La Justicia reabre la investigación contra el Servicio Vasco de Empleo por tratar de recuperar prestaciones sociales abonadas hace más de cuatro años
La titular del juzgado de instrucción número 3 de Bilbao, la magistrada Yolanda Paredes, ha decidido reabrir la investigación por un presunto delito de prevaricación en el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). El caso lo originó una querella del sindicato Argilan-ESK contra el exdirector de renta de garantía de ingresos (RGI), Jon Uriarte (PNV), que antes fue concejal en Vitoria y director de la Ertzaintza y que ahora ocupa otro alto cargo en el nuevo Gobierno de Iñigo Urkullu, el de Director de Administración de Justicia. Argilan-ESK acusa a Uriarte de haber activado en el verano de 2020 un procedimiento irregular para solicitar la devolución de ayudas sociales abonadas aparentemente de manera indebida en 2011, 2012 y 2013 cuando la normativa fija un plazo máximo de cuatro años para los reintegros.
El auto de reapertura de la causa es brevísimo -la parte dispositiva no tiene más de siete líneas- y fue dictado en el día de Año Nuevo. Este caso había sido archivado en noviembre pero la instructora ha dado la razón tanto a los denunciantes como a la Fiscalía, que recurrió también el cierre de la primera instrucción al entender que había indicios sólidos al menos para llevar a cabo una investigación. En un escrito firmado por el fiscal delegado para delitos económicos de Euskadi, José Manuel Ortiz, la Fiscalía entiende “los hechos denunciados son indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación” porque Lanbide “infringe un precepto, el que establece el plazo de cuatro años de prescripción, que no puede desconocer”. El ministerio fiscal, a diferencia del sindicato, no alude directamente a Uriarte de momento y apunta a una decisión de “un funcionario o funcionarios cuya identidad está por determinar”.
La magistrada requiere en primer término a Lanbide que aporte exclusivamente el expediente de Iñaki Carro, el abogado de Argilan-ESK y uno de los afectados directamente por las solicitudes de reembolso. No obstante, los denunciantes aseguran que esta situación afecta a más de 2.600 perceptores de la renta de garantía de ingresos (conocida por sus siglas RGI), que es el salario social de quienes no tienen recursos aunque sirve también para complementar pensiones o nóminas bajas. Carro hace un llamamiento expreso a que otras personas a las que Lanbide ha solicitado el pago de cantidades de hace siete o más años a que se sumen al procedimiento judicial.
La prevaricación consiste en un acto administrativo irregular realizado a sabiendas de que es contrario a derecho. Tanto la Fiscalía como Argilan-ESK remarcan precisamente en sus alegaciones que Lanbide era consciente de que a los cuatro años prescriben las posibles deudas. Este delito no comporta penas de prisión aunque sí puede suponer la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público.
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