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Lanbide se apoyará en la Red Europea de Lucha contra la pobreza para facilitar el acceso a la RGI

Oficina de Lanbide

Belén Ferreras

Bilbao —

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El Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) se apoyará en la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) para facilitar el acceso a la renta de garantías de ingresos (RGI) y el ingreso mínimo vital (IMV) a las personas que cumplan los requisitos para ello y que muchas veces, estando en situación de vulnerabilidad, no son conscientes de que pueden acceder a estas ayudas o no son capaces de llevar adelante los trámites. Para ello, Lanbide ultima con esta red un convenio de colaboración para prevenir lo que se denomina el efecto 'non take up', la no percepción de la protección social, y también la asistencia en el cumplimiento de las obligaciones que se contraen al acceder a las ayudas. De momento el acuerdo está en una fase preliminar, ya que hace falta desarrollar una reglamentación, pero la idea es que los futuros receptores de estas ayudas acudan directamente a esta red y para tramitar las prestaciones o para recibir el apoyo para hacerlo.

La directora de Prestaciones e Inclusión de Lanbide, Sara Buesa, y el presidente de EAPN, Alfonso López, han mantenido este lunes un encuentro en el que han acordado dar “un paso más” en la previsión realizada por la Ley del Sistema vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión aprobada en diciembre de 2022, así como en el primer Plan de Asistencia, Inspección y Control de la RGI, que incluyen la participación activa del tercer sector en la aplicación de la ley y su papel en el ámbito asistencial.

El convenio permitirá en en futuro que los perceptores no tengan que acudir a Lanbide para aprovechar la cercanía de estas asociaciones con las personas en situación de vulnerabilidad. “Queremos establecer alianzas y mecanismos de colaboración, aprovechando su buen hacer y la plena disposición con la que este equipo ha contado, y también su cercanía con las personas a las que se dirige el sistema de garantía de ingresos. Nuestra obligación, porque así lo indica la ley, es garantizar la cobertura a todas las personas que lo necesitan, y hacerlo con el máximo rigor. Y para ambos objetivos queremos contar como colaboradoras con las entidades socias de EAPN”, ha explicado Buesa.

Según ha señalado el Departamento de Trabajo y Empleo, tras unos meses en vigor de la ley, “se ha conseguido la agilización de los trámites que han permitido que se hayan incorporado personas en situación de vulnerabilidad que antes no lo hacían” por lo que a partir de ahora, coincidiendo con la aplicación desde este mes del nuevo reglamento, el servicio público “quiere profundizar en la colaboración con las entidades que han participado en el diseño de este nuevo modelo de protección”.

No obstante, destacan que la colaboración con las entidades del tercer sector “ha sido constante no sólo en la elaboración de la Ley, sino en sus primeros meses de aplicación y, muy específicamente, en el proceso e implantación del nuevo reglamento, que introduce cambios en la actualización de las cuantías y en los plazos de pago”. Además de las comunicaciones personales realizadas en noviembre y que vuelven a realizarse este mes, Lanbide ha contado con la extensa red de entidades y servicios sociales para aclarar todas las dudas.

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