Un juzgado neutraliza el intento de un colegio concertado de Álava de cobrar cuotas educativas a una familia

Un juzgado de Vitoria ha neutralizado el intento del colegio privado Waldorf Geroa, ubicado en el pequeño pueblo alavés de Trocóniz, a las afueras de Vitoria pero dentro del término municipal de Iruraiz-Gauna, de cobrar a una familia que tenía dos alumnos escolarizados allí 7.172 euros en cuotas educativas de los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020. Esta es una práctica expresamente prohibida para las escuelas concertadas con fondos públicos, que han de ofrecer servicios educativos gratuitos y regirse por las mismas normas que las públicas. Sin embargo, el caso ha quedado resuelto por cuestiones formales -“falta de legitimación activa” para presentar una demanda- y no ha entrado al fondo ni sentado precedente en una comunidad autónoma como Euskadi en la que el 50% del sistema es privado y en la que existen sucedáneos de cuotas en muchos centros.

La magistrada de Vitoria Susana Díez Martínez de Lahildalga, titular del juzgado de primera instancia número 6, emitió la sentencia desestimatoria de las pretensiones de este centro el 15 de diciembre. En ella se pone de manifiesto, básicamente, que existía una confusión porque las facturas las pretendía cobrar una asociación cultural llamada Nuevo Hilo de Oro sin que quedara claro cuál era su vinculación con el colegio, ya que aunque estaban residenciados en un mismo domicilio el NIF era diferente. “Todas aparecen emitidas por la asociación y no por la cooperativa” gestora de este centro, se lee en la resolución judicial. Asegura la juez también que en el caso se ha producido una inversión de la carga de la prueba: el abogado de la familia afectada, Luis Iribarren, fue el que aportó las pruebas y los demandantes los que se defendieron. La “legitimación activa” -explica la magistrada sobre este enredo de nombres- es “fundamental” para saber si alguien tiene derecho a reclamar unas cantidades y, sin eso, “ni siquiera se puede entrar al análisis del fondo del problema que pueda plantearse entre las partes”.

El caso se originó cuando abogados contratados por el colegio le reclamaron a una familia 7.172 euros correspondientes a las mensualidades de los dos niños durante los dos cursos. Eran 360 para el que iba a Secundaria y 180 euros para el de Primaria y eran adicionales a los pagos por materiales escolares u otros servicios, algo sí permitido. Las primeras cartas oficiales les llegaron en julio de 2020 y se cerraban con una advertencia: “Si en este tiempo no llegamos a un acuerdo, tendréis que ir buscando una plaza en otro centro para vuestro hijo cara al próximo cursos 2020/2021 pues no podrá seguir en Geroa Waldorf Eskola”. Se reclamó el dinero cuando uno de los progenitores dejó de ser profesor de este centro.

El colegio de Trocóniz saltó a primera línea en el primer trimestre del curso 2020/2021 por su comportamiento negacionista de la pandemia. No aplicó protocolos como el uso de mascarillas y la situación estalló por los aires cuando se confirmó un brote con 41 contagiados que obligó a clausurar el centro. El Departamento de Educación denunció los hechos a la Fiscalía, aunque las fuentes consultadas indican que el recorrido judicial de estos procesos ha resultado infructuoso.