El área de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha comunicado este miércoles en el Parlamento que ha solicitado a sus homólogos del Gobierno vasco que abran un “expediente sancionador” a Ekondakin, que es la empresa gestora de las instalaciones públicas del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) en Zubieta, conocidas como CMG-I y que incluyen una incineradora. El motivo es que desde allí partieron del orden de 5.500 toneladas de lixiviados líquidos a la planta de Ecofert Sansoain en la localidad navarra de Artajona. Ecofert Sansoain no tenía autorización para recibir ese tipo de sustancias, según insiste Medio Ambiente de Navarra, que ya ha ejecutado la clausura de esas instalaciones, a las que también llegaron otras 13.799 toneladas de una empresa domiciliada en Vitoria pero con su actividad residenciada en Tudela, Oleofat.
El presidente de GHK es el diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, número dos de la Diputación y secretario general del PSE-EE provincial. Siempre ha negado que se hayan producido irregularidades en la gestión de los lixiviados pero, en paralelo, está abierta en un juzgado de Donostia una investigación penal en la que se analiza no solamente el envío a Artajona sino también si Ekondakin caracterizó como lodos los residuos líquidos para camuflar su envío a Ecofert Sansoain. Asensio fue denunciado por la Fiscalía y su declaración como imputado está pendiente de que la Guardia Civil, que es la Policía judicial, complete un informe pericial. Siguieron enviándose lixiviados desde Zubieta a Artajona incluso después de conocida la denuncia de la Fiscalía, aunque ya se puso fin a esta actividad en diciembre de 2023.
Navarra parece dar por hecho que lo sucedido merece una multa económica pero ha explicado que una comunidad autónoma no puede actuar contra empresas residenciadas en otra. El Ejecutivo foral ha indicado que el procedimiento requiere una notificación formal a la autoridad competente, en este caso el Gobierno vasco. Ha habido precedentes, según se ha indicado. No obstante, la comunidad autónoma vasca vive estos días un cambio de Gobierno y se desconoce quién asumirá la cartera de Medio Ambiente. En los últimos cuatro años ha estado adscrita a la cartera de Desarrollo Económico de Arantxa Tapia.
En la última ocasión en que Tapia se refirió a esta cuestión indicó que los lixiviados remitidos no tenían la consideración de residuos “peligrosos”. También negó su toxicidad. Según indicó en el Parlamento Vasco, las salidas tienen un origen “incidental” aunque se repitieran en el tiempo. En concreto, se apuntó a una fuga de lixiviados procedente de “elementos constructivos”. Se añadía que Ekondakin presentó un “plan de acción para la detección y reparación de las fugas” y es entonces cuando se inició la “gestión externa” de esos residuos, es decir, los envíos a Artajona.
El consejero navarro de Medio Ambiente, José María Aierdi, consciente de la controversia política que ha generado esta situación en los últimos meses, ha querido puntualizar en una comparecencia ante la Cámara foral que la propuesta de sanción es “a una empresa privada” y no a una “autoridad política o administrativa”, aunque en el proceso penal están siendo investigados tanto Ekondakin como GHK. Aierdi es de la coalición Geroa Bai, de la que forma parte el PNV, y hasta ahora ha contado con el respaldo de la formación mayoritaria del Ejecutivo foral, los socialistas. En Gipuzkoa también dirige la Diputación una coalición de PNV y socialistas.
En la comparecencia, solicitada por el parlamentario Miguel Bujanda de UPN, el consejero ha insistido en que Medio Ambiente de Navarra está actuando con diligencia en esta crisis y adoptando todas las medidas, aunque ha reconocido cierta lentitud en la tramitación de las sanciones por las garantías propias de la burocracia. “Es de lamentar que los procedimientos sancionadores son necesariamente largos”, ha manifestado.
Para defender su gestión, ha insistido en que ya se ha acometido el cierre total de Ecofert Sansoain, que arrastraba un largo historial de infracciones e inspecciones por recepcionar residuos no autorizados y por haber generado “ecotoxicidad” en niveles altísimos en la balsa de lixiviados de su planta de Artajona. Además, hacía un trasiego de esas sustancias a una empresa gemela en la misma localidad, La Coya. Aierdi ha comparecido acompañado de la directora general de su departamento, Ana Bretaña, que ha sido propuesta para declarar como testigo en el proceso judicial de Donostia para que ratifique la denuncia de irregularidades formulada por el Gobierno navarro.
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