Así manipulaba contratos el cártel de las consultoras en Euskadi: “Necesito una oferta de cobertura para Lehendakaritza. ¿Puedes ayudarme?”

“Necesito una oferta de cobertura para Lehendakaritza. Es para el proyecto siguiente: [Asistencia técnica para la identificación y definición de recomendaciones de mejora de la gestión del entramado institucional vasco]. Te llegaría en breve una invitación. ¿Puedes ayudarme?”. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha destapado esta semana una trama de manipulación de contratos de consultoría en toda España en la que se ha acreditado que las empresas que participaban en las licitaciones actuaban de manera concertada para repartírselas. La investigación se originó en Euskadi y el resultado arroja que 91 de los alrededor de 200 contratos del cártel a nivel general se corresponden con instituciones vascas, tales como el Gobierno vasco y sus organismos, las tres diputaciones y los cuatro principales ayuntamientos (Bilbao, Vitoria, Donostia y Barakaldo). Están gestionadas en su mayoría por PNV o PSE-EE aunque hay dos casos de una sociedad pública de Donostia cuando el alcalde era de EH Bildu, Juan Karlos Izagirre. Y en la lista está incluida una adjudicación de la Presidencia vasca al que corresponde ese mensaje de 2011, cuando el lehendakari era el socialista Patxi López. En aquella etapa las duplicidades en la Administración vasca estuvieron el centro del debato político. Deloitte se llevó el contrato, gestionado por el secretario general de la Presidencia, Manuel Salinero, con una rebaja de cero euros sobre el precio inicial ya que las otras dos empresas que 'aspiraban' a llevárselo finalmente no presentaron presupuesto como tenían apalabrado.

En aquel Gobierno del PSE-EE hay más contratos incluidos en el dictamen de la CNMC, de más de 300 páginas. Afectan a otros cuatro consejeros. Cinco de ellos corresponden a quien era titular de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola, en la actualidad consejero de una cartera muy similar (Planificación Territorial, Vivienda y Transportes) en el gabinete de coalición con el PNV de Iñigo Urkullu. “La invitación os llegará desde el Gobierno vasco-Dpto de Vivienda. Se trata de un contrato negociado sin publicidad y cuyo objeto es la organización de una jornada sobre financiación de las políticas de vivienda [...]. Necesito por favor que me des cobertura con este tema. En este caso con enviar una carta de renuncia es más que suficiente”, se puede leer en los mensajes que se cruzaron las empresas que aspiraban a un contrato del área de Arriola. Si el precio base del concurso fue de 52.800 euros, el ahorro que ofreció la empresa ganadora, de nuevo Deloitte, fue de apenas 200. Hay otras tres licitaciones manipuladas en el área de Empleo y Asuntos Sociales de la consejera Gemma Zabaleta, y un expediente tanto en el área de Sanidad de Rafael Bengoa como el de Medio Ambiente de Pilar Unzalu, recientemente fallecida.

A finales de 2012 y principios de 2013 se produjo el relevo en Ajuria Enea y llegó Iñigo Urkullu. Hasta 2016 gobernó en solitario el PNV y desde entonces en coalición con el PSE-EE. No hay en esta etapa adjudicaciones en Presidencia pero sí en seis áreas diferentes . La CNMC ha hallado irregularidades en seis contratos de Empleo y Políticas Sociales, a cuyo frente estuvo el actual alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, en dos de Salud, con Jon Darpón (dimitido en 2019 por las oposiciones médicas de Osakidetza), y en uno de Medio Ambiente (Ana Oregi, ahora en el Ayuntamiento de Vitoria), Desarrollo Económico (Arantxa Tapia, en el cargo), Educación (Cristina Uriarte, asesora de Urkullu) y Gobernanza Pública (Josu Erkoreka, al frente de Seguridad). Asimismo, aparecen mencionadas licitaciones en otros organismos autonómicos como Bioef, la SPRI o Innobasque.

La investigación de la CNMC se ha saldado con 6,3 millones de euros en sanciones a las empresas implicadas. Son un total de 22 las mercantiles mencionadas, muchas de ellas con sede social en Euskadi y sostiene Competencia que el fin del cártel era “manipular el mayor número de licitaciones de forma sostenida en el tiempo”. Se han descubierto casos durante 10 años. Deloitte es la compañía que ha recibido la multa de mayor cuantía, 3,99 millones de euros. Las otras empresas vascas condenadas son BMASI Strategy, Competitividad Desarrollo e Innovación, Factor Ideas Integral Services, Gestiona XXI Consulting, IDOM, Innovisions 21, Uliker (PKF Attest) o 97 S&F. Han sido sancionadas igualmente otras grandes como Price Waterhouse Coopers (PWC) o Everis.

El 'modus operandi' se aplicaba básicamente en los contratos llamados “negociados”, a medio camino entre la adjudicación directa o 'a dedo' y los concursos. En ellos la Administración invita a tres empresas en busca del mejor presupuesto. Sin embargo, la adjudicación estaba teledirigida para que una fuese la ganadora y lo que se hacía era que las otras dos ofertas fuera “de cobertura”, esto es, presentadas mal a propósito o directamente no presentadas. “Nos damos cobertura mutua de cara a la presentación de concursos públicos”, se puede leer en uno de los cientos de mensajes incorporados al dictamen. Es habitual que la empresa previamente elegida sea la que seleccione libremente a sus 'rivales' o incluso la que elabore por ella las 'ofertas'. “Como siempre, pondrían el nombre de su empresa ya que nosotros elaboraríamos su 'propuesta'”, confirma otro correo relacionado con un contrato en la Diputación de Bizkaia.

Otro 'mail' -en este caso sobre una licitación en el Ayuntamiento de Bilbao- hace de resumen de la trama: “Necesitamos hacer tres propuestas diferentes para que nos lo adjudiquen. Me explico. Una ppta. sería la de S&F (ésta la tenemos que hacer bonita y bien... no hace falta que sea muy larga...) y otras dos de cobertura... utilizaremos a Deloitte y a otra empresa (que la tengo que pensar...). Por lo tanto, lo primero va a ser que pongas en formato propuesta el documento que elaboraste con el detalle de las horas (te lo adjunto) y luego te tienes que imaginar otras dos propuestas 'perdedoras'... Creo que me explico... Si no, me llamas, ¿vale?”. El autor es Leandro Ardanza, de 97S&F y a quien “bastaba un simple correo electrónico para solicitar o aceptar el encargo”. Otro de los implicados es Sabin Azua, hermano de quien fuera vicelehendakari Jon Azua y administrador de BMASI. La socia de Deloitte Ana Andueza es otra de las personas “más activas”. Según la CNMC, había dos tramas, una que operaba en la zona norte de España con epicentro en Euskadi y otra de ámbito nacional.

Y hay más conversaciones: “¿Cómo va todo? Espero que bien... Otra vez necesito, por favor, que me des cobertura en un concurso por invitación a 3 empresas que va a sacar en estos próximos días la DFB - Departamento de Cultura, relacionado con la elaboración de un plan de viabilidad del proyecto Guggenheim Urdaibai, por un importe de 60.000€. ¿Puedo contar contigo?” “Uf! En este tema no sé si voy a poder ayudarte y no es que no quiera, pero hace un año nos presentamos a un proyecto de viabilidad e impacto económico que sacó el Museo para Urdaibai y no nos lo dieron, les hemos presentado varias cosas y espero tener alguna opción en el futuro: Creo que en este... momento... sonaría muy raro presentarnos a esto. Es la primera vez que te pongo una pega y no sabes lo que lo siento. Espero que lo entiendas y que no sea problema para futuros negociados”.

Las sanciones, sin embargo, señalan a la concertación de las empresas pero no a la Administración. Lo aclara Competencia: “No se están analizando en este expediente (por considerar el Consejo que habrían estado prescritas cuando tuvo conocimiento de ellas) las posibles responsabilidades que pudiera tener alguna de las administraciones mencionadas en este expediente en infracciones puntuales de la competencia en que podrían haber jugado un papel de facilitador de la conducta”. Se mencionan algunos casos flagrantes de connivencia de los organismos adjudicadores. En el Puerto de Bilbao, una infraestructura del Estado pero cuya gerencia es propuesta por la Administración autonómica, hay cuatro expedientes investigados. En uno de 2016, es un directivo del puerto, Luis Gabiola, quien informa a Deloitte que va a ir “organizando” el contrato para un estudio de impacto ambiental. Ana Andueza, de Deloitte, avisa al Puerto de que “deberían” sacar una licitación de 60.000 euros para que puedan llevarse la cantidad “acordada”, que era 59.000. El responsable del Puerto indica que “para hacer negociado sin publicidad son hasta 49.999 euros”. Por ello, Gabiola le promete para el mes siguiente “otro parecido por otros 10.000 euros” para cuadrar la promesa.

En 2016, el presidente de la autoridad portuaria era Asier Atutxa, del PNV. En 2018 abandonó el cargo y fichó por PWC. Ahora es el responsable de la zona norte y de las áreas de “Transporte, Turismo, Logística y Gobierno” en España. Su sustituto fue Ricardo Barkala, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Bilbao, antes viceconsejero de Aburto en el Ejecutivo vasco y antes concejal. Precisamente el Ayuntamiento de la capital vizcaína es uno de los mayores focos de adjudicaciones irregulares. Hay 26 expedientes tanto del Consistorio como de sociedades vinculadas como Cimubisa (BilbaoTIK) o, sobre todo, Bilbao Ekintza, que es “una entidad municipal que promueve la generación de riqueza económica y social para Bilbao, potenciando la ciudad como destino atractivo a la inversión, a la creación y crecimiento de empresas, mejorando las oportunidades de acceso al empleo”, según su web oficial.

En 2016, esa sociedad pública hizo un 'Análisis de usos e impacto de la plaza de toros de Vista Alegre'. Se lo llevó Deloitte por 58.000 euros. “Necesitaría una cobertura para un trabajo que estamos preparando sobre la Plaza de Toros de Bilbao, es con Barkala pero lo va a contratar Xabier Otxandiano. ¿podrías darnos cobertura? Mil gracias”, le escribía Andueza a Azua buscando teledirigir la licitación. EH Bildu ha pedido este jueves la comparecencia del concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo, Otxandiano, para que explique la relación del Ayuntamiento de Bilbao con las empresas, informa Europa Press. “Pedimos una explicación que nos aclare cómo han podido llevarse a cabo estos repartos de contratos entre unos pocos y exigimos responsabilidades”, ha denunciado por su parte el PP bilbaíno. EH Bildu también ha presentado iniciativas a nivel foral -en los mensajes aparece el nombre de Igor Camaño, jefe de gabinete del diputado general de Bizkaia- y autonómico.

Otros ayuntamientos en los que ha habido licitaciones denunciadas por Competencia son los de Sestao (PNV), Barakaldo (en la etapa del PSE-EE), Abanto-Zierbena (PNV, dos adjudicaciones) y Vitoria (en la etapa reciente del PNV, para el programa Smart Cities de 2016). En Donostia hay dos casos en Fomento de San Sebastián. Son de 2011 y 2012, durante la etapa de EH Bildu aunque el gerente lleva siendo el mismo desde 2005. Hay diez expedientes en la Diputación de Bizkaia -y cuatro en sus sociedades públicas-, cuatro en Gipuzkoa -y dos en Bidegi- y uno en Álava. La red se benefició también de contratos del Basque Culinary Center, de Tabakalera, del clúster Eiken o de la Cámara de Comercio de Bizkaia.

El caso del cártel de las consultoras ha sido completado por la CNMC, pero se inició por la Autoridad Vasca de la Competencia bajo la presidencia de Pilar Canedo. En esa etapa también se destapó otro cártel, el de los comedores escolares. Fueron condenadas varias empresas de restauración por repartirse durante años los diferentes lotes de la mayor contrata de Educación. Se estimó el fraude en 80 millones de euros. Este periódico, además, reveló que un grupo de empresas de un cargo del PNV, Aitor Elorza, accedió a nueve contratos teledirigidos de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco. En esas licitaciones 'competían' entre sí diferentes marcas de la misma empresa o terceras mercantiles que, por sistema, presentaban ofertas erróneas. El grupo Montai, dedicado a la organización de eventos, también ha copado adjudicaciones en otras áreas de la Administración, como el Instituto de la Memoria (Gogora), Hazi o Tknika. Los contratos a tres manipulados han aparecido también en tramas como el 'caso De Miguel', aunque en aquella ocasión se probó que detrás había una red de cobro de comisiones ilegales.