El lehendari Iñigo Urkullu ha defendido este martes los impuestos a las empresas energéticas aprobados por el Gobierno central, porque en estos momentos hay que poner el “énfasis en tener servicios públicos de calidad”. Urkullu, que ha presidido el primer Consejo de Gobierno vasco tras el verano celebrado como es tradición en el Palacio Miramar de Donostia, se ha referido así a las manifestaciones del CEO de Repsol, Josu Jon Imaz, en contra de estas tasas que gravan los beneficios extraordinarios de eléctricas y energéticas. Preguntado por esta cuestión en su comparecencia tras el consejo, el lehendakari no ha querido polemizar con Imaz, que fue consejero de Industria del Gobierno vasco y presidente del PNV antes de pasar al sector privado. Sin embargo, no ha tenido dudas al afirmar que en estos momentos “la reflexión que hay que hacer es que hay que mantener unos servicios públicos de calidad”. “Esa debe ser la prioridad” ha dicho. Y para ello ha señalado que hay que contar con “cargas fiscales”. En este sentido, ha insistido en que la reflexión debe ser “mantener la calidad de vida y de los servicios sociales junto con el crecimiento económico”.
Respecto a las críticas de Josu Jon Imaz a estos impuestos, que el CEO de Repsol trasladó en un artículo en prensa este pasado fin de semana, el lehendakari las ha enmarcado en su cargo al frente de la empresa energética: “Entiendo que quienes representan a las empresas tengan que defender los intereses de sus compañías, eso es obvio. Ningún representante de una empresa, ni grande ni pequeñas, va a escribir va a escribir a favor de que le suban los impuestos, así como así”, ha señalado. No onstante, ha señalado que “un sistema que genere estabilidad y confianza” solo se puede conseguir “con visión de largo plazo y desde el diálogo con las empresas afectadas”.
La reflexión del lehendakari adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que el Gobierno vasco colabora en varios proyectos con Repsol o su filal Petronor, con sede en el País Vasco, y que otra de las grandes afectadas por este impueto, Iberdrola, también tiene su sede social en Bilbao. Precisamente por eso, el PNV ya ha anunciado que intentará que el Gobierno central modifique el formato que ha dado a la tasa, una prestación patrimonial pública no tributaria, que no está recogida en el Concierto Económico vasco para poder concertarse y recaudarse aquí.
La “tormenta” que se avecina y oportunidades en la crisis
El Gobierno vasco ha inaugurado con este primer Consejo de Gobierno el nuevo curso político, justo cuando se ha llegado al ecuador de la legislatura.
Sin “querer caer en mensajes catastrofistas”, ha dicho, el lehendakari ha vuelto a transmitir que viene un “otoño e invierno muy complicados”. Otra “tormenta que se avecina” que Euskadi “debe supererar”, ha dicho. “Esa es la realidad”. Urkullu ha señalado que si la primera parte de la legislatura estuvo marcada por la crisis de la COVID-19, la egunda parte lo estará irremediablemente por la guerra de Ucrania. Sin embargo, ha confiado en que Euskadi tiene “base sólidas” de crecimiento, por lo que pueden buscarse oportunidades en la crisis. Por ejemplo, ha citado la crisis energética como una oportunidad para acelerar los procesos para la transición energética hacia energías limpias.
También ha esperado que la situación de crisis sea una oportunidad para tejer grandes acuerdos de cara a los presupuetos de 2023 para reforzar los servicios sociales, el empleo y la investigación.
El lehendakari ha insistido en que “tenemos que volver a superar una tormenta. Disponemos de bases sólidas. Hemos hecho los deberes y hemos respondido desde la acción”. Y ha citado los 200 millones extraordinarios para materializar un Fondo de rescate social, un Fondo complementario de rescate económico y Medidas de liquidez para las pequeñas empresas aprobado en abril, y medidas de alivio fiscal valoradas en 250 millones de euros que acordaron en julio Gobierno y diputaciones como medidas a destacar que se han aprobado por parte de su Gobierno para afrontar las dificutades.
También se ha referido al Plan de contingencia energética que ha recabado las aportaciones solicitadas a los diferentes agentes implicados, y que “atiende las directrices europeas y estatales, contemplando medidas de inversión, fiscalidad, nueva normativa, ayudas directas y cambio de hábitos” e incluye como prioridades, la eficiencia energética, energías renovables y movilidad sostenible, “desarrolla el modelo vasco de Desarrollo Humano Sostenible y se alinea con el compromiso de cumplimiento de los Objetivos de la Agenda 2030”.
“Preocupación” por el autogobierno
Urkullu también ha esperado que este nuevo curso que comienza sirva de impulso para “más y mejor autogobierno”. Sin embargo, se ha mostrado “preocupado”, por los procesos abiertos en los tribunales en relación con el autogobierno vasco y también co la falta de avances en lo que se refiere a las transferencias.
Según ha señalado, hay procesos abiertos y pendientes de resolución ante el Tribunal Constitucional. Se trata de recursos interpuestos por el Estado o por partidos políticos en el Congreso o en el Senado, “incluyendo también cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por los propios tribunales de justicia ordinarios”. “En este momento tenemos ocho procesos abiertos y cuatro cuestiones competenciales en negociación en la Comisión Bilateral de Cooperación”, ha advertido.
Urkullu ha criticado que, sobre el “cumplimiento íntegro” del Estatuto, “no hay avances significativos” y se mantienen “sobre la mesa” seis materias correspondientes al cronograma remitido por el Estado en octubre de 2020. “Ferrocarril de cercanías; Meteorología; Fondo de protección de la cinematografía; Gestión del litoral; Migración; y Salvamento marítimo”, ha citado.
Según ha precisado, “solo en la primera materia se ha abierto una interlocución bidireccional para poder avanzar en un acuerdo” y en las otras cinco, pese a remitirse “propuestas de acuerdo”, el Estado “no ha convocado ningún grupo de trabajo bilateral”. “Además, en algunos casos, el Estado ha trasladado la intención de realizar un 'análisis previo de viabilidad y adecuación al marco jurídico vigente'”. “Esta actitud parece poner en duda la adecuación constitucional del Estatuto de Gernika, cuando cada propuesta realizada tiene su fundamento en una competencia que Euskadi tiene en función del Estatuto”. “Estamos requiriendo que se produzcan las reuniones bilaterales de los equipos negociadores para avanzar en todas las transferencias pendientes asumidas por el Gobierno Español en enero de 2020”, ha dicho.
Sin protocolo COVID-19 en los colegios
Por otra parte, el lehendakari Urkullu ha anunciado que el Departamento de Educación del Gobierno vasco ha remitido este martes a los centros escolares una comunicación en la que les informa de que ha dejado “sin efecto” el protocolo de medidas frente a la COVID-19, tras un análisis compartido con el Departamento de Salud. No obstante, el lehendakari ha hecho un llamamiento a la comunidad educativa a mantener algunas medidas preventivas como el uso de mascarilla en el transporte escolar. El lehendakari ha explicado que la evolución de la pandemia “así lo propone”, al igual que “la capacidad de inmunidad por parte de la población, tanto estudiantil como del profesorado y personal que trabaja en los centros educativos”.