La magistrada titular del juzgado de instrucción 3 de Vitoria, María Elena Rodríguez Molpereces, ha admitido a trámite la petición de la Ertzaintza para procesar por “simulación de delito” a la joven de 30 años B.L.V., que aseguró que un grupo de cuatro “menas” de origen “magrebí” la agredieron en la madrugada del sábado 23 al domingo 24 de octubre. Más tarde, quien fuera candidata de Vox en las elecciones forales de 2015 en puestos de relleno apareció en varios medios de comunicación como Toro TV con duras críticas sobre la inseguridad en España y pidiendo la expulsión de extranjeros. La investigación policial ha concluido que no hay prueba alguna de tales hechos y ha dado un giro de 180 grados a su actuación, de modo que ahora será ella la imputada y tendrá que comparecer en el juzgado.
El Código Penal tipifica en dos artículos las denuncias falsas. En el 456 plantea la imputación falaz de hechos a un tercero. En el 457 -como sería el caso- lo que se plantea es la simulación genérica de haber sido víctima de unos hechos, sin identificar a los autores concretos. “El que, ante alguno de los funcionarios señalados en el artículo anterior, simulare ser responsable o víctima de una infracción penal o denunciare una inexistente, provocando actuaciones procesales, será castigado con la multa de seis a doce meses”, plantea en este caso la normativa penal, que excluye expresamente la pena de prisión y rebaja los hechos a una sanción económica, algo que sí se contempla para los otros tipos de denuncias falsas. La víctima y su entorno guardan un completo silencio en las últimas horas.
Este periódico adelantó el martes que, en casi diez días de investigación, la Ertzaintza no había logrado localizar tras una minuciosa revisión de las cámaras de videovigilancia al grupo de cuatro personas señaladas por la denunciante en su relato inicial. La aparente agresión se dio en un barrio residencial de Vitoria conocido como El Batán, cerca de Mendizorroza. Se trata de una zona donde se concentran instituciones como la Delegación del Gobierno -con Guardia Civil 24 horas al día-, el palacio de Ajuria Enea -residencia del lehendakari-, la sede de la Presidencia vasca o las oficinas centrales del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), entre otros. Además, hay más cámaras de las que son visibles a simple vista. En las imágenes sí sale ella, pero sola. No es que no se vea la agresión, sino tampoco a nadie acercándose o alejándose de la zona. Además, la denunciante ha ido cambiando de versión en las sucesivas declaraciones que ha prestado, lo que ha implicado cambio de rutas, falta de detalles sobre los supuestos “magrebíes” y otras incoherencias.
Las fuentes policiales consultadas destacan que el suceso motivó dudas desde el inicio. Eso sí, por un principio de cautela se han revisado cámaras en varias zonas y se han practicado otras revisiones hasta dar el paso de acusar a alguien de mentir, algo que es una práctica infrecuente. No obstante, la presunción de veracidad inicial que se le dio a la mujer y el hecho de que acompañara su denuncia policial con una fotografía mostrando lesiones en la cara motivó la condena rotunda de la violencia por parte del alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), e incluso la organización de una concentración de repulsa con asistencia de vecinos y de autoridades como el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, y otros dirigentes políticos e institucionales.
elDiario.es/Euskadi
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