O se marcha 'motu proprio' o será invitada a hacerlo. La situación con la principal adjudicataria del servicio de ambulancias de Osakidetza, la cooperativa catalana Grup La Pau, que opera en Álava y en Bizkaia a cambio de unos 50 millones anuales, se ha tornado ya insostenible y este martes por la mañana se celebrará una reunión decisiva entre los responsables de la Sanidad vasca y los de la compañía para buscar una salida “ordenada” y que evite el 'shock' que supuso la espantada de Larrialdiak-SSG en la Nochevieja de 2019 a 2020. Los últimos datos hechos públicos acrecientan la dimensión de la crisis: la Inspección de Trabajo ha incoado ya 55 actas de infracción por irregularidades -el último conocido era que las sanciones eran dos docenas-, se ha constatado ya que la empresa utilizaba los vehículos adscritos a Osakidetza para otros contratos con clínicas privadas y la empresa sigue en una delicadísima situación económica y acumula deudas con la plantilla en puertas de que entre en vigor un nuevo convenio con mejoras salariales y derechos retroactivos que habrá que afrontar.
Grup La Pau desembarcó en 2020 en Euskadi y poco a poco acabó acaparando todos los servicios programados (ambulancias azules y blancas) y urgentes (amarillas) tanto en Álava como en Bizkaia. Una de las primeras adjudicaciones la firmó Ibon Etxebarria, alto cargo que ahora es el gerente de la cooperativa en Euskadi. Entre medias tuvo que salir del Gobierno por saltarse las restricciones contra la COVID-19 para ir a jugar al golf. Su fichaje llegó después de que pasaran los dos años de barbecho que exige la ley para evitar puertas giratorias, pero ha causado el mismo malestar en la plantilla. Actualmente, la empresa con sede central en Badalona tiene unos 1.700 empleados y 500 ambulancias. Ambulancias Gipuzkoa, otra cooperativa, se encarga del servicio en Gipuzkoa, con muchas menos incidencias. Las UVI móviles son un servicio no externalizado y gestionado directamente por Osakidetza.
El origen de la actual crisis se remonta a hace medio año, a abril de 2024. Cuando quedaban dos días para la celebración de las elecciones autonómicas, el equipo de Salud del Gobierno de Iñigo Urkullu anunció a bombo y platillo que se había alcanzado un acuerdo con los sindicatos para poner fin a meses de huelga en las ambulancias externalizadas. Se prometían subidas salariales de hasta un 30%. Era el final de meses de conflicto enconado. La compañía Grup La Pau cuantificó en más de dos centenares las unidades saboteadas y señaló directamente a las centrales, hasta el punto de presentar denuncias penales contra algunos delegados.
Días después, sin embargo, la sección sindical de UGT en Grup La Pau presentó un recurso para paralizar la renovación del contrato del servicio no urgente o programado, valorado en 135 millones de euros, un 24% más que el coste anterior para dar cobertura pública a las prometidas subidas de sueldos. Lo formalizó el 1 de mayo, el día de los trabajadores. El servicio urgente ya había sido actualizado en 2023 por 147 millones, también con mejoras. Alegaba UGT que una compañía con sanciones “muy graves” de la Inspección de Trabajo por acumular retrasos en las nóminas no podía acceder por ley a adjudicaciones públicas. Logró que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) paralizara cautelarmente la renovación del contrato. UGT denunció “presiones” de “gran intensidad” para que retirara el recurso. La Pau le señalaba abiertamente por poner en riesgo su posición económica y los anteriores responsables de Salud deslizaban que el resto de sindicatos no estaban de acuerdo con el movimiento porque estaba retrasando las mejoras laborales, algo que no era real. Ambas partes repetían que los retrasos salariales eran puntuales mientras el área de Trabajo del Gobierno vasco insistía en seguir sancionando una y otra vez a Grup La Pau hasta el punto de que lo que eran 23 actas antes del verano ahora ya son 55, según datos oficiales.
Finalmente, en junio el OARC ordenó a Salud que revisara la adjudicación a la luz de los hechos expuestos por UGT. Sin embargo, desde la Administración no solamente se concluyó que la infracción no era “firme” y que no era posible retirarle el contrato sino que se puso negro sobre blanco que Grup La Pau, a ojos de la Administración, era una empresa totalmente solvente. La ratificación de la adjudicación se hizo a finales de julio. Para entonces, ya era conocido que días antes no se había abonado la paga extraordinaria de verano. En concreto, como admitió después la empresa, debe el 75% al 70% del personal, los que no tienen los sueldos prorrateados. También para entonces eran públicos documentos internos de la compañía badalonesa con alusiones a pérdidas millonarias y a situaciones próximas a la quiebra. La Pau llegó a proponer con una mano una rebaja unilateral de salarios mientras con la otra firmaba con los sindicatos el nuevo convenio. Se puede leer aquí una entrevista con Jordi Alonso, uno de los directivos de referencia de la compañía.
A finales de junio accedió al Gobierno el nuevo equipo de Imanol Pradales. El titular de Salud ha pasado a ser Alberto Martínez, que ha renovado a prácticamente todo el 'staff' anterior de Gotzone Sagardui, incluidos los responsables de Contratación. En un reciente encuentro con medios de comunicación, Martínez verbalizó el cambio de paso respecto a las ambulancias en la nueva etapa. Si en agosto se reunió con los sindicatos para escuchar sus reclamaciones, en octubre confirmó que el Ejecutivo ya no estaba “cómodo” con Grup La Pau. No solamente eran ya las cuestiones relativas a las nóminas y las condiciones laborales: constaba ya también que el propio servicio de ambulancias no estaba siendo de calidad. Salud ha interpuesto “varias” sanciones a la adjudicataria por no cumplir el pliego de condiciones. Hay decenas de miles de ambulancias retrasadas; algunas durante tres, cinco o diez horas y no únicamente cuando ha habido huelgas. Hay unidades fuera de servicio. Pero a la vez hay vehículos pagados por Osakidetza haciendo rutas para otros contratos privados de La Pau. Las multas superan el millón de euros y solamente el uso indebido de furgonetas para otros fines alcanza los 840.000 euros de penalidad. Sin embargo, al mismo tiempo aún se mantiene en algunos documentos oficiales la culpabilización a la plantilla y a los sindicatos de los problemas del servicio.
En este contexto, en septiembre este periódico constató de fuentes del sector que Grup La Pau quería renunciar a sus contratos en Euskadi. La empresa lo negó rápidamente y también Salud dijo no tener constancia de ello. Este lunes, en cambio, la viceconsejera de Administración y Financiación, Lorea Bilbao, ha confirmado que no tienen una petición escrita pero que conocen este deseo. Lo cierto es que la Administración tampoco quiere que La Pau continúe. Más bien duda de que la empresa que en julio parecía perfectamente solvente y fiable a sus ojos sea capaz ya de cumplir las condiciones de un servicio esencial como es el de las ambulancias. En el horizonte está la fecha del 30 de noviembre. Ese día entrarían en vigor las mejoras del convenio colectivo y una nueva empresas (o varias) deberían haber sustituido ya a Grup La Pau. Existe un 'plan B' para hacer una licitación de urgencia para que el servicio no se deje de cubrir en ningún momento, dada su especial importancia.
En el particular calendario de la contrata está antes el 15 de noviembre. Es la fecha tope que ha dado a la empresa la Inspección de Trabajo para pagar la deuda de la paga extraordinaria de verano. Qué hace con esas cantidades pendientes es otro de los puntos clave de la futura negociación con nuevas adjudicatarias. ¿Accederían a asumir un pago pendiente de Grup La Pau? Fuentes del sector recalcaron en septiembre que La Pau quería hacer una salida “ordenada”. Para ello, habría que resolver muchos más flecos.
La plantilla se subroga de una contrata a la siguiente, pero no ocurre lo mismo con los vehículos. Al tiempo, La Pau podría verse con un excedente de ambulancias dado el volumen del resto de sus servicios en Catalunya. También hay que habilitar bases para la flota y para el personal. A corto plazo, el nuevo equipo de Salud ha manifestado su voluntad de crear una “comisión de seguimiento” que controle de modo más directo la ejecución de la contrata. A más largo plazo Euskadi se ha abierto a seguir el camino de otras comunidades autónomas e iniciar un proceso de publificación o de gestión directa, como ocurre con las UVI móviles. PNV y PSE-EE lo han apoyado en Navarra, por ejemplo, pero en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa insisten en que no libera al servicio de la conflictividad laboral que ha vivido bajo el modo de externalización.
¿Y qué pasaría con las multas pendientes en caso de rescisión del contrato? De las 55 infracciones de la Inspección de Trabajo se calcula que solamente una es firme y que la empresa ha abonado ya los 18.000 euros correspondientes. Para el resto de eventualidades Salud dispone de un colchón en forma de más de 6 millones de euros -casi siete, según algunas fuentes conocedoras de la cifra- que en su momento la compañía dejó como aval. Ello permitiría, por ejemplo, cobrar los 840.000 euros por el uso indebido de las ambulancias para otros fines.
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