanca Ester Díaz Pulido, ha decidido no prorrogar más la investigación, que lleva un año languideciendo en el juzgado de instrucción 2 de Vitoria. Técnicamente, el caso no está cerrado ya que está pendiente un auto motivado de la magistrada por el cual se conozca si archiva la causa definitivamente o si envía a juicio a todos o parte de la veintena de imputados, pero esta decisión impedirá solicitar nuevas declaraciones o documentos si no se ha hecho antes de este 29 de julio. La Fiscalía, por el contrario, había planteado mantener abierta esta causa.
El proceso investigador concluye, por ejemplo, sin que se hayan aportado al juzgado todos los exámenes de todas las especialidades bajo investigación. La anterior instructora, Cristina Rodríguez Ruiz, llegó a afirmar que aquello “no aportaba nada” al análisis de lo ocurrido a pesar de que los pocos ejemplares que sí se han revisado, media docena de Anestesia y los de Traumatología, presentaban indicios de irregularidades como redacciones idénticas en el caso de los opositores con mejores notas e incluso repetición de errores o palabras clave. Un análisis estadístico mostró que en numerosas pruebas las mejores calificaciones coincidían con colegas de hospital de los autores de las preguntas.
Según el auto de la instructora, ni la Fiscalía ni las otras acusaciones (LAB y ESK) “han argumentado de forma suficiente los motivos de la pertinencia y esencialidad” de las cuestiones que ven pendientes y afirma que ya constan en el sumario “múltiples diligencias” para poder extraer conclusiones. Añade Díaz Pulido que ella no puede hacerse responsable de temas que estaban pendientes de su predecesora y admite que ha conocido algunos detalles del caso ahora, “en el momento de resolver sobre la prórroga”. Sentencia que no es posible una ampliación de plazo “preventiva” y remarca que la Audiencia Provincial de Álava tiene pendiente pronunciarse sobre algunos puntos de este caso, lo que podría motivar todavía novedades en la investigación.
Los letrados de buena parte de los imputados (vocales de los tribunales y opositores, en su mayoría) se habían alineado para buscar el final de la investigación. No obstante, la resolución judicial remarca que la decisión “no es firme”, esto es, que queda sujeta a posibles recursos bien en reforma (ante ella misma) o bien en apelación (ante la Audiencia Provincial) con un plazo de tres y cinco días hábiles que es posible que se alargue hasta septiembre porque agosto suele ser inhábil a efectos de notificaciones en el poder judicial.
Los antecedentes
El plazo ordinario de este caso se acabó el 29 de julio de 2021, ahora hace doce meses. Entonces se acordó una primera prórroga de seis meses, aunque se comunicó muy fuera de plazo, ya en septiembre. La primera decisión fue no aceptar la imputación del exconsejero de Salud, Jon Darpón, o de la directora general de Osakidetza en aquel momento, María Jesús Múgica. En enero de 2022, sin apenas avances, se acordó una segunda prórroga, pero en los últimos seis meses no consta ni una sola diligencia nueva en este sumario. Las acusaciones, particularmente los sindicatos LAB y ESK, han intentado dinamizar el proceso, pero no han logrado ganar medio año más para rematar algunas líneas de investigación o, en el caso de LAB, seguir intentando una revisión de la actuación de los responsables políticos. ESK, en una primera valoración, confía en que siga habiendo “recorrido jurídico” a pesar de este portazo y confía en que al menos estos años hayan servido “para acabar de una vez” con un sistema “clientelar”.
En esta investigación, hasta el momento, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.
La OPE bajo sospecha se celebró en la primavera de 2018. Antes de los exámenes, la dirección de Osakidetza ya recibió las sospechas de un miembro del tribunal de Cardiología, el doctor Ángel Loma-Osorio. Él y su colega Izaskun Obieta, además, han sostenido que las filtraciones para beneficiar a candidatos eran “vox populi” en la Sanidad vasca. En paralelo, tres anestesistas, Marta Macho, Manoel Martínez y Roberto Sánchez, 'adivinaron' ante notario quiénes de su categoría iban a lograr plaza. En Angiología, otro vocal del tribunal, el doctor José María de Egaña, también alertó de irregularidades.
Darpón ordenó entonces la apertura de una investigación interna que concluyó que no había “elementos objetivos” para corroborar las denuncias aunque la estadística apuntaba en sentido contrario no solamente en Anestesia, Cardiología o Angiología, sino en hasta una veintena de exámenes. Así se lo hizo saber a la Fiscalía. La fiscal Carmen Adán, con todo, decidió enviar el asunto a un juzgado de Vitoria y allí se comprobó que Osakidetza no había enviado todo el material que recopiló en las pesquisas internas. Tenía grabaciones -luego difundidas por este periódico en el verano de 2019- en las que se hablaba de “tongo” o de que los exámenes de los mejores eran “fotocopias” entre sí y respecto a la plantilla de corrección. El consejero dejó su puesto aunque el lehendakari, Iñigo Urkullu, siempre ha defendido su gestión. También han ido cesando Múgica y otros cargos de su equipo.